Código 33 “Más allá de una elección”
La entrega de la constancia de mayoría que acredita como presidente electo a Peña Nieto por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no ha garantizado de modo alguno el total reconocimiento popular, más aun, la diversidad de acciones que muestran el descontento a esta resolución por parte de varias organizaciones apenas empiezan, prueba que será un periodo nada terso, y si lleno de espinas. Una larga ruta entre la legalidad y las acciones de rechazo.
La propuesta de juicio político contra los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), por parte del Movimiento Ciudadano, la denuncia penal de Ricardo Monreal, ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por “falsifi cación de documentos, encubrimiento y presunto lavado de dinero”, son el principio de las estrategias que seguramente mantendrán de manera permanente, y que tarde que temprano aseguran frutos como la pronunciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que después de tres años emitió una recomendación al secretario de Gobernación que confi rmó que el gobierno de Felipe Calderón censuró y castigó a la revista Proceso por su línea editorial al excluirla de manera arbitraria de la publicidad ofi cial, con el propósito de causarle daño económico, ese, es el camino, nada será fácil ni de corto plazo, la desaparición de Aleph Jiménez uno de los voceros en Ensenada, Baja California del movimiento #YoSoy132, es una nueva muestra que las tentaciones del sistema van más allá de las palabras, por lo que solo con una agenda, organización, objetivos, protocolos de comunicación y de seguridad caminarán más allá de una elección.
La búsqueda de legalidad del Outsourcing (pago de nóminas a través de las fi guras de sociedades cooperativas para evadir el Impuesto Sobre la Renta, Seguro Social e Infonavit, que prevalecen por lagunas de la Ley Fiscal), a través de la Reforma Laboral, es una de las incongruencias más grandes del sistema, después de que hoy mismo la Policía Internacional (Interpol), busca en 150 países a Sergio Castro, “genio” y promotor de este esquema, y que según acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el fi scalista oaxaqueño es acusado de colusión fi scal por más de 5 mil millones de pesos; lavado de dinero por más de 100 mil millones de pesos (entre ellos, 30 mil millones de pesos desviados por los ex gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz; y Puebla, Mario Marín), prácticas fraudulentas que dejan fuera el daño más grave, a los trabajadores, quienes son contratados dentro de este “formato” prácticamente en la indefensión de la seguridad social, laboral y jurídica, el absurdo. Al margen de la desorbitante diferencia del costo en la compra de una propiedad a la que además habrá que sumar el costo de la renta (de un año ya), que supuestamente se ahorrarían con esa inversión.
Ofende sin duda la información de Gustavo Rodríguez, actual consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), quien erogó 200 mil pesos del Instituto que preside en un dictamen técnico estructural del ya tristemente famoso edifi cio “puque”, para informar a través de un texto de 3 minutos (sin espacio a preguntas), que los vicios ocultos del inmueble serán reparados por Galassi Almora dueño del edifi cio. Lo inédito es decir que dichas reparaciones serán supervisadas por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Tabasco (CICET), cuando el ingeniero Aldasoro Robles, constructor del inmueble, puntualizó que sólo se corregirá un hundimiento que se presentó en el estacionamiento, aclarando que el edifi cio no tendrá reparación alguna, entonces ¿que supervisará el CICET?, ¿el estacionamiento?.
Pregunta simple, ¿avalará y garantizará el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Tabasco, la seguridad del inmueble? La declaración de Muñoz Caldera, actual edil, quien expresó, “la entrega-recepción no es asunto personal, sino profesional, por lo que una reunión previa con De los Santos Bertruy no es necesaria”, en nada abona a sus “silencios” sobre la deuda de 530 millones que dejara la administración Alí/Muñoz, un tema del que nada aclara, y del que ya busca evadirse. Por lo que es importante tener presente a Arturo Núñez, gobernador electo, quien dejó claro en su última declaratoria, ni amnesia ni amnistía a los saqueadores de Tabasco. columna_codigo33@ hotmail.com
La propuesta de juicio político contra los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), por parte del Movimiento Ciudadano, la denuncia penal de Ricardo Monreal, ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por “falsifi cación de documentos, encubrimiento y presunto lavado de dinero”, son el principio de las estrategias que seguramente mantendrán de manera permanente, y que tarde que temprano aseguran frutos como la pronunciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que después de tres años emitió una recomendación al secretario de Gobernación que confi rmó que el gobierno de Felipe Calderón censuró y castigó a la revista Proceso por su línea editorial al excluirla de manera arbitraria de la publicidad ofi cial, con el propósito de causarle daño económico, ese, es el camino, nada será fácil ni de corto plazo, la desaparición de Aleph Jiménez uno de los voceros en Ensenada, Baja California del movimiento #YoSoy132, es una nueva muestra que las tentaciones del sistema van más allá de las palabras, por lo que solo con una agenda, organización, objetivos, protocolos de comunicación y de seguridad caminarán más allá de una elección.
La búsqueda de legalidad del Outsourcing (pago de nóminas a través de las fi guras de sociedades cooperativas para evadir el Impuesto Sobre la Renta, Seguro Social e Infonavit, que prevalecen por lagunas de la Ley Fiscal), a través de la Reforma Laboral, es una de las incongruencias más grandes del sistema, después de que hoy mismo la Policía Internacional (Interpol), busca en 150 países a Sergio Castro, “genio” y promotor de este esquema, y que según acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el fi scalista oaxaqueño es acusado de colusión fi scal por más de 5 mil millones de pesos; lavado de dinero por más de 100 mil millones de pesos (entre ellos, 30 mil millones de pesos desviados por los ex gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz; y Puebla, Mario Marín), prácticas fraudulentas que dejan fuera el daño más grave, a los trabajadores, quienes son contratados dentro de este “formato” prácticamente en la indefensión de la seguridad social, laboral y jurídica, el absurdo. Al margen de la desorbitante diferencia del costo en la compra de una propiedad a la que además habrá que sumar el costo de la renta (de un año ya), que supuestamente se ahorrarían con esa inversión.
Ofende sin duda la información de Gustavo Rodríguez, actual consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), quien erogó 200 mil pesos del Instituto que preside en un dictamen técnico estructural del ya tristemente famoso edifi cio “puque”, para informar a través de un texto de 3 minutos (sin espacio a preguntas), que los vicios ocultos del inmueble serán reparados por Galassi Almora dueño del edifi cio. Lo inédito es decir que dichas reparaciones serán supervisadas por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Tabasco (CICET), cuando el ingeniero Aldasoro Robles, constructor del inmueble, puntualizó que sólo se corregirá un hundimiento que se presentó en el estacionamiento, aclarando que el edifi cio no tendrá reparación alguna, entonces ¿que supervisará el CICET?, ¿el estacionamiento?.
Pregunta simple, ¿avalará y garantizará el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Tabasco, la seguridad del inmueble? La declaración de Muñoz Caldera, actual edil, quien expresó, “la entrega-recepción no es asunto personal, sino profesional, por lo que una reunión previa con De los Santos Bertruy no es necesaria”, en nada abona a sus “silencios” sobre la deuda de 530 millones que dejara la administración Alí/Muñoz, un tema del que nada aclara, y del que ya busca evadirse. Por lo que es importante tener presente a Arturo Núñez, gobernador electo, quien dejó claro en su última declaratoria, ni amnesia ni amnistía a los saqueadores de Tabasco. columna_codigo33@ hotmail.com
