Código 33 “…qué más nos espera”

 
La Reforma Energética, no requirió ser aprobada para dar ya testimonio de lo que es capaz esta Iniciativa, en ausencia del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Alfonso Olivas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, firmó un acuerdo inaudito. Bajo el pretexto de representar perdidas en los últimos 12 años, la actual administración federal firmó la desincorporación del régimen de dominio público de la federación de 476 mil 386 de los 990 mil 528 metros cuadrados del Complejo Petroquímico Pajaritos, mismas que incluyen las construcciones e instalaciones que se encuentren en el área enajenada, es decir, la planta Derivados Clorados III, que produce cloruro de vinilo, un insumo básico para la fabricación de policloruro de vinilo o PVC, áreas de servicio, talleres de mantenimiento y ductos, todo esto a favor de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., en sociedad de coinversión de Pemex Petroquímica con el consorcio privado Mexichem, S.A.B. de C.V. (antes Camesa). Lo insólito, es que bajo el esquema de una asociación “en arrendamiento”, Mexichem aportará 325 millones de dólares, 125 en activos y 200 millones en efectivo, o sea “rentará”, en 8 mil 300 pesos el metro cuadrado todo incluido de más de la mitad de las instalaciones, más aun, Pemex Petroquímica invertirá 231 millones de dólares, por lo que tendrá 41.54%, de una sociedad con Mexichem quien será titular del 58.46%. Un negocio redondo si tomamos en cuenta que la planta de Pajaritos genera más de 333 millones de dólares anualmente. Este es un antecedente para preguntarnos, ¿qué hay detrás del negocio donde producir actualmente un barril de petróleo cuesta 5 dólares, a un precio de venta de 105 dólares?. ¿Dónde están todos los excedentes petroleros?, si ahora mismo , ¿cuál es la ganancia de asociar a particulares en donde para pagar la deuda de Pemex que equivale a 60 mil millones de dólares solo aportan solo 200 millones de dólares en efectivo?. ¿Qué implica una petroquímica que genera muchos de los 250 derivados del petróleo que requiere la industria?. Basta dar pequeños ejemplos para visualizar lo que representa. Un barril contiene 159 litros de petróleo crudo, que en un redondeo a precio de venta equivale a 9 pesos por litro, sin embargo el mismo litro convertido en pegamento pvc, vale 30 pesos, desincrustante 58, sellador 175 pesos. Evidentemente ni el petróleo ni Pemex son un mal negocio, lo es, la infame corrupción interna y externa que rodea a la paraestatal, ejemplo, la de Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), actualmente Senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así que si este es el botón de muestra, qué más nos espera.    Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, recibió en Colombia una multa por 45 millones de dólares a su empresa Claro, es, la sanción más grande impuesta en ese país a un operador de telefonía, a través de un proceso donde se descubrieron tres ilícitos preponderantes; primero, la denuncia que realizaron usuarios, dado que la operadora obstaculizaba la portabilidad numérica, una norma de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que permite a las personas cambiar de operador de telefonía celular sin tener que perder el número telefónico. Segundo, una estrategia de Claro para vender celulares con bandas cerradas o bloqueadas y negar las solicitudes de los usuarios que pidieran su apertura, para evitar que sus clientes se fueran a otros operadores (algo que en México ni siquiera está cerca de ser posible). Tercero, descubrieron que los distribuidores compraban grandes volúmenes de sim cards de otros operadores, particularmente de Movistar y los trasladaban a Claro, algo que en realidad, eran traslados ficticios porque detrás de estas sim cards no había un consumidor real. Por lo que habrá estar muy atentos, pues ya en México, Telcel, habría recibido en abril de 2011, una sanción superior a los 900 millones de dólares, misma que fue conmutada a la firma de 5 compromisos: cobrar durante 2012 una tarifa de 36.18 centavos por minuto en lugar de los 95 centavos que prevaleció en 2011, y reducirla gradualmente hasta 30.94 centavos por minuto en 2014, mismo que se cobrará por segundo, sin ningún tipo de redondeo. Mantener vigentes las condiciones de las tarifas, por medio de una oferta pública, a cualquier empresa de telecomunicaciones fija o móvil que tenga interés en ellas. Desistirse de todos los litigios interpuestos contra las resoluciones emitidas para 2011 por la Cofetel en materia de tarifas de interconexión. Ofrecer planes de contratación o promociones que incluyan minutos utilizables indistintamente para realizar llamadas ya sea dentro de su propia red o hacia la red de cualquier otra empresa de telefonía fija o móvil. Proporcionar a la CFC toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de los compromisos anteriores, incluyendo los datos sobre el uso de sus planes de comercialización. Experiencias las dos, que permiten hoy a Movistar ofrecer un plan de captación de usuarios inconformes de Telcel, ofertando en principio un servicio para prepagos, o sea sin contrato; llamadas y mensajes libres a equipos Movistar, 500 minutos al mes a todo operador, incluyendo Estados Unidos y Canadá, sin cargos de rumming (un cargo ofensivo y doloso que hace que una llamada hecha o recibida tenga un costo excesivo), 100 mensajes de texto, redes sociales y correo ilimitado y 250 megas de navegación, todo por 200 pesos mensuales. Una oferta altamente competitiva, y sin precedente que habrá que tomar en cuenta, claro, primero preguntemos sobre las letras chiquitas, y esperemos que avance y mejore, y no sea como Iusacell y Unefon, quienes prometen, pero que al final no cumplen.
    Melvin Izquierdo, síndico de Hacienda en el ayuntamiento de Centro en Tabasco, sentará un valioso precedente para los municipios del país, al requerir a la empresa telefónica Telmex el pago de 60 millones de pesos de pago de predial de cuando menos 5 años atrás por concepto de espacios utilizados por sus casetas telefónicas, postes, redes y derivados de toda instalación pública. Un derecho que no había sido notado por los municipios, un acuerdo comercial que paradójicamente, si existe entre ellos y Cablevisión, por poner un ejemplo, así que ya veremos cómo transita un acuerdo en el que más que una negociación, deberá realizarse una compulsa entre lo que dirá tener Telmex y lo que deberá tener como información y norma el ayuntamiento, pues evidentemente no se trata de lo que el grupo Carso quiera pagar, o no. Una caja de pandora que abre más litigios entre otros, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como saber también el ingreso, a quiénes y por cuánto tiempo otorgaron las concesiones publicitarias que hay en el municipio.         
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