De nuevo las concesiones, ahora como Joint Operating Agreement
Desde siempre, el petróleo de los mexicanos ha sido sumamente codiciado. Lo fue más aún a partir de la epopeya del 18 de marzo del 38, en la que la nación ejerció los derechos consagrados en el primigenio artículo 27 constitucional —propiedad originaria y dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre los hidrocarburos— y reivindicó para sí la prerrogativa de su explotación directa e inmediata, exclusiva y excluyente, mediante el desarrollo de todos y cada uno de los eslabones que integran la cadena de la industria petrolera nacionalizada.
Habiendo constatado la irreversibilidad de la nacionalización petrolera, la estrategia de la Casa Blanca se centró en el dato duro del cómo lograr el regreso de las compañías expropiadas. La respuesta a esa inquietud básica quedó nítidamente plasmada en una misiva confidencial fechada el 27 de agosto de 1946, en la que el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Spruille Braden, transmitió la siguiente consigna al embajador estadounidense en México, Walter Thurston: “Es evidente que el término «concesión» se ha convertido en anatema para ciertos funcionarios mexicanos y para el público de México, y probablemente la única forma en que el capital extranjero regrese y participe en la industria petrolera mexicana será bajo un contrato similar al descrito más arriba”.
Tal objetivo está a punto de ser alcanzado con el inconstitucional joint operating agreement recientemente aprobado por el consejo de administración de Pemex. La novedad es que la rendición gubernamental de la plaza del nacionalismo petrolero tiene lugar dentro de un contexto geopolítico en el que el tema de los hidrocarburos ya pasó a formar parte de la agenda de la seguridad energética, nacional y hemisférica del vecino país del norte.
En un documento atribuido al Departamento de Defensa se condensa la relevancia del binomio estratégico petróleo-seguridad energética: “Seguridad energética, para nosotros, representa tener asegurado el acceso a un abasto confiable, pero también la posibilidad de proteger ese abasto y proporcionar la energía suficiente para cubrir nuestras necesidades operativas”.
Como parte de las presiones para insertar el crudo mexicano en el perímetro de la seguridad energética, nacional y hemisférica de los Estados Unidos, en el llamado Reporte artículo IV, emitido por el Fondo Monetario Internacional a principios del 2010, se destacó que el desempeño de la economía nacional no tendrá una mejoría significativa si no se avanza en el fortalecimiento de la presencia de la inversión privada en el área de los hidrocarburos a través de la aceleración de los procedimientos de adjudicación de los nuevos contratos petroleros. Una advertencia análoga hicieron hace unos días los directivos del Fondo en el marco del otorgamiento del crédito jumbo de 73 mil millones de dólares que solicitó el gobierno federal.
Dicho reclamo es consonante con los objetivos de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, la famosa ASPAN, cuyo origen se ubica en los acuerdos signados en el 2005 en Waco, Texas, por los jefes de los Estados miembros de la zona norteamericana de libre comercio, a efecto de transformar el acuerdo trilateral en un TLC plus focalizado en tres rubros capitales: seguridad, energía y competitividad. Es en este foro supranacional donde se le dio vuelo a la idea de que México tenía que abrir su sector energético.
El acuerdo del órgano de gobierno de Pemex no puede ser disociado de esa realidad de carácter supranacional. De ahí que sea válido conjeturar que, además de un objetivo económico —compartir la renta que sólo le pertenece a la nación—, el joint operating agreement también podría tener un fin claramente geopolítico: permitir a las corporaciones posicionarse y controlar los yacimientos y los campos petroleros a lo largo de 60 años (30 más una prórroga por un período igual).
En ese contexto, el petróleo yacente en el subsuelo nacional ya no tendrá el carácter de un recurso estratégico de y para los mexicanos, sino que será un simple commodity, una mera mercancía sujeta al vaivén de los intereses imperiales. Paradójicamente, ello sucede mientras que en un estudio publicado en agosto pasado por el Oxford Energy Forum —cuyo autor es el abogado petrolero George Kahale III, director en jefe del despacho trasnacional Curtis, Mallet and Prevost—, se asegura que esquemas contractuales similares al que se pretende poner en marcha constituyeron genuinas recetas para el desastre en países como Venezuela, Bolivia y Kazakhjstan, quienes se vieron obligados a remunerar a los inversionistas aún en aquellos casos en los que los que los registros contables de los proyectos arrojaban cuantiosas pérdidas financieras. Ello ocurre, exactamente, cuando Brasil acaba de promulgar cuatro ordenamientos legislativos que permitirán al Estado carioca fortalecer el control sobre la industria y la renta petroleras.
Fungir como instrumento para privilegiar intereses ajenos a los de los mexicanos, erosionando la soberanía nacional, ¿acaso no es una razón de peso para rechazar el grotescamente inconstitucional joint operating agreement?
Raúl Jiménez Vázquez / Grupo Ingenieros PEMEX Constitución del 17.
Desde siempre, el petróleo de los mexicanos ha sido sumamente codiciado. Lo fue más aún a partir de la epopeya del 18 de marzo del 38, en la que la nación ejerció los derechos consagrados en el primigenio artículo 27 constitucional —propiedad originaria y dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre los hidrocarburos— y reivindicó para sí la prerrogativa de su explotación directa e inmediata, exclusiva y excluyente, mediante el desarrollo de todos y cada uno de los eslabones que integran la cadena de la industria petrolera nacionalizada.
Habiendo constatado la irreversibilidad de la nacionalización petrolera, la estrategia de la Casa Blanca se centró en el dato duro del cómo lograr el regreso de las compañías expropiadas. La respuesta a esa inquietud básica quedó nítidamente plasmada en una misiva confidencial fechada el 27 de agosto de 1946, en la que el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Spruille Braden, transmitió la siguiente consigna al embajador estadounidense en México, Walter Thurston: “Es evidente que el término «concesión» se ha convertido en anatema para ciertos funcionarios mexicanos y para el público de México, y probablemente la única forma en que el capital extranjero regrese y participe en la industria petrolera mexicana será bajo un contrato similar al descrito más arriba”.
Tal objetivo está a punto de ser alcanzado con el inconstitucional joint operating agreement recientemente aprobado por el consejo de administración de Pemex. La novedad es que la rendición gubernamental de la plaza del nacionalismo petrolero tiene lugar dentro de un contexto geopolítico en el que el tema de los hidrocarburos ya pasó a formar parte de la agenda de la seguridad energética, nacional y hemisférica del vecino país del norte.
En un documento atribuido al Departamento de Defensa se condensa la relevancia del binomio estratégico petróleo-seguridad energética: “Seguridad energética, para nosotros, representa tener asegurado el acceso a un abasto confiable, pero también la posibilidad de proteger ese abasto y proporcionar la energía suficiente para cubrir nuestras necesidades operativas”.
Como parte de las presiones para insertar el crudo mexicano en el perímetro de la seguridad energética, nacional y hemisférica de los Estados Unidos, en el llamado Reporte artículo IV, emitido por el Fondo Monetario Internacional a principios del 2010, se destacó que el desempeño de la economía nacional no tendrá una mejoría significativa si no se avanza en el fortalecimiento de la presencia de la inversión privada en el área de los hidrocarburos a través de la aceleración de los procedimientos de adjudicación de los nuevos contratos petroleros. Una advertencia análoga hicieron hace unos días los directivos del Fondo en el marco del otorgamiento del crédito jumbo de 73 mil millones de dólares que solicitó el gobierno federal.
Dicho reclamo es consonante con los objetivos de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, la famosa ASPAN, cuyo origen se ubica en los acuerdos signados en el 2005 en Waco, Texas, por los jefes de los Estados miembros de la zona norteamericana de libre comercio, a efecto de transformar el acuerdo trilateral en un TLC plus focalizado en tres rubros capitales: seguridad, energía y competitividad. Es en este foro supranacional donde se le dio vuelo a la idea de que México tenía que abrir su sector energético.
El acuerdo del órgano de gobierno de Pemex no puede ser disociado de esa realidad de carácter supranacional. De ahí que sea válido conjeturar que, además de un objetivo económico —compartir la renta que sólo le pertenece a la nación—, el joint operating agreement también podría tener un fin claramente geopolítico: permitir a las corporaciones posicionarse y controlar los yacimientos y los campos petroleros a lo largo de 60 años (30 más una prórroga por un período igual).
En ese contexto, el petróleo yacente en el subsuelo nacional ya no tendrá el carácter de un recurso estratégico de y para los mexicanos, sino que será un simple commodity, una mera mercancía sujeta al vaivén de los intereses imperiales. Paradójicamente, ello sucede mientras que en un estudio publicado en agosto pasado por el Oxford Energy Forum —cuyo autor es el abogado petrolero George Kahale III, director en jefe del despacho trasnacional Curtis, Mallet and Prevost—, se asegura que esquemas contractuales similares al que se pretende poner en marcha constituyeron genuinas recetas para el desastre en países como Venezuela, Bolivia y Kazakhjstan, quienes se vieron obligados a remunerar a los inversionistas aún en aquellos casos en los que los que los registros contables de los proyectos arrojaban cuantiosas pérdidas financieras. Ello ocurre, exactamente, cuando Brasil acaba de promulgar cuatro ordenamientos legislativos que permitirán al Estado carioca fortalecer el control sobre la industria y la renta petroleras.
Fungir como instrumento para privilegiar intereses ajenos a los de los mexicanos, erosionando la soberanía nacional, ¿acaso no es una razón de peso para rechazar el grotescamente inconstitucional joint operating agreement?
Raúl Jiménez Vázquez / Grupo Ingenieros PEMEX Constitución del 17.
