Con Andrade y Granier, Juana Hernández perdió a sus hijas

VILLAHERMOSA, TABASCO. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- Desde los gobiernos de Manuel Andrade Díaz y Andrés Rafael Granier Melo, doña Juana Hernández Gómez vive atormentada por no poder ver ni comunicarse con sus tres hijas Teresa, María y Ángela, esto por decisión de funcionarios de la PRODEMEFA sin existir una resolución judicial al respecto en las administraciones de los gobiernos antes señalados.
            Además de siete años de no poder establecer ningún contacto con sus hijas, doña Juana Hernández ahora también sufre un Juicio Civil de Pérdida de Patria Potestad por el supuesto abandono y omisión de cuidado.
    “El 29 de junio del 2006 fui al CAMVI y ahí María Reyes de la Cruz, Raquel Romero, Ángeles Castellanos y Corina Tejeda Zúñiga, de la PRODEMEFA me quitaron a la mala a mis niñas, en ese entonces de 11, 9 y 4 años de edad, las internaron en la Casa Hogar, me impidieron desde entonces todo contacto con ellas, hasta el día de hoy; y en 2012 me acusan ante el Juez Segundo Familiar de haberlas abandonado” expuso con tristeza la progenitora.
    Tres días antes en la dependencia se recibió denuncia presentada por  “Aldea por los Niños” –en esa fecha sin registro ni documentos constitutivos-  acusándola de maltrato físico y sexual. La supuesta denunciante Alejandra Arias de la “asociación civil” en aquel tiempo sin personalidad legal, jamás ratificó la denuncia ni presentó pruebas de su dicho.
    “Esa persona llegó a mi casa, se metió, tomo fotos, quería llevarse a mis niñas y amenazó con quitármelas. No se las di. Después fue que me citaron en el CAMVI y me las arrebataron.  Me amenazaron con meterme al CRESET si me quejaba y como todos los días acudía a pedir que me las devolvieran, me demandaron en la averiguación previa CAMVI-III-274/2006 al igual que a quien fue mi pareja, Cirilo Naranjo Solís; tampoco ahí se presentó la tal Alejandra, jamás se presentó; y tampoco resulte responsable de delito alguno después de cinco años. Pese a todo no me devolvieron a mis hijas ni me permiten verlas”, sostuvo doña Juana.
    La señora ahora tiene una edad 50 años y se dedica a lavar ropa ajena, relató que urdieron quitárselas el 29 de junio que compareció “ahí mismo me dieron un papel en el que las “resguardaban” en el albergue temporal, de ahí las mandaron a la Casa-Hogar y nunca más me dejaron verlas. Luego dijeron que yo las abandone. Fue la mismísima  directora de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a la sazón, Yolidabey Alvarado de la Cruz quien se encargó de declararlas “niñas DIF”, como si no tuvieran familiares, les sacó actas de nacimiento, en las que no aparece mi nombre pese a que ella sabía  que soy la madre, y fue ella quien el 13 de noviembre de 2006 las enlisto para adopción.”
    Doña Juana destacó que en el 2008 supo que sus hijas las iban a dar en adopción a unos italianos, por lo que dijo que acudió a Granier, su esposa, derechos humanos, diputados locales y federales, senadores, al obispo y nadie la ayudo.
    “La puerta que se abrió fue del Colegio de Abogados, que presidia el licenciado Sergio Antonio Reyes e interpuso amparo contra la adopción y el destierro de mis hijitas, ante el Juez Tercero de Distrito; al final un juez de Xalapa, Veracruz me amparó en 2009. Pero el colegio cambio de directiva y los nuevos se negaron a seguir el caso.
    “Como cree que vamos a enfrentarnos con el Gobernador” me dijo un tal Marco Tulio Sedano y me devolvió los expedientes.
    En marzo del año pasado se promovió un juicio de pérdida de Guarda y custodia para estar en posibilidad de dar en adopción a las hijas de doña Juana. Es el número 573/2012 en el Juzgado Segundo Familiar cuyo titular Jorge Guadalupe Jiménez López radicó la causa como si un particular (Walter Horacio Zapata Garrido) sea el promovente cuando en realidad el actor es el DIF-Tabasco.
    Tampoco autorizó que las niñas pudieran convivir con su madre o decidir las dos más grandecitas, a como establece la ley, si regresan con ella o siguen internas en la casa hogar. El caso de María Ángela es expositivo de la trama: Aunque ella nació el 19 de marzo de 1995 fue registrada como si hubiera nacido el  18 de agosto de 1996, con la finalidad de poder darla en adopción como menor cuando ya es mayor de 18 años edad. De hecho, pues, vive secuestrada en la Casa Hogar. Hasta la fecha, la nueva juez Norma Alicia Cruz Olán tampoco ha escuchado a sus hermanas de 16  y 12 años, obedeciendo la consigna del gobierno anterior de no autorizar que puedan reunirse con su madre.
    La historia es increíble. Sin embargo sucede en Tabasco. Contra todas las disposiciones constitucionales y legales, internaciones, protectores de derechos humanos,  una madre tabasqueña fue separada de sus hijas, no le permiten la menor convivencia, la excluyeron de las actas de nacimiento y alteraron la edad, al grado que una de ellas ya tiene 18 años  y aún sigue “resguardada” en la casa hogar. Varias de sus victimarias –todas ellas mujeres- siguen laborando en el DIF y en otras dependencias estatales. Este miércoles 11, a las 8 de la mañana se llevara a cabo la próxima diligencia en el Juzgado Segundo de lo Familiar.