Año con año, en aumento violación de Derechos Humanos en el estado: Codehutab
El asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Efraín Rodríguez León dijo que antes, las violaciones a los derechos humanos consistían en que cuando la policía detenía a alguna persona, cacheteaban al detenido y le robaban lo que traía, hoy es práctica cotidiana la tortura
A lo largo de los veintidós años de Codehutab hemos observado que las violaciones a los derechos humanos en Tabasco, año con año, administración con administración, se vuelven más sintomáticas y van en aumento, sostuvo ayer el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Efraín Rodríguez León.
Durante su participación en el evento en el que los integrantes y algunos de los fundadores del Comité de Derechos Humanos celebraron ayer el veintidós aniversario de esa organización civil, el abogado con un trabajo de doce años en esa organización civil, declaró que ven con preocupación lo que están detectando.
Antes, las violaciones a los derechos humanos consistían en que cuando la policía detenía a alguna persona, cacheteaban al detenido y le robaban lo que traía, hoy es práctica cotidiana la tortura, los asesinatos de parte de elementos de los cuerpos policíacos de todos los niveles.
Tenemos el ejemplo de los dos jóvenes asesinados por policías en Jalpa de Méndez entre otros más.
Con eso quiero decir, dijo a los periodistas que ayer lo cuestionaron en relación a la situación actual de los derechos humanos en Tabasco, que lamentablemente, año con año.
Afirmó que en las violaciones cometidas por los cuerpos policíacos los responsables son de todos los niveles, federal, estatal y municipal, pero que las que cometen los estatales son los más reincidentes.
En relación a los casos de violación a los derechos humanos a los que hizo referencia la directora del Codehutab, Lorena Sánchez en el informe que leyera unos minutos antes, Rodríguez León dijo que no se habían incluido el asunto de la contaminación de la empresa Caresa a la comunidad Los Aguilares, Cunduacán.
Dijo que en ese asunto que lleva casi seis años en litigio, en relación a la denuncia que interpusieron ante la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), en la última notificación escrita de la dependencia –que preside la oceanóloga Silvia Whízar- se informó que había emitido dos órdenes de clausura a los trabajos de la empresa.
Sin embargo, hace tres meses, solicitamos la información oficial de dichas clausuras –vía ley de transparencia- y en la respuesta se afirma que ningún clausura ha sido ordenada por la Sernapam, con lo que comprobamos la falsedad en la que ha incurrido dicha institución.
Esa es una irregularidad muy grande, comentó, es por eso que estamos elaborando una denuncia en contra de los funcionarios de Sernapam, la cual interpondremos en los próximos días.
Otro asunto en el que queremos hacer énfasis, mencionó, es que en la información del acompañamiento del Codehutab a comunidades de la zona de la Isla en su lucha contra el incremento en las cuotas por consumo de agua que el ayuntamiento del Centro pretendía imponer y a lo cual los habitantes de la misma se opusieron, falto añadir los últimos acontecimientos.
Nos acabamos de enterar, dijo el abogado de Codehutab, que alrededor de 20 delegados municipales de esa zona fueron llamados, hace una semana, por el ex alcalde del Centro, Jesús Alí a una reunión. Ahí “instruyó” a los delegados para que informen a sus comunidades para informarles que por su gestión, ya nos les cobrarán 35 pesos bimestrales sino solamente 20 pesos.
Si bien es cierto que los habitantes de esa zona pagarán esa tarifa, lo totalmente falso es que se deba a la gestión del ex alcalde, sino es un triunfo de la lucha que las comunidades emprendieron por la vía de la organización y legalidad, que terminó con una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dio la razón a los quejosos.
Es decir, esa tarifa, no se debe a la “buena voluntad del señor”, porque si desde el comienzo de esa lucha hubiera mostrado comprensión, durante el proceso legal que se emprendió hubiera accedido a un acuerdo, no esperar que el Tribunal emitiera su primera resolución.
Por el contrario, Jesús Alí apeló o estuvo en contra del resolutivo de esa instancia judicial, “y ahora resulta que como buena gente viene a decirle a los habitantes que el ayuntamiento les cobrará por el servicio de agua, únicamente 10 pesos mensuales”.
Eso es solo una muestra para que se den idea de cómo actúan las autoridades que gobiernan este estado y recordó que hace una semana, los representantes de esas comunidades en una conferencia de prensa dieron a conocer el resolutivo del Tribunal de lo Contencioso.
Durante su participación en el evento en el que los integrantes y algunos de los fundadores del Comité de Derechos Humanos celebraron ayer el veintidós aniversario de esa organización civil, el abogado con un trabajo de doce años en esa organización civil, declaró que ven con preocupación lo que están detectando.
Antes, las violaciones a los derechos humanos consistían en que cuando la policía detenía a alguna persona, cacheteaban al detenido y le robaban lo que traía, hoy es práctica cotidiana la tortura, los asesinatos de parte de elementos de los cuerpos policíacos de todos los niveles.
Tenemos el ejemplo de los dos jóvenes asesinados por policías en Jalpa de Méndez entre otros más.
Con eso quiero decir, dijo a los periodistas que ayer lo cuestionaron en relación a la situación actual de los derechos humanos en Tabasco, que lamentablemente, año con año.
Afirmó que en las violaciones cometidas por los cuerpos policíacos los responsables son de todos los niveles, federal, estatal y municipal, pero que las que cometen los estatales son los más reincidentes.
En relación a los casos de violación a los derechos humanos a los que hizo referencia la directora del Codehutab, Lorena Sánchez en el informe que leyera unos minutos antes, Rodríguez León dijo que no se habían incluido el asunto de la contaminación de la empresa Caresa a la comunidad Los Aguilares, Cunduacán.
Dijo que en ese asunto que lleva casi seis años en litigio, en relación a la denuncia que interpusieron ante la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), en la última notificación escrita de la dependencia –que preside la oceanóloga Silvia Whízar- se informó que había emitido dos órdenes de clausura a los trabajos de la empresa.
Sin embargo, hace tres meses, solicitamos la información oficial de dichas clausuras –vía ley de transparencia- y en la respuesta se afirma que ningún clausura ha sido ordenada por la Sernapam, con lo que comprobamos la falsedad en la que ha incurrido dicha institución.
Esa es una irregularidad muy grande, comentó, es por eso que estamos elaborando una denuncia en contra de los funcionarios de Sernapam, la cual interpondremos en los próximos días.
Otro asunto en el que queremos hacer énfasis, mencionó, es que en la información del acompañamiento del Codehutab a comunidades de la zona de la Isla en su lucha contra el incremento en las cuotas por consumo de agua que el ayuntamiento del Centro pretendía imponer y a lo cual los habitantes de la misma se opusieron, falto añadir los últimos acontecimientos.
Nos acabamos de enterar, dijo el abogado de Codehutab, que alrededor de 20 delegados municipales de esa zona fueron llamados, hace una semana, por el ex alcalde del Centro, Jesús Alí a una reunión. Ahí “instruyó” a los delegados para que informen a sus comunidades para informarles que por su gestión, ya nos les cobrarán 35 pesos bimestrales sino solamente 20 pesos.
Si bien es cierto que los habitantes de esa zona pagarán esa tarifa, lo totalmente falso es que se deba a la gestión del ex alcalde, sino es un triunfo de la lucha que las comunidades emprendieron por la vía de la organización y legalidad, que terminó con una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dio la razón a los quejosos.
Es decir, esa tarifa, no se debe a la “buena voluntad del señor”, porque si desde el comienzo de esa lucha hubiera mostrado comprensión, durante el proceso legal que se emprendió hubiera accedido a un acuerdo, no esperar que el Tribunal emitiera su primera resolución.
Por el contrario, Jesús Alí apeló o estuvo en contra del resolutivo de esa instancia judicial, “y ahora resulta que como buena gente viene a decirle a los habitantes que el ayuntamiento les cobrará por el servicio de agua, únicamente 10 pesos mensuales”.
Eso es solo una muestra para que se den idea de cómo actúan las autoridades que gobiernan este estado y recordó que hace una semana, los representantes de esas comunidades en una conferencia de prensa dieron a conocer el resolutivo del Tribunal de lo Contencioso.
