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La Verdad del Sureste

Con “cárcel” nos amenazó Andrés Granier

Los ex directores de hospitales acusaron a Granier y a José Sainz Pineda de ser los villanos, porque jugaron con la vida de los tabasqueños al provocar el colapso en el sector salud con recortes “criminales” al presupuesto aprobado, licitado y etiquetado


Los ex directores justificaron que para salvar “miles” de vidas se vieron en la necesidad de acumular deudas y reconocieron, que en el proceso violaron la Ley de Adquisiciones
Los ex directores justificaron que para salvar “miles” de vidas se vieron en la necesidad de acumular deudas y reconocieron, que en el proceso violaron la Ley de Adquisiciones
Villahermosa, Tab., 04 de diciembre / Los directores destituidos por irregularidades por 221 millones de pesos en el hospital del Niño, el Rovirosa y el Juan Graham, acusaron al ex gobernador Andrés Granier y al ex secretario de Finanzas, José Sainz Pineda, de ser los “villanos”, porque jugaron con la vida de miles de tabasqueños, al provocar el quebranto y colapso del sector salud con recortes “criminales” al presupuesto aprobado, licitado y etiquetado. Pero en el caso del ex secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata, Humberto Azuara Forcelledo, Gonzalo Neme Díaz y Luis Alfonso Ojeda, evitaron ser más directos al juzgar la responsabilidad del ex candidato priísta a la alcaldía de Centro, pues aunque aceptaron que todos los involucrados tienen culpa, consideraron que unos los tienen más que otros, desde los administradores hasta los secretarios en turno. En rueda de prensa, justificaron que si no denunciaron públicamente las irregularidades en el sector salud, hasta que fueron cesados de sus cargos, no fue por complicidad, porque si lo hicieron internamente y sobre pesaron su renuncia, porque ellos serian responsables de pagar en lo personal, las deudas contraídas. Además, denunciaron que presuntamente recibieron hasta amenazas de cárcel del ex gobernador y del ex secretario de Finanzas, para callar el quebranto y el desorden financiero que prevaleció en el sector salud desde el principio del gobierno de Andrés Granier. Se calificaron a sí mismos, como “chivos expiatorios”, porque Sainz Pineda, en 2008 y 2009 aplicó recortes al presupuesto aprobado por el Congreso, que previamente había sido recortado, regateó y retiró recursos licitados y canceló órdenes de pagos, provocando un boquete financiero que a la larga ocasionó el quebranto del sector salud con el conocimiento del propio gobernador. Por ello, excusaron que se vieron forzados por las circunstancias para hacer lo necesario, inclusive violar la Ley de Adquisiciones, para garantizar la continuidad de los servicios de los hospitales que dirigían. “El monto asignado no fue el que realmente llegó a los hospitales. Nosotros recibíamos aproximadamente 30 por ciento menos, en base a lo presupuestado y el presupuestado, era un 50-60 por ciento, de lo que verdaderamente requiere cada hospital”, afirmó Gonzalo Neme Díaz. También, acusaron que a pesar de que Sainz Pineda justificó que dentro de la deuda de 4 mil millones de pesos, que solicitó la pasada administración en sus últimas semanas, 600 millones se destinarían para liquidar los pasivos de la Secretaría de Salud, ni un solo peso fue destinado al hospital del Niño, el Rovirosa y el Juan Graham. Afirmaron, que en cada ejercicio fiscal del sexenio de Granier, se les recortó el presupuesto de manera “criminal” y se les regateaban los recursos necesarios para mantener al mínimo los servicios médicos y abastecimiento de los hospitales públicos. Por ello, los ex directores justificaron que para salvar vidas de “miles”, se vieron en la necesidad de acumular deudas y reconocieron, que en el proceso violaron la Ley de Adquisiciones. También, afirmaron que había la promesa verbal de parte de las autoridades estatales, de que las deficiencias económicas serían subsanadas con las ampliaciones presupuestales que solicitaron durante todo el sexenio, para pagar la deuda que se arrastraba con los proveedores. Aseguraron, que no dispusieron en efectivo de los 221 millones de pesos, sino que fue una deuda que se contrajo y afirmaron, que alredor del 70 por ciento, corresponde solamente a la compra de medicamentos para abastecer al hospital del Niño, el Rovirosa y el Juan Graham, que de lo contrario, hubieron colapsado, como finalmente ocurrió en los últimos días del sexenio de Granier. “El presupuesto asignado por la Secretaría de Salud a los hospitales en 2007, 2009 y 2011, no fue suficiente en cada uno de los ejercicios presupuestales, para cada año en cada uno de los hospitales. El monto asignado no fue el que realmente llegó a los hospitales. Nosotros recibíamos aproximadamente 30 por ciento menos, en base a lo presupuestado y el presupuestado, era un 50-60 por ciento, de lo que verdaderamente requiere cada hospital”, afirmó Gonzalo Neme Díaz. Sostuvo, que de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hospital del Niño, por ser de alta especialidad por su número de camas de hospitalización, debió recibir entre 150 a 180 millones de pesos de presupuesto en vez de ello, en 2007 se le asignaron 67 millones, 88 millones en 2009 y 71 millones en 2011. Luis Alfonso Ojeda, por su parte, dijo que el hospital Rovirosa en 2006 cerró el último año de la administración de Manuel Andrade, con un presupuesto de 148 millones, pero en 2007 con Andrés Granier, se redujo a 96 millones, en 2009 se recortó a un más y quedó en 77 millones y en 2011 fue de 86 millones. Explicaron, que las destituciones fueron parte de una maniobra del gobierno de Granier, para que la deuda de 221 millones de pesos quedara legalmente constituida para ser saldada por la próxima administración. Humberto Azuara Forcelledo, Gonzalo Neme Díaz y Luis Alfonso Ojeda, aceptaron estar temerosos de que se les quiera aplicar más sanciones administrativas, sobre todo el inicio de un proceso penal. Por ello, dijeron que se defenderán legamente de acuerdo a sus posibilidades y además, que buscarán al gobernador Arturo Núñez, para exponerle que obligados por las circunstancias, contrajeron deudas por 221 millones con los proveedores de los hospitales públicos y que consideraron, debe ser reconocida y saldada por la nueva administración estatal. “Los escenarios que se fueron presentando a lo largo de todos estos años, nos obligaban a tomar decisiones de vida y esa es la razón por la que solicitábamos apoyos a los proveedores, porque si no podríamos tener una catástrofe mayor. Eran decisiones para salvar vidas, lo que nosotros estábamos haciendo”, aseguraron.
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