Conagua acumulara aguas en las zonas indígenas chontales de Tabasco: Uribe Iniesta
(Segunda parte)
proporcionaron los funcionarios de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la reunión del 14 de noviembre con representantes de comunidades afectadas en Centla, dejó la idea de que acumularan todas las aguas excedentes, en las zonas indígenas chontales de Tabasco. Afirma el doctor Rodolfo Uribe Iniesta, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en las reflexiones escritas que hizo llegar a La Verdad del Sureste, en relación al diálogo que sostuvieron principalmente los funcionarios de la Conagua, Gilberto Segovia y el ingeniero Ernesto Arzola, con indígenas miembros del Consejo de Comunidades Unidas de Centla en villa Vicente Guerrero.
Uribe Iniesta, junto con otros profesionistas, forma parte del equipo de asesores del CCUC y estuvo presente en dicha reunión. En el documento que hizo llegar vía Internet, el investigador de la UNAM afirma que los funcionarios de Conagua, no fueron capaces de informar, cuál es la capacidad de embalse real actual de las presas de Chiapas. Siguen manteniendo la falacia, asegura, de que las presas retienen la misma cantidad de agua que cuando se construyeron hace 50, 40 y 30 años; de manera que, es imposible saber si una acción de desazolve de las mismas bajaría la presión sobre las obras y canales de la planicie.
También dejaron en claro, plantea, que con el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) se apuesta todo a la desviación de agua por la estructura de control del Macayo hacia el Canal Samaria por el lado del Mezcalapa y a la restauración del paso de las lagunas del Zapote del sistema de la Sierra y el Tulijá hacia el Grijalva, a través de las ventanas abiertas en éste, hacia las zonas indígenas de Tamulté de las Sabanas, Buenavista, Simón Sarlat y Caparroso.
A la pregunta de por qué el PHIT sólo describe obras en el Canal Samaria hasta Oxiacaque, sin especificar que va a pasar con las aguas excedentes que lleguen a las comunidades aguas abajo, en el Río González, humedales y lagunas intermedias, los representantes de la Conagua, mencionaron la necesidad de construir protecciones para las 4 villas (Simón Sarlat-Caparroso, Vicente Guerrero, Buenavista, Allende) pero que no se les había autorizado presupuesto para ello. Toda esta información dejó la idea, dice Uribe Iniesta, de que pretenden acumular todas las aguas excedentes en las zonas indígenas, sumando, tanto las del Mezcalapa como las de la Sierra y Tulijá. Con eso se refuerza la impresión de que se está siguiendo una política de sacrificar la zona indígena del estado, reiteró. Además, el hecho de que las “protecciones” que ellos mencionan no formen parte del PHIT y que su presupuesto no haya sido aprobado, es muestra clara de la actitud discriminatoria de Conagua contra estas poblaciones.
Cuando los funcionarios fueron cuestionados en torno a la posibilidad de que, siguiendo las recomendaciones incluidas en el propio PHIT, de cumplir con los principios de: Acción en todo el sistema hidráulico y no sólo en zonas parciales; reconstruir en lo posible el funcionamiento original del sistema deltáico; evitar construir una salida única de toda el agua; planear otras salidas del agua de las presas antes del Samaria. Los representantes de la Conagua, en esa reunión, demostraron no conocer el estudio y al autor del texto sobre el que se basa el PHIT, y respondieron, con respuestas superficiales y falsas para encubrir su desconocimiento, afirma el doctor en sociología.
Aceptaron que el bordo izquierdo de la zona que el PHIT llama “la Curva” -donde el Canal Samaria a la altura de norte de Villahermosa y Ocuilzapotlán da vuelta en ángulo recto de una dirección hacia el oriente a una dirección hacia el norte- está incompleto, dijo. En el PHIT, abunda el investigador del CRIM-Unam, esa zona está señalada como zona de riesgo porque recibirá el impacto de toda el agua excedente en una inundación extraordinaria que rebote de la estructura de control de El Macayo.
Se ostentaron las alternativas de manejo de tierras y actividades productivas que se está proponiendo para la población de la cuenca alta, que hasta ahora sólo tienen un nivel de parcelas y espacios demostrativos. Sin embargo, según afirmaron, dichas alternativas, no están siendo apoyadas por el gobierno de Chiapas con la importancia que esto requiere, con lo que, por contraste, hace notar Rodolfo Uribe, se hizo evidente el desinterés de generar alternativas de vida y producción para los habitantes aguas debajo del Macayo y Villahermosa.
Dejaron la impresión, sostiene, de que, en su relación con las comunidades, mantendrán la misma política que los negociadores de las reclamaciones petroleras que generaron los problemas sociales en los años 70 y 80 con las siguientes estrategias: En lugar de que el gobierno en sus tres niveles se haga responsable de los efectos generales y globales de diversos tipos que sufren las comunidades, como resultado de la aplicación del PHIT, cada una de las dependencias niega ser responsable de los efectos globales y hasta parciales, presentados como efecto de la acción de otra institución para desgastar en trámites a los ciudadano. Se busca descalificar la experiencia propia de la población, afirmando que las condiciones de vida de estos pueblos no han cambiado, negando el impacto de las obras.
El propio vocero de la Conagua (Gilberto Segovia), dice, quiso convencer a las comunidades de que antes ya hubo inundaciones que duraban 4 meses del año y que las actuales, que comenzaron en 2008 son producto solamente de que aumentó el nivel de lluvias. Se prepara, sostiene el doctor Uribe Iniesta, un escenario de “ratón loco” o “trompo”, como lo llamaba el exgobernador Salvador Neme, en donde el ciudadano tiene que acudir a muchas dependencias oficiales a negociar los problemas generales que le causan las obras, en lugar de que el gobierno genere una coordinación que permita un sistema de “ventanilla única” que atienda globalmente los problemas generados en cuestiones de infraestructura urbana, vivienda y servicios como los de salud, educación, entre otros. Hay una actitud de negociación, sobre la base de desplantes y “faroles” no basados en información correcta o fidedigna que pone innecesariamente en riesgo la credibilidad y honestidad de los agentes del gobierno, dice.
Uribe Iniesta, junto con otros profesionistas, forma parte del equipo de asesores del CCUC y estuvo presente en dicha reunión. En el documento que hizo llegar vía Internet, el investigador de la UNAM afirma que los funcionarios de Conagua, no fueron capaces de informar, cuál es la capacidad de embalse real actual de las presas de Chiapas. Siguen manteniendo la falacia, asegura, de que las presas retienen la misma cantidad de agua que cuando se construyeron hace 50, 40 y 30 años; de manera que, es imposible saber si una acción de desazolve de las mismas bajaría la presión sobre las obras y canales de la planicie.
También dejaron en claro, plantea, que con el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) se apuesta todo a la desviación de agua por la estructura de control del Macayo hacia el Canal Samaria por el lado del Mezcalapa y a la restauración del paso de las lagunas del Zapote del sistema de la Sierra y el Tulijá hacia el Grijalva, a través de las ventanas abiertas en éste, hacia las zonas indígenas de Tamulté de las Sabanas, Buenavista, Simón Sarlat y Caparroso.
A la pregunta de por qué el PHIT sólo describe obras en el Canal Samaria hasta Oxiacaque, sin especificar que va a pasar con las aguas excedentes que lleguen a las comunidades aguas abajo, en el Río González, humedales y lagunas intermedias, los representantes de la Conagua, mencionaron la necesidad de construir protecciones para las 4 villas (Simón Sarlat-Caparroso, Vicente Guerrero, Buenavista, Allende) pero que no se les había autorizado presupuesto para ello. Toda esta información dejó la idea, dice Uribe Iniesta, de que pretenden acumular todas las aguas excedentes en las zonas indígenas, sumando, tanto las del Mezcalapa como las de la Sierra y Tulijá. Con eso se refuerza la impresión de que se está siguiendo una política de sacrificar la zona indígena del estado, reiteró. Además, el hecho de que las “protecciones” que ellos mencionan no formen parte del PHIT y que su presupuesto no haya sido aprobado, es muestra clara de la actitud discriminatoria de Conagua contra estas poblaciones.
Cuando los funcionarios fueron cuestionados en torno a la posibilidad de que, siguiendo las recomendaciones incluidas en el propio PHIT, de cumplir con los principios de: Acción en todo el sistema hidráulico y no sólo en zonas parciales; reconstruir en lo posible el funcionamiento original del sistema deltáico; evitar construir una salida única de toda el agua; planear otras salidas del agua de las presas antes del Samaria. Los representantes de la Conagua, en esa reunión, demostraron no conocer el estudio y al autor del texto sobre el que se basa el PHIT, y respondieron, con respuestas superficiales y falsas para encubrir su desconocimiento, afirma el doctor en sociología.
Aceptaron que el bordo izquierdo de la zona que el PHIT llama “la Curva” -donde el Canal Samaria a la altura de norte de Villahermosa y Ocuilzapotlán da vuelta en ángulo recto de una dirección hacia el oriente a una dirección hacia el norte- está incompleto, dijo. En el PHIT, abunda el investigador del CRIM-Unam, esa zona está señalada como zona de riesgo porque recibirá el impacto de toda el agua excedente en una inundación extraordinaria que rebote de la estructura de control de El Macayo.
Se ostentaron las alternativas de manejo de tierras y actividades productivas que se está proponiendo para la población de la cuenca alta, que hasta ahora sólo tienen un nivel de parcelas y espacios demostrativos. Sin embargo, según afirmaron, dichas alternativas, no están siendo apoyadas por el gobierno de Chiapas con la importancia que esto requiere, con lo que, por contraste, hace notar Rodolfo Uribe, se hizo evidente el desinterés de generar alternativas de vida y producción para los habitantes aguas debajo del Macayo y Villahermosa.
Dejaron la impresión, sostiene, de que, en su relación con las comunidades, mantendrán la misma política que los negociadores de las reclamaciones petroleras que generaron los problemas sociales en los años 70 y 80 con las siguientes estrategias: En lugar de que el gobierno en sus tres niveles se haga responsable de los efectos generales y globales de diversos tipos que sufren las comunidades, como resultado de la aplicación del PHIT, cada una de las dependencias niega ser responsable de los efectos globales y hasta parciales, presentados como efecto de la acción de otra institución para desgastar en trámites a los ciudadano. Se busca descalificar la experiencia propia de la población, afirmando que las condiciones de vida de estos pueblos no han cambiado, negando el impacto de las obras.
El propio vocero de la Conagua (Gilberto Segovia), dice, quiso convencer a las comunidades de que antes ya hubo inundaciones que duraban 4 meses del año y que las actuales, que comenzaron en 2008 son producto solamente de que aumentó el nivel de lluvias. Se prepara, sostiene el doctor Uribe Iniesta, un escenario de “ratón loco” o “trompo”, como lo llamaba el exgobernador Salvador Neme, en donde el ciudadano tiene que acudir a muchas dependencias oficiales a negociar los problemas generales que le causan las obras, en lugar de que el gobierno genere una coordinación que permita un sistema de “ventanilla única” que atienda globalmente los problemas generados en cuestiones de infraestructura urbana, vivienda y servicios como los de salud, educación, entre otros. Hay una actitud de negociación, sobre la base de desplantes y “faroles” no basados en información correcta o fidedigna que pone innecesariamente en riesgo la credibilidad y honestidad de los agentes del gobierno, dice.
