Condena Rosalinda discriminación laboral a mujeres embarazadas
Propone otorgar estimulo fiscal a empresas que contraten o mantengan a mujeres embarazadas
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.- Para evitar la discriminación laboral por maternidad en el país, la senadora por Tabasco, Rosalinda López Hernández, planteó la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo para prohibir al patrón o representante solicitar a las trabajadoras el certificado de no embarazo.
En segundo lugar, explicó que se propone que el Estado asuma parte del costo de tan encomiable prestación, a través de un mecanismo que no represente una erogación de recursos previamente obtenidos, es decir, la contribución del Estado sería parte del Presupuesto de Gastos Fiscales, el cual es definido por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como los apoyos indirectos autoaplicativos del Gobierno hacia diversos sectores de la economía o de contribuyentes. Manifestó que estos apoyos son otorgados a través del marco tributario, que no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a sus beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos.
La propuesta, que también suscriben los senadores perredistas, María del Socorro García Quiroz y Tomás Torres Mercado, contempla otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, consistente en poder deducir de sus ingresos acumulables, por el ejercicio correspondiente, un monto adicional equivalente del 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las trabajadoras aseguradas en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el periodo de descanso a que tienen derecho por situación de embarazo y puerperio. Añadió que esto se hará efectivo, siempre y cuando se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social por lo cual se dispone que queda a cargo del patrón el pago del salario íntegro.
Cabe señalar que ese tipo de estímulos fiscales ha sido utilizado para fomentar al primer empleo, o la contratación de trabajadores de 65 años y más, y trabajadores con capacidades diferentes. Rosalinda López, destacó que con esta propuesta tanto el Estado como el patrón asumirían su responsabilidad en la atención de la demanda social de las trabajadoras embarazadas que no cumplen con el requisito de las semanas cotizadas, con lo cual se pretende inhibir la solicitud de la denigrante prueba de no gravidez. La senadora del PRD, citó que la discriminación por embarazo, se trata de una forma de rechazo laboral que padecen las mujeres en nuestro país por el simple hecho de tener características biológicas y físicas distintas a las de los hombres. Y agregó que la posibilidad de ser madres constituye un gran obstáculo para acceder o permanecer en el mercado laboral. “El despido por embarazo y la solicitud del examen o certificado de no gravidez son prácticas discriminatorias que no hemos logrado desterrar a pesar de la presión social que existe en ese sentido y de las diversas iniciativas de reforma que con ese propósito han sido presentadas en los últimos años”, apuntó. Sobre el particular, expuso que tan solo el IMSS destina recursos económicos importantes para sufragar el subsidio de maternidad cuando la asegurada cumple con los requisitos establecidos por la Ley. En los últimos diez años el importe de este subsidio ha sido mayor a los 28 mil millones de pesos, tan sólo en 2010 se erogaron 3 mil 677 millones 527 mil 246 pesos para costear 458 mil 962 certificados de incapacidad por maternidad, según consta en informes del IMSS. La misma fuente indica que la gran mayoría de las solicitudes son subsidiadas por el IMSS y que sólo el 12 por ciento de los certificados tramitados (con un monto aproximado de 500 millones de pesos al año) no producen subsidio, mismos que podría inferirse son asumidos por los patrones. Para la también secretaria de la Comisión de Seguridad Social, aun cuando se trata de una problemática grave, resulta muy lamentable que a estas fechas la Ley Federal del Trabajo no prohíba, de manera expresa, la discriminación hacia las mujeres embarazadas que solicitan un empleo, o que ya se encuentran trabajando. Por ello dijo que resulta lamentable también que la Ley del Seguro Social prevea una modalidad de prestación económica para la trabajadora embarazada que fomenta la discriminación laboral, particularmente la exigencia por parte de muchas empresas del ominoso certificado de ingravidez como requisito indispensable para que una mujer sea contratada, limitando las oportunidades de trabajo para quienes están embarazadas.
En segundo lugar, explicó que se propone que el Estado asuma parte del costo de tan encomiable prestación, a través de un mecanismo que no represente una erogación de recursos previamente obtenidos, es decir, la contribución del Estado sería parte del Presupuesto de Gastos Fiscales, el cual es definido por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como los apoyos indirectos autoaplicativos del Gobierno hacia diversos sectores de la economía o de contribuyentes. Manifestó que estos apoyos son otorgados a través del marco tributario, que no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a sus beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos.
La propuesta, que también suscriben los senadores perredistas, María del Socorro García Quiroz y Tomás Torres Mercado, contempla otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, consistente en poder deducir de sus ingresos acumulables, por el ejercicio correspondiente, un monto adicional equivalente del 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las trabajadoras aseguradas en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el periodo de descanso a que tienen derecho por situación de embarazo y puerperio. Añadió que esto se hará efectivo, siempre y cuando se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social por lo cual se dispone que queda a cargo del patrón el pago del salario íntegro.
Cabe señalar que ese tipo de estímulos fiscales ha sido utilizado para fomentar al primer empleo, o la contratación de trabajadores de 65 años y más, y trabajadores con capacidades diferentes. Rosalinda López, destacó que con esta propuesta tanto el Estado como el patrón asumirían su responsabilidad en la atención de la demanda social de las trabajadoras embarazadas que no cumplen con el requisito de las semanas cotizadas, con lo cual se pretende inhibir la solicitud de la denigrante prueba de no gravidez. La senadora del PRD, citó que la discriminación por embarazo, se trata de una forma de rechazo laboral que padecen las mujeres en nuestro país por el simple hecho de tener características biológicas y físicas distintas a las de los hombres. Y agregó que la posibilidad de ser madres constituye un gran obstáculo para acceder o permanecer en el mercado laboral. “El despido por embarazo y la solicitud del examen o certificado de no gravidez son prácticas discriminatorias que no hemos logrado desterrar a pesar de la presión social que existe en ese sentido y de las diversas iniciativas de reforma que con ese propósito han sido presentadas en los últimos años”, apuntó. Sobre el particular, expuso que tan solo el IMSS destina recursos económicos importantes para sufragar el subsidio de maternidad cuando la asegurada cumple con los requisitos establecidos por la Ley. En los últimos diez años el importe de este subsidio ha sido mayor a los 28 mil millones de pesos, tan sólo en 2010 se erogaron 3 mil 677 millones 527 mil 246 pesos para costear 458 mil 962 certificados de incapacidad por maternidad, según consta en informes del IMSS. La misma fuente indica que la gran mayoría de las solicitudes son subsidiadas por el IMSS y que sólo el 12 por ciento de los certificados tramitados (con un monto aproximado de 500 millones de pesos al año) no producen subsidio, mismos que podría inferirse son asumidos por los patrones. Para la también secretaria de la Comisión de Seguridad Social, aun cuando se trata de una problemática grave, resulta muy lamentable que a estas fechas la Ley Federal del Trabajo no prohíba, de manera expresa, la discriminación hacia las mujeres embarazadas que solicitan un empleo, o que ya se encuentran trabajando. Por ello dijo que resulta lamentable también que la Ley del Seguro Social prevea una modalidad de prestación económica para la trabajadora embarazada que fomenta la discriminación laboral, particularmente la exigencia por parte de muchas empresas del ominoso certificado de ingravidez como requisito indispensable para que una mujer sea contratada, limitando las oportunidades de trabajo para quienes están embarazadas.
