México, Distrito Federal a 09 de Abril de 2001.- La senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, confío en que proceda la controversia constitucional presentada por los cinco presidentes municipales del PRD en Tabasco ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que los contratos incentivados de PEMEX vulneran el sistema recaudatorio de municipios con alta producción petrolera.
Al respecto, dijo que los Presidentes Municipales de Cunduacán, Juan Armando Gordillo de Dios; de Jalapa, Luis Francisco Deyá; de Jonuta, Dr. Armando Narciso Correa Peña; de Paraíso, Cristóbal Javier Angulo; y de Tenosique, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, todos del estado de Tabasco, explicaron que este recurso considera que el Poder Ejecutivo federal, Petróleos Mexicanos y Pemex, Exploración y Producción violaron diversos artículos de la Constitución Política ya que la aprobación de estos convenios no permite asegurar la soberanía energética nacional sobre sus hidrocarburos.
Acompañados por los Senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Núñez Jiménez, diputados federales y Claudia Sheinbaum, integrante del gobierno legítimo, los alcaldes plantearon que la Corte declare inválido estos contratos ya que las bases de la licitación pública internacional para llevarlos a cabo vulneran la hacienda de los municipios tabasqueños de Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique.
Rosalinda López comentó que una de las razones que motivó a presentar esta controversia es la necesidad de garantizar que los municipios tengan derecho a participar de la renta petrolera, puesto que estos recursos integran la recaudación federal participable.
También, dijo que se considera que los contratos incentivados son inconvenientes ya que disminuyen la renta petrolera, así como los recursos que reciben por otros conceptos como excedentes petroleros o del Fondo de Estabilización -Derecho sobre hidrocarburos-.
«El contrato que se pretende firmar no garantiza las mejores condiciones para el Estado, aumentando los costos de producción con lo cual se disminuye la renta petrolera», se enfatiza en el documento que contiene la controversia constitucional.
Asimismo, añadió que se especifica que estos contratos obligan a Pemex Exploración y Producción a calcular el valor de la producción y por lo tanto los ingresos a repartir utilizando precios de referencia en los Estados Unidos.
«A partir del modelo de contrato, existe una transferencia de renta petrolera, a través de esquemas de remuneración que implican mecanismos sujetos a circunstancias futuras», establecieron los presidentes municipales y legisladores que acudieron a la SCJN.
La senadora del PRD, acotó que el proyecto de contrato también viola la Constitución Federal, en sus artículos 25, 27 y 28 al no asegurar la soberanía energética nacional sobre sus hidrocarburos, incluso acusaron que «la duración del contrato es de 25 años pero prevé ampliaciones, y el tamaño del bloque asignado también podría ampliarse».
Al respecto, dijo que los Presidentes Municipales de Cunduacán, Juan Armando Gordillo de Dios; de Jalapa, Luis Francisco Deyá; de Jonuta, Dr. Armando Narciso Correa Peña; de Paraíso, Cristóbal Javier Angulo; y de Tenosique, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, todos del estado de Tabasco, explicaron que este recurso considera que el Poder Ejecutivo federal, Petróleos Mexicanos y Pemex, Exploración y Producción violaron diversos artículos de la Constitución Política ya que la aprobación de estos convenios no permite asegurar la soberanía energética nacional sobre sus hidrocarburos.
Acompañados por los Senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Núñez Jiménez, diputados federales y Claudia Sheinbaum, integrante del gobierno legítimo, los alcaldes plantearon que la Corte declare inválido estos contratos ya que las bases de la licitación pública internacional para llevarlos a cabo vulneran la hacienda de los municipios tabasqueños de Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique.
Rosalinda López comentó que una de las razones que motivó a presentar esta controversia es la necesidad de garantizar que los municipios tengan derecho a participar de la renta petrolera, puesto que estos recursos integran la recaudación federal participable.
También, dijo que se considera que los contratos incentivados son inconvenientes ya que disminuyen la renta petrolera, así como los recursos que reciben por otros conceptos como excedentes petroleros o del Fondo de Estabilización -Derecho sobre hidrocarburos-.
«El contrato que se pretende firmar no garantiza las mejores condiciones para el Estado, aumentando los costos de producción con lo cual se disminuye la renta petrolera», se enfatiza en el documento que contiene la controversia constitucional.
Asimismo, añadió que se especifica que estos contratos obligan a Pemex Exploración y Producción a calcular el valor de la producción y por lo tanto los ingresos a repartir utilizando precios de referencia en los Estados Unidos.
«A partir del modelo de contrato, existe una transferencia de renta petrolera, a través de esquemas de remuneración que implican mecanismos sujetos a circunstancias futuras», establecieron los presidentes municipales y legisladores que acudieron a la SCJN.
La senadora del PRD, acotó que el proyecto de contrato también viola la Constitución Federal, en sus artículos 25, 27 y 28 al no asegurar la soberanía energética nacional sobre sus hidrocarburos, incluso acusaron que «la duración del contrato es de 25 años pero prevé ampliaciones, y el tamaño del bloque asignado también podría ampliarse».
