El Congreso de la Unión avaló entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2025 cinco decretos clave: Guardia Nacional, combate al lavado de dinero, búsqueda de desaparecidos, inteligencia y una agencia antimonopolio, conformando un nuevo andamiaje legal contra la delincuencia.
La reforma constitucional fortalece el mando militar en la Guardia Nacional, incorporándola plenamente en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La GN podrá intervenir en delitos federales y locales, investigar y actuar rápidamente, además de cooperar con autoridades estatales y municipales bajo convenios explícitos.
Rendirá cuentas ante el Senado y sus elementos deberán mantener un perfil incorruptible, respetar los derechos humanos y con control parlamentario.
Se reformaron seis leyes y dos códigos militares, instaurando un Consejo Superior de Disciplina para revisar posibles faltas de mandos. También se establece límite en intervenciones a comunicaciones privadas: solo aplicables en 21 delitos federales definidos por ley.
Diputados y senadores oficialistas defendieron las reformas como necesarias para un modelo de seguridad más eficaz e integrado, respaldado por la confianza del 80?% de la población en la Guardia Nacional, según el comandante Hernán Cortés Hernández.
En contraste, opositores como PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que militarizar la seguridad pública aleja la meta de devolver a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
