Congreso de la Unión debe velar porque actividad petrolera no afecte la pesquera
Planteó ayer Hugo Ireta Guzmán, representante de la Asociación Ecológica Santo Tomás
“El Congreso de la Unión debe efectuar una revisión integral y evaluar la problemática pesquera generada por el marco legal del Decreto 117, con el fin de armonizar la actividad petrolera con la pesquera para evitar conflictos en su desarrollo, no se debe desmantelar al sector pesquero por priorizar el petrolero”. Planteó ayer Hugo Ireta Guzmán, representante de la Asociación Ecológica Santo Tomás, durante su ponencia “Pesca y petróleo en el Golfo de México” en el Primer Seminario Internacional e Interdisciplinar en México sobre Estudios de Pesca organizado por el Colegio de la Frontera Sur. El evento se llevó a cabo a lo largo de dos días en el Instituto Tecnológico de Villahermosa y participaron principalmente investigadores de distintas universidades y centros de investigación del país – de Tabasco el Colegio de la Frontera Sur y la UJAT-, de la Universidad de Extremadura, España y de la Universidad de York, de Toronto, Canadá.
Es necesario también, dijo, que los gobernadores de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, se reúnan para lograr puntos de acuerdos encaminados a resolver el destino del sector pesquero en sus correspondientes entidades e impulsar políticas pesqueras destinadas al aprovechamiento del potencial marino. Dentro de las conclusiones de su trabajo, Ireta Guzmán mencionó que cuando Pemex entra al Golfo de México, a mediados de los 70s, su presencia no fue vista como un problema por el sector pesquero, el mar era compartido por esas dos actividades económicas. Esa situación se revirtió después de la explosión del Ixtoc que causó daños a las áreas de pesca de miles de personas dedicadas a esa actividad de la costa de Tabasco y Campeche, afirmó, que es cuando la pesca empieza a mostrar cambios en la producción. Y como consecuencia originó una serie de protestas contra la actividad petrolera, principalmente en Ciudad del Carmen, Campeche. Eso ocurrió, afirmó, a la par que crecía la importancia nacional e internacional de la zona por su producción petrolera y ya entonces el discurso oficial culpaba a los pescadores de la situación que estaban viviendo. A partir de ahí, expuso Ireta Guzmán, se vienen dando dos situaciones, por un lado la ampliación de las áreas de actividad petrolera y restricciones a los pescadores para navegar en diversas áreas de trabajo de las empresas petroleras en el mar, y por el otro lado la reducción de las áreas de pesca en altamar.
Esas restricciones inician oficialmente desde mediados de los 90, con la creación de comités de seguridad a raíz del levantamiento zapatista y se consolidan a finales de los años 90, cuando se ampliaron las zonas de restricción a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas de Nueva York. Pero también, esas restricciones son complementadas con otras iniciativas internacionales en materia comercial marítima, y “convierten a la Armada de México, previos acuerdos con la paraestatal PEMEX, en el policía que no permite el tránsito por diversas áreas del golfo de México a toda embarcación que no tenga nada que ver con la industria petrolera y transforma a todo aquel o aquello que no tenga nada que ver con la actividad petrolera, en una potencial amenaza para los intereses petroleros”. Cabe destacar que en la toma de decisiones para delimitar esas zonas no se encontraron evidencias de que se involucrara o se consultara a los miles de pescadores que de manera indirecta se ven afectados con la prohibición del paso a una importante área del Golfo de México.
Esa situación, mencionó, ha orillado a los pescadores a que se alejen cada vez más de la costa, con el incremento de costo en combustible y los riesgos para la seguridad de los que salen a pescar porque se les ha criminalizado. A la par de esas restricciones el Estado ha iniciado una serie de programas que buscan ofrecer apoyos a los pescadores, presuntamente, para que lo que dejaron de obtener del mar lo puedan obtener en tierra. Como parte de esa política, incluso, compran los permisos de pesca a los dueños de barcos con el argumento de apoyarlos ante la falta de ingresos por pesca, con el propósito de disminuir la presencia de embarcaciones pesqueras en el Golfo de México. Antes, Hugo Ireta explicó que las restricciones a buques no participantes en las actividades petroleras en la Sonda de Campeche empiezan en 1988 y se establece que la terminal marítima petrolera a la altura de Cayo Arcas, estará vigilado y regulado durante las 24 horas del día por los supervisores del trafico marino de Petróleos Mexicanos. Las restricciones continúan con el Acuerdo Intersecretarial 117, que amplía la zona de prevención y de exclusión en la Sonda de Campeche, prohibiendo a los barcos camaroneros y pesqueros realicen actividades, en una zona de 65 mil kilómetros cuadrados.
PEMEX justifica este acuerdo, mencionó Hugo Ireta, al señalar que “debemos recordar que somos el principal proveedor de hidrocarburos de los Estados Unidos, país que desde el 11 de Septiembre de 2001, vive bajo la amenaza del terrorismo. Y los países como México, que les proveemos algún tipo de servicio, geográficamente nos encontramos en una posición que nos vuelve altamente vulnerables a este tipo de amenazas”. Ante este conflicto que surgió entre Pemex y los pescadores, el Estado surgió como mediador y ofreció al sector social el establecimiento de fideicomisos integrados por PEMEX y las instancias del gobierno federal, estatal y municipal para proporcionar apoyos de financiamientos a proyectos productivos como actividad alterna a la pesca en el mar.
Se somete el proyecto Fideicomiso del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México (FIFOPESCA) a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), siendo aprobado a mediados del 2004. Se incluye en el FIFOPESCA a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, siendo sujetos de apoyo sólo los productores que cumplan con la población objetivo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca. El Fideicomiso definió especies prioritarias por estados con ayuda de CONAPESCA y en concordancia con las políticas nacionales de desarrollo del sector. Los objetivos principales de FIFOPESCA, mencionó el representante de Santo Tomás, son la reconversión productiva, crear y fortalecer redes de valor, promover y acompañar el desarrollo de proyectos productivos articulados, planes de manejo de embalses en aguas interiores, desarrollar proyectos de acuacultura rural e implementar acciones de capacitación. En el 2005, dijo, la FAO señalaba que el FIFOPESCA ha sido incapaz de motivar a la población objetivo para aplicar el apoyo. La SAGARPA en Tabasco, mencionó Ireta Guzmán, al ver el desinterés de los pescadores de la zona por hacer uso del FIFOPESCA y no recibir solicitudes canalizó los apoyos a zonas impactadas por la actividad petrolera. En el año 2006, la FAO de nuevo afirma que los “objetivos de este programa y la población objetivo de beneficiarios correspondiente no estaban siendo incluidos por los apoyos otorgados por este Fondo que debería mitigar el desplazamiento de pescadores que operaban en aguas del Golfo de México que actualmente ocupan las instalaciones de extracción de petróleo”. Algunos pescadores, afirman que entrar a concursar al Fondo es muy difícil porque son muchos los requisitos que piden para elaborar un proyecto, hay candados que dificultan la aprobación, entre ellos que deben ser miembros de una cooperativa pesquera o permisionario. Hugo Ireta expuso que año con año, Pemex ha ofrecido año recursos a los estados en donde tiene presencia, entre ellos Tabasco y Campeche, mediante la entrega de donativos y donaciones, que incluyen diversos apoyos a los sectores productivos, entre ellos los pescadores.
Mencionó que los pescadores opinan que esos proyectos productivos no van de acuerdo a sus conocimientos, les ofrecen una bolsa de dinero para que ellos presenten proyectos productivos alternativos a la actividad pesquera. El problema radica, dijo, en que ellos no están preparados para presentar estos proyectos productivos, tienen que contratar a un proyectista o alguien que esté preparado para eso. Ellos no conocen como trabajar proyectos de acuacultura o de maricultura, porque nunca domesticaron ninguna especie. Para el caso de Tabasco el apoyo que otorga PEMEX no baja directamente a los pescadores, sino que intermedia la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), del gobierno del Estado y esta atiende, en la medida de sus posibilidades financieras y programáticas, solicitudes especificas del sector pesquero, agregó.
Es necesario también, dijo, que los gobernadores de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, se reúnan para lograr puntos de acuerdos encaminados a resolver el destino del sector pesquero en sus correspondientes entidades e impulsar políticas pesqueras destinadas al aprovechamiento del potencial marino. Dentro de las conclusiones de su trabajo, Ireta Guzmán mencionó que cuando Pemex entra al Golfo de México, a mediados de los 70s, su presencia no fue vista como un problema por el sector pesquero, el mar era compartido por esas dos actividades económicas. Esa situación se revirtió después de la explosión del Ixtoc que causó daños a las áreas de pesca de miles de personas dedicadas a esa actividad de la costa de Tabasco y Campeche, afirmó, que es cuando la pesca empieza a mostrar cambios en la producción. Y como consecuencia originó una serie de protestas contra la actividad petrolera, principalmente en Ciudad del Carmen, Campeche. Eso ocurrió, afirmó, a la par que crecía la importancia nacional e internacional de la zona por su producción petrolera y ya entonces el discurso oficial culpaba a los pescadores de la situación que estaban viviendo. A partir de ahí, expuso Ireta Guzmán, se vienen dando dos situaciones, por un lado la ampliación de las áreas de actividad petrolera y restricciones a los pescadores para navegar en diversas áreas de trabajo de las empresas petroleras en el mar, y por el otro lado la reducción de las áreas de pesca en altamar.
Esas restricciones inician oficialmente desde mediados de los 90, con la creación de comités de seguridad a raíz del levantamiento zapatista y se consolidan a finales de los años 90, cuando se ampliaron las zonas de restricción a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas de Nueva York. Pero también, esas restricciones son complementadas con otras iniciativas internacionales en materia comercial marítima, y “convierten a la Armada de México, previos acuerdos con la paraestatal PEMEX, en el policía que no permite el tránsito por diversas áreas del golfo de México a toda embarcación que no tenga nada que ver con la industria petrolera y transforma a todo aquel o aquello que no tenga nada que ver con la actividad petrolera, en una potencial amenaza para los intereses petroleros”. Cabe destacar que en la toma de decisiones para delimitar esas zonas no se encontraron evidencias de que se involucrara o se consultara a los miles de pescadores que de manera indirecta se ven afectados con la prohibición del paso a una importante área del Golfo de México.
Esa situación, mencionó, ha orillado a los pescadores a que se alejen cada vez más de la costa, con el incremento de costo en combustible y los riesgos para la seguridad de los que salen a pescar porque se les ha criminalizado. A la par de esas restricciones el Estado ha iniciado una serie de programas que buscan ofrecer apoyos a los pescadores, presuntamente, para que lo que dejaron de obtener del mar lo puedan obtener en tierra. Como parte de esa política, incluso, compran los permisos de pesca a los dueños de barcos con el argumento de apoyarlos ante la falta de ingresos por pesca, con el propósito de disminuir la presencia de embarcaciones pesqueras en el Golfo de México. Antes, Hugo Ireta explicó que las restricciones a buques no participantes en las actividades petroleras en la Sonda de Campeche empiezan en 1988 y se establece que la terminal marítima petrolera a la altura de Cayo Arcas, estará vigilado y regulado durante las 24 horas del día por los supervisores del trafico marino de Petróleos Mexicanos. Las restricciones continúan con el Acuerdo Intersecretarial 117, que amplía la zona de prevención y de exclusión en la Sonda de Campeche, prohibiendo a los barcos camaroneros y pesqueros realicen actividades, en una zona de 65 mil kilómetros cuadrados.
PEMEX justifica este acuerdo, mencionó Hugo Ireta, al señalar que “debemos recordar que somos el principal proveedor de hidrocarburos de los Estados Unidos, país que desde el 11 de Septiembre de 2001, vive bajo la amenaza del terrorismo. Y los países como México, que les proveemos algún tipo de servicio, geográficamente nos encontramos en una posición que nos vuelve altamente vulnerables a este tipo de amenazas”. Ante este conflicto que surgió entre Pemex y los pescadores, el Estado surgió como mediador y ofreció al sector social el establecimiento de fideicomisos integrados por PEMEX y las instancias del gobierno federal, estatal y municipal para proporcionar apoyos de financiamientos a proyectos productivos como actividad alterna a la pesca en el mar.
Se somete el proyecto Fideicomiso del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México (FIFOPESCA) a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), siendo aprobado a mediados del 2004. Se incluye en el FIFOPESCA a los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, siendo sujetos de apoyo sólo los productores que cumplan con la población objetivo y que estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca. El Fideicomiso definió especies prioritarias por estados con ayuda de CONAPESCA y en concordancia con las políticas nacionales de desarrollo del sector. Los objetivos principales de FIFOPESCA, mencionó el representante de Santo Tomás, son la reconversión productiva, crear y fortalecer redes de valor, promover y acompañar el desarrollo de proyectos productivos articulados, planes de manejo de embalses en aguas interiores, desarrollar proyectos de acuacultura rural e implementar acciones de capacitación. En el 2005, dijo, la FAO señalaba que el FIFOPESCA ha sido incapaz de motivar a la población objetivo para aplicar el apoyo. La SAGARPA en Tabasco, mencionó Ireta Guzmán, al ver el desinterés de los pescadores de la zona por hacer uso del FIFOPESCA y no recibir solicitudes canalizó los apoyos a zonas impactadas por la actividad petrolera. En el año 2006, la FAO de nuevo afirma que los “objetivos de este programa y la población objetivo de beneficiarios correspondiente no estaban siendo incluidos por los apoyos otorgados por este Fondo que debería mitigar el desplazamiento de pescadores que operaban en aguas del Golfo de México que actualmente ocupan las instalaciones de extracción de petróleo”. Algunos pescadores, afirman que entrar a concursar al Fondo es muy difícil porque son muchos los requisitos que piden para elaborar un proyecto, hay candados que dificultan la aprobación, entre ellos que deben ser miembros de una cooperativa pesquera o permisionario. Hugo Ireta expuso que año con año, Pemex ha ofrecido año recursos a los estados en donde tiene presencia, entre ellos Tabasco y Campeche, mediante la entrega de donativos y donaciones, que incluyen diversos apoyos a los sectores productivos, entre ellos los pescadores.
Mencionó que los pescadores opinan que esos proyectos productivos no van de acuerdo a sus conocimientos, les ofrecen una bolsa de dinero para que ellos presenten proyectos productivos alternativos a la actividad pesquera. El problema radica, dijo, en que ellos no están preparados para presentar estos proyectos productivos, tienen que contratar a un proyectista o alguien que esté preparado para eso. Ellos no conocen como trabajar proyectos de acuacultura o de maricultura, porque nunca domesticaron ninguna especie. Para el caso de Tabasco el apoyo que otorga PEMEX no baja directamente a los pescadores, sino que intermedia la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), del gobierno del Estado y esta atiende, en la medida de sus posibilidades financieras y programáticas, solicitudes especificas del sector pesquero, agregó.
