Constituyen formalmente la Red Mexicana de Reducción de Daños
Numerosos estudios han demostrado que la “reducción de daños” no aumenta el crimen ni afecta el orden público, por el contrario es una esta dirigida a disminuir los efectos negativos del uso de dichas drogas o patologías asociadas
En el marco del XII Congreso Nacional sobre el Sida, ayer quedo formalmente constituida la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) y llevó a cabo su primer encuentro con organizaciones civiles que trabajan en la prevención del VIH en poblaciones consumidoras de drogas inyectables.
El evento fue inaugurado por el director de Programas Preventivos de la Secretaria de Salud Pública, Ramón de Jesús Velarde Ayala, quien estuvo acompañado en el presidium por el Director de Prevenciones y Participación Social de Conasida, dr. Carlos García de León; el director del Programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Hernández Forcada.
Ahí también hicieron acto de presencia la directora de population Services Internacional (PCI), Pamela Rita Faura y Julian Rojas Padilla, promotor de salud de la organización Compañeros de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pamela Rita Faura de PCI mencionó que el propósito de esa reunión fue conformar la Red Mexicana de Reducción de Riesgos a la que calificó de “histórica”, que reúne a instituciones, especialistas personas y organizaciones que han asumido la responsabilidad de trabajar con la gente que se encuentra en una situación vulnerable ante el consumo de drogas inyectadas.
Destacó que numerosos estudios han demostrado que la “reducción de daños” no aumenta el crimen ni afecta el orden público, por el contrario es una esta dirigida a disminuir los efectos negativos del uso de dichas drogas o patologías asociadas.
Sabemos que la prevención exitosa en el VIH /SIDA, entre los usuarios y usuarias de droga inyectadas requiere de la cooperación entre la sociedad civil y los gobiernos federales, estatales y locales.
Debemos reconocer y aceptar que el problema del uso de drogas va a persistir y que ante ese panorama, de manera coordinada, hay que diseñar políticas públicas y programa integrales que permitan reducir los riesgos y daños de los usuarios de drogas.
El Director del Programa de VIH de la CNDH, Ricardo Hernández Forcada, declaró que para esa institución es claro que el derecho a la salud implica recibir servicios de salud, sin el miedo a ser castigado por ello y que una de las vías de contagio del VIH es la sanguínea y que puede ocurrir a través de la utilización compartida de agujas en el suministro de la drogas.
Mencionó que en México los usuarios de drogas inyectables representan el 1.4 de los casos acumulados de portadores de SIDA y que se concentran en las ciudades de la frontera norte, pero que ya se han identificado otros lugares de consumo en otros lugares del país.
“Esos usuarios viven en un ambiente de criminalización, y debido al estigma se alejan de los servicios de salud y educación, como resultado de la falta de respeto a sus derechos humanos”
Por no tener acceso al derechos a la información, dijo, desconocen las formas mas seguras de inyectarse o de evitar infecciones virales como el VIH y otras infecciones virales en las venas.
Como elementos esenciales para prevenir y atender los usuarios de drogas inyectables, mencionó que son necesarias, la detección oportuna , la implementación de medidas para mitigar el daño, la cobertura universal de salud, la asistencia para la recuperación de la addcion.
Pero también el respeto “absoluto” a sus derechos humanos, una cultura de la legalidad, que significa aplicar la ley de manera permanente y estable para todos, en igualdad de circunstancias, y políticas públicas basadas en evidencia e información epidemiológica precisa, sin olvidar la detección del VIH con coinfecciones como las hepatitis B o C y tuberculosis.
Las personas usuarias de drogas inyectable s, en general suelen ser víctimas de diferentes abusos por parte de las autoridades, como negarles atención médica, abusos policíacos, aprovecharse de ellos para obtener información, mantenerlos encarcelados en instalaciones sobrepoblados, en abstinencia sin ningún control médico y encarcelarlos sin sujetarlos a ningún proceso.
Por esa razón me parece fundamental que esta reunión aborde la perspectiva de derechos humanos a la hora de enfrentar ese tipo de realidades de la pandemia, lo cual, por lo general ha quedado de soslayo en la atención pública del estado mexicano, agregó.
Al tomar la palabra, el Director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional contra el Sida (Conasida) expuso que si el estado mexicano tiene una deuda ya histórica en el trabajo del Sida, es justamente con los usuarios y usuarias de drogas.
“La situación que viven esas personas es, de verdad, uno de los mas terribles extremos en cuanto a discriminación y estigma se refiere, pero adicionalmente es una forma de transmisión muy eficaz, que por las condiciones y por todas las vulnerabilidades que les rodean se incrementan”.
Entonces lo primero que reconocer es que tenemos esa deuda y que hay que trabajar en ello.
Por eso, dijo, vemos con beneplácito la conformación de Redumex , por la posibilidad de un trabajo conjunto, en donde las lecciones aprendidas de unos y otros podrán hacer más eficiente el trabajo, luego reconoció el trabajo “ejemplar” de la sociedad civil con una población de tan difícil acceso.
De cara a cara con un absoluto respeto y reconocimiento de que esas personas son usuarias de drogas, pero al fin personas.
Por su parte el licenciado Julian Rojas Padilla, ex usuarios de drogas inyectables y ahora promotor de la salud entre esa población, dijo que el haber sido consumidor de esos estupefacientes le permite empatizar con esa población totalmente vulnerable a contraer o transmitir el VIH, por no tener cuidado en compartir sus equipos para inyectarse.
Expuso que como parte de la organización Compañeros han estado impulsando, entre usuarios de drogas inyectables, que hagan un despliegue de liderazgo para la defensa de sus derechos humanos y consideró que ese foro y la constitución de esta red, puede ser la punta de lanza para asumir más ese compromiso para que esa población reciba mejor atención.
El evento fue inaugurado por el director de Programas Preventivos de la Secretaria de Salud Pública, Ramón de Jesús Velarde Ayala, quien estuvo acompañado en el presidium por el Director de Prevenciones y Participación Social de Conasida, dr. Carlos García de León; el director del Programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Hernández Forcada.
Ahí también hicieron acto de presencia la directora de population Services Internacional (PCI), Pamela Rita Faura y Julian Rojas Padilla, promotor de salud de la organización Compañeros de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pamela Rita Faura de PCI mencionó que el propósito de esa reunión fue conformar la Red Mexicana de Reducción de Riesgos a la que calificó de “histórica”, que reúne a instituciones, especialistas personas y organizaciones que han asumido la responsabilidad de trabajar con la gente que se encuentra en una situación vulnerable ante el consumo de drogas inyectadas.
Destacó que numerosos estudios han demostrado que la “reducción de daños” no aumenta el crimen ni afecta el orden público, por el contrario es una esta dirigida a disminuir los efectos negativos del uso de dichas drogas o patologías asociadas.
Sabemos que la prevención exitosa en el VIH /SIDA, entre los usuarios y usuarias de droga inyectadas requiere de la cooperación entre la sociedad civil y los gobiernos federales, estatales y locales.
Debemos reconocer y aceptar que el problema del uso de drogas va a persistir y que ante ese panorama, de manera coordinada, hay que diseñar políticas públicas y programa integrales que permitan reducir los riesgos y daños de los usuarios de drogas.
El Director del Programa de VIH de la CNDH, Ricardo Hernández Forcada, declaró que para esa institución es claro que el derecho a la salud implica recibir servicios de salud, sin el miedo a ser castigado por ello y que una de las vías de contagio del VIH es la sanguínea y que puede ocurrir a través de la utilización compartida de agujas en el suministro de la drogas.
Mencionó que en México los usuarios de drogas inyectables representan el 1.4 de los casos acumulados de portadores de SIDA y que se concentran en las ciudades de la frontera norte, pero que ya se han identificado otros lugares de consumo en otros lugares del país.
“Esos usuarios viven en un ambiente de criminalización, y debido al estigma se alejan de los servicios de salud y educación, como resultado de la falta de respeto a sus derechos humanos”
Por no tener acceso al derechos a la información, dijo, desconocen las formas mas seguras de inyectarse o de evitar infecciones virales como el VIH y otras infecciones virales en las venas.
Como elementos esenciales para prevenir y atender los usuarios de drogas inyectables, mencionó que son necesarias, la detección oportuna , la implementación de medidas para mitigar el daño, la cobertura universal de salud, la asistencia para la recuperación de la addcion.
Pero también el respeto “absoluto” a sus derechos humanos, una cultura de la legalidad, que significa aplicar la ley de manera permanente y estable para todos, en igualdad de circunstancias, y políticas públicas basadas en evidencia e información epidemiológica precisa, sin olvidar la detección del VIH con coinfecciones como las hepatitis B o C y tuberculosis.
Las personas usuarias de drogas inyectable s, en general suelen ser víctimas de diferentes abusos por parte de las autoridades, como negarles atención médica, abusos policíacos, aprovecharse de ellos para obtener información, mantenerlos encarcelados en instalaciones sobrepoblados, en abstinencia sin ningún control médico y encarcelarlos sin sujetarlos a ningún proceso.
Por esa razón me parece fundamental que esta reunión aborde la perspectiva de derechos humanos a la hora de enfrentar ese tipo de realidades de la pandemia, lo cual, por lo general ha quedado de soslayo en la atención pública del estado mexicano, agregó.
Al tomar la palabra, el Director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional contra el Sida (Conasida) expuso que si el estado mexicano tiene una deuda ya histórica en el trabajo del Sida, es justamente con los usuarios y usuarias de drogas.
“La situación que viven esas personas es, de verdad, uno de los mas terribles extremos en cuanto a discriminación y estigma se refiere, pero adicionalmente es una forma de transmisión muy eficaz, que por las condiciones y por todas las vulnerabilidades que les rodean se incrementan”.
Entonces lo primero que reconocer es que tenemos esa deuda y que hay que trabajar en ello.
Por eso, dijo, vemos con beneplácito la conformación de Redumex , por la posibilidad de un trabajo conjunto, en donde las lecciones aprendidas de unos y otros podrán hacer más eficiente el trabajo, luego reconoció el trabajo “ejemplar” de la sociedad civil con una población de tan difícil acceso.
De cara a cara con un absoluto respeto y reconocimiento de que esas personas son usuarias de drogas, pero al fin personas.
Por su parte el licenciado Julian Rojas Padilla, ex usuarios de drogas inyectables y ahora promotor de la salud entre esa población, dijo que el haber sido consumidor de esos estupefacientes le permite empatizar con esa población totalmente vulnerable a contraer o transmitir el VIH, por no tener cuidado en compartir sus equipos para inyectarse.
Expuso que como parte de la organización Compañeros han estado impulsando, entre usuarios de drogas inyectables, que hagan un despliegue de liderazgo para la defensa de sus derechos humanos y consideró que ese foro y la constitución de esta red, puede ser la punta de lanza para asumir más ese compromiso para que esa población reciba mejor atención.
