Como titiriteros, diputados del PRI, a la hora de reprobar la cuenta pública de Javier May Rodríguez (Foto: Tomás Rivas)
VILLAHERMOSA, TABASCO, 2 DE DICIEMBRE DE 2010.- De manera “dócil, ilegal, injusta y aberrante”, un grupo de diputados del PRI, PT, PVEM y PANAL, con el propósito de “querer humillar, doblegar a quien nunca ha aceptado renunciar a sus ideales y sumarse al coro de apologistas de la corrupción”, reprobó la cuenta pública del ex alcalde de Comalcalco, Javier May Rodríguez.
El dictamen, que refleja el “modo perverso y tergiversado para perseguir y reprimir a sus legítimos adversarios políticos”, fue aprobado por 20 votos a favor por 14 en contra, 11 del PRD y los tres del PAN.
La diputada Lorena Beaurregard de los Santos, fue la única del PRI que no actuó “por consigna” al abstenerse en la votación.
La cuenta pública no fue debatida en estricto sentido. Más bien se fijaron posicionamientos desde la tribuna en contra y a favor del dictamen. Por el PRD, se pronunciaron en contra Juan José Martínez, líder de la bancada, Bernardo Barradas Ruiz y Juan José Peralta Fócil.
Por el PRI, tocó defender el dictamen a la presidenta de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, Elda María Llergo Asmitia, quien no pudo dominar el pánico escénico que siempre la domina cada que sube a la tribuna.
Tres horas antes de que el dictamen bajara al pleno, en un restaurante localizado por la Deportiva, la legisladora se reunió por más de una hora con el alcalde de Comalcalco, Alejandro Medina Custodio, a quien le entregó una copia de la cuenta pública que hoy fue reprobada en el pleno, la misma documentación que le negó a Peralta Fócil cuando éste se la solicitó por escrito.
En la discusión de ésta y las restantes siete cuentas públicas, que correspondió calificar a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, no hubo incidentes ni duelos verbales, apenas unas rechiflas provenientes de las plañideras del PRI, las que todo elogian a los diputados del tricolor e insultan a los de la oposición.
Martínez Pérez, expresó la inconformidad de la fracción parlamentaria del PRD por la forma “tan burda” con la que el PRI y sus aliados reprobaron la cuenta pública del hoy dirigente estatal de su partido.
Sobre todo, dijo, cuando las cuentas públicas de Paraíso y Cunduacán presentaron irregularidades que no se solventaron en tiempo y forma. El ex edil paraiseño, Francisco Santo Magaña no resarció un faltante por 610 mil 397 pesos y dejó un déficit por 10 millones de pesos.
En tanto que el ex edil de Cunduacán, Francisco Sánchez Soberano, tampoco resarció 6 millones 743 mil 772 pesos.
Sobre la cuenta pública de Javier May, el líder de la bancada perredista cuestionó que se encuentren contemplados como irregularidades los programas sociales que “se aplicaron con las mismas reglas de operación” en los ejercicios fiscales 2007 y 2008, que fueron aprobados por este Congreso, y “ahora resulta que la ejecución” de los mismos “causa daño a la Hacienda Municipal, motivo por el cual hoy se reprueba la cuenta pública”.
Lo único que se está evidenciando con ello, señaló Martínez Pérez, es la manera tendenciosa, manipulada y política que se está obrando al momento de calificar las cuentas públicas.
En ese contexto, aseveró que la tercera Comisión Inspectora de Hacienda no actuó de manera imparcial ni conforme a la ley en este caso, pero en cambio en su momento aprobó las cuentas públicas del ex edil de Comalcalco, Gregorio Arias Pérez, “quien saqueó descaradamente las arcas del municipio por 2 millones 265 mil 672 pesos aproximadamente, que hasta la presente fecha sigue sin solventar y sin efectuar el resarcimiento al daño causado a la hacienda municipal”.
Criticó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) por no haber actuado conforme a derecho en ese caso y hoy “el señor Arias se pasea libremente por el municipio como si no tuviera cuentas pendientes que rendirle no solo al pueblo comalcalquense, sino también a esta soberanía”.
Por su parte, Barradas Ruiz criticó a los diputados del PRI por haberse situado “en el indigno papel de mandaderos” del gobernador Andrés Granier y del secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal.
Con la reprobación de la cuenta pública de Comalcalco, dijo, convirtieron al Congreso “en el escenario de las mayores infamias y en la pira inquisidora donde pretende quemar vivos a los que ejercen su legítimo y legal derecho a disentir del régimen y de su séquito de aplaudidores”.
A partir de hoy, expuso el legislador del PRD, Javier May “se va a convertir en el mejor ejemplo de la forma de perseguir, reprimir, difamar y vilipendiar” que tienen Granier y Mayans, y vaticinó que el ex alcalde de Comalcalco será objeto de “un inmisericorde linchamiento público” por parte de la “prensa oficialista”.
Barradas Ruiz dijo que el pecado que cometió el ex edil perredista fue haber actuado “con apego a sus principios, valores e ideología”, que no se haya tomado la foto con Granier y Mayans durante el tiempo que desempeñó el cargo; que no se doblegara “para pedir lo que por derecho le correspondía al municipio, y que realizara más obras en los últimos 30 años en Comalcalco “sin necesidad de suplicar un solo peso del gobierno del Estado”.
Además, que haya demostrado que con menos recursos se puede hacer más, que haya evidenciado la corrupción, la mala planeación y el derroche del gobierno granierista.
Citó un ejemplo: mientras el gobierno estatal se gastó 5 millones 300 mil pesos en gravar dos kilómetros del camino que comunica a la ranchería Madero, el de Javier May destinó 3 millones 389 mil pesos a la pavimentación asfáltica de dos kilómetros de caminos en la misma comunidad. Una diferencia de dos millones de pesos que “no tiene ninguna justificación”.
Barradas Ruiz dijo que a pesar de los programas sociales que echó a andar el gobierno de Javier May, como la entrega de vales para el consumo de carne de res, el gas doméstico, útiles y zapatos escolares, no dejó endeudado al municipio ni frenó los servicios públicos para atender a la población.
“Esto es lo que realmente molesta a Andrés Granier y a Humberto Mayans, el trabajo en beneficio de la población y la atención a los que más lo necesitan, porque ellos han fracasado en la implementación de programas sociales”.
Ahora, apuntó, le echan la culpa a los programas sociales de haber endeudado al estado y de haberlos obligado a echar a la calle a más de cuatro mil burócratas. Por eso no soportan a Javier May y quieren borrar el recuerdo de su gobierno porque es una cachetada con guante blanco a la ineptitud y corrupción de Granier y su gobierno”.
Señaló que ahora se entiende la reelección del fiscal superior, Francisco Rullán Silva, porque se prestó a “una bajeza y a una canallada como la que hoy se pretende consumar”, y por eso quieren “ensuciar la labor del gobierno de May para que no hagan comparaciones con el derroche granierista”.
En su turno, Peralta Fócil aseguró que el dictamen es una “clara ilegalidad” que atenta contra la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que pone en entredicho el quehacer del Legislativo y tiene como propósito “burlarse de la inteligencia” de los tabasqueños.
Aseguró que el dictamen se elaboró con base a informes especiales presentados de manera extemporánea, pues el plazo para haberlos presentado feneció el 14 de enero pasado y el fiscal superior los firmó el 21 de mayo último y los dio a conocer en junio de este año.
“Con esta clara evidencia se acredita fehacientemente el dolo y mala fe” de Rullán Silva, “para obedecer una consigna de su jefe Andrés Granier”, y acusó a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda de haber violado “de manera flagrante” los principios de seguridad jurídica consagrados en la Constitución federal, pues “le deja la carga probatoria al propio órgano al determinar que debe de adjuntar las pruebas pertinentes” para que dicha comisión recepciones, inicie su procedimiento y le mandata a cumplir con las formalidades legales.
Dijo que a primera vista parecieran montos millonarios los observados en la cuenta de Comalcalco cuando en realidad se trata de montos mínimos que en algunos casos representan el mínimo como el proyecto OP20, la observación es solo por 16 mil 2821 pesos, es decir el 1 por ciento del monto contratado, que fue de un millón 522 mil 837 pesos.
Por ello, sostuvo, quedará claro que lo único que aquí se pretende es la persecución política de Javier May y de sus principales funcionarios, por lo cual “rechazamos esta ilegal no aprobación” de su cuenta pública, y aseguró que este no será un asunto que resuelva la bancada del PRI sino que se dirimirá “con apego a derecho en los tribunales de la Federación”.
El dictamen, que refleja el “modo perverso y tergiversado para perseguir y reprimir a sus legítimos adversarios políticos”, fue aprobado por 20 votos a favor por 14 en contra, 11 del PRD y los tres del PAN.
La diputada Lorena Beaurregard de los Santos, fue la única del PRI que no actuó “por consigna” al abstenerse en la votación.
La cuenta pública no fue debatida en estricto sentido. Más bien se fijaron posicionamientos desde la tribuna en contra y a favor del dictamen. Por el PRD, se pronunciaron en contra Juan José Martínez, líder de la bancada, Bernardo Barradas Ruiz y Juan José Peralta Fócil.
Por el PRI, tocó defender el dictamen a la presidenta de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, Elda María Llergo Asmitia, quien no pudo dominar el pánico escénico que siempre la domina cada que sube a la tribuna.
Tres horas antes de que el dictamen bajara al pleno, en un restaurante localizado por la Deportiva, la legisladora se reunió por más de una hora con el alcalde de Comalcalco, Alejandro Medina Custodio, a quien le entregó una copia de la cuenta pública que hoy fue reprobada en el pleno, la misma documentación que le negó a Peralta Fócil cuando éste se la solicitó por escrito.
En la discusión de ésta y las restantes siete cuentas públicas, que correspondió calificar a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, no hubo incidentes ni duelos verbales, apenas unas rechiflas provenientes de las plañideras del PRI, las que todo elogian a los diputados del tricolor e insultan a los de la oposición.
Martínez Pérez, expresó la inconformidad de la fracción parlamentaria del PRD por la forma “tan burda” con la que el PRI y sus aliados reprobaron la cuenta pública del hoy dirigente estatal de su partido.
Sobre todo, dijo, cuando las cuentas públicas de Paraíso y Cunduacán presentaron irregularidades que no se solventaron en tiempo y forma. El ex edil paraiseño, Francisco Santo Magaña no resarció un faltante por 610 mil 397 pesos y dejó un déficit por 10 millones de pesos.
En tanto que el ex edil de Cunduacán, Francisco Sánchez Soberano, tampoco resarció 6 millones 743 mil 772 pesos.
Sobre la cuenta pública de Javier May, el líder de la bancada perredista cuestionó que se encuentren contemplados como irregularidades los programas sociales que “se aplicaron con las mismas reglas de operación” en los ejercicios fiscales 2007 y 2008, que fueron aprobados por este Congreso, y “ahora resulta que la ejecución” de los mismos “causa daño a la Hacienda Municipal, motivo por el cual hoy se reprueba la cuenta pública”.
Lo único que se está evidenciando con ello, señaló Martínez Pérez, es la manera tendenciosa, manipulada y política que se está obrando al momento de calificar las cuentas públicas.
En ese contexto, aseveró que la tercera Comisión Inspectora de Hacienda no actuó de manera imparcial ni conforme a la ley en este caso, pero en cambio en su momento aprobó las cuentas públicas del ex edil de Comalcalco, Gregorio Arias Pérez, “quien saqueó descaradamente las arcas del municipio por 2 millones 265 mil 672 pesos aproximadamente, que hasta la presente fecha sigue sin solventar y sin efectuar el resarcimiento al daño causado a la hacienda municipal”.
Criticó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) por no haber actuado conforme a derecho en ese caso y hoy “el señor Arias se pasea libremente por el municipio como si no tuviera cuentas pendientes que rendirle no solo al pueblo comalcalquense, sino también a esta soberanía”.
Por su parte, Barradas Ruiz criticó a los diputados del PRI por haberse situado “en el indigno papel de mandaderos” del gobernador Andrés Granier y del secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal.
Con la reprobación de la cuenta pública de Comalcalco, dijo, convirtieron al Congreso “en el escenario de las mayores infamias y en la pira inquisidora donde pretende quemar vivos a los que ejercen su legítimo y legal derecho a disentir del régimen y de su séquito de aplaudidores”.
A partir de hoy, expuso el legislador del PRD, Javier May “se va a convertir en el mejor ejemplo de la forma de perseguir, reprimir, difamar y vilipendiar” que tienen Granier y Mayans, y vaticinó que el ex alcalde de Comalcalco será objeto de “un inmisericorde linchamiento público” por parte de la “prensa oficialista”.
Barradas Ruiz dijo que el pecado que cometió el ex edil perredista fue haber actuado “con apego a sus principios, valores e ideología”, que no se haya tomado la foto con Granier y Mayans durante el tiempo que desempeñó el cargo; que no se doblegara “para pedir lo que por derecho le correspondía al municipio, y que realizara más obras en los últimos 30 años en Comalcalco “sin necesidad de suplicar un solo peso del gobierno del Estado”.
Además, que haya demostrado que con menos recursos se puede hacer más, que haya evidenciado la corrupción, la mala planeación y el derroche del gobierno granierista.
Citó un ejemplo: mientras el gobierno estatal se gastó 5 millones 300 mil pesos en gravar dos kilómetros del camino que comunica a la ranchería Madero, el de Javier May destinó 3 millones 389 mil pesos a la pavimentación asfáltica de dos kilómetros de caminos en la misma comunidad. Una diferencia de dos millones de pesos que “no tiene ninguna justificación”.
Barradas Ruiz dijo que a pesar de los programas sociales que echó a andar el gobierno de Javier May, como la entrega de vales para el consumo de carne de res, el gas doméstico, útiles y zapatos escolares, no dejó endeudado al municipio ni frenó los servicios públicos para atender a la población.
“Esto es lo que realmente molesta a Andrés Granier y a Humberto Mayans, el trabajo en beneficio de la población y la atención a los que más lo necesitan, porque ellos han fracasado en la implementación de programas sociales”.
Ahora, apuntó, le echan la culpa a los programas sociales de haber endeudado al estado y de haberlos obligado a echar a la calle a más de cuatro mil burócratas. Por eso no soportan a Javier May y quieren borrar el recuerdo de su gobierno porque es una cachetada con guante blanco a la ineptitud y corrupción de Granier y su gobierno”.
Señaló que ahora se entiende la reelección del fiscal superior, Francisco Rullán Silva, porque se prestó a “una bajeza y a una canallada como la que hoy se pretende consumar”, y por eso quieren “ensuciar la labor del gobierno de May para que no hagan comparaciones con el derroche granierista”.
En su turno, Peralta Fócil aseguró que el dictamen es una “clara ilegalidad” que atenta contra la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que pone en entredicho el quehacer del Legislativo y tiene como propósito “burlarse de la inteligencia” de los tabasqueños.
Aseguró que el dictamen se elaboró con base a informes especiales presentados de manera extemporánea, pues el plazo para haberlos presentado feneció el 14 de enero pasado y el fiscal superior los firmó el 21 de mayo último y los dio a conocer en junio de este año.
“Con esta clara evidencia se acredita fehacientemente el dolo y mala fe” de Rullán Silva, “para obedecer una consigna de su jefe Andrés Granier”, y acusó a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda de haber violado “de manera flagrante” los principios de seguridad jurídica consagrados en la Constitución federal, pues “le deja la carga probatoria al propio órgano al determinar que debe de adjuntar las pruebas pertinentes” para que dicha comisión recepciones, inicie su procedimiento y le mandata a cumplir con las formalidades legales.
Dijo que a primera vista parecieran montos millonarios los observados en la cuenta de Comalcalco cuando en realidad se trata de montos mínimos que en algunos casos representan el mínimo como el proyecto OP20, la observación es solo por 16 mil 2821 pesos, es decir el 1 por ciento del monto contratado, que fue de un millón 522 mil 837 pesos.
Por ello, sostuvo, quedará claro que lo único que aquí se pretende es la persecución política de Javier May y de sus principales funcionarios, por lo cual “rechazamos esta ilegal no aprobación” de su cuenta pública, y aseguró que este no será un asunto que resuelva la bancada del PRI sino que se dirimirá “con apego a derecho en los tribunales de la Federación”.
