El Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que existen varios problemas y malas prácticas en la gestión que PEMEX hace de los contratos que asigna.
De las 37 auditorías que se revisaron, 19 fueron dictaminadas con salvedad o negativo. Además, se calcula que la cantidad de recursos que PEMEX debería reintegrar por las irregularidades halladas en dichos contratos asciende a 2,800 millones de pesos. Esta cantidad, por ejemplo, alcanzaría para duplicar el presupuesto anual asignado a la adquisición de medicamentos antirretrovirales y pruebas de monitoreo destinadas a la atención de 32,276 pacientes en toda la República.
Además de estos datos, el informe de la Auditoría aporta mayor información sobre las malas prácticas al contratar servicios para Petróleos Mexicanos.
En concreto, para PEMEX Exploración y Producción (PEP) se señalan las siguientes irregularidades: en la planeación de los proyectos hay series deficiencias, lo que lleva a retrasos y costos innecesarios debidos a la falta de previsión; modificaciones sustanciales al contrato inicial que, por el monto de recursos adicional (124,044,300 pesos), deberían haberse sometido a una nueva licitación pública para asegurar las mejores condiciones para el Estado; y, adjudicación de una obra a la empresa ICA Flúor por un monto superior en 132 millones 392,000 pesos a lo establecido en el análisis costo beneficio y en la Justificación para otorgar el contrato por Adjudicación Directa y no por Licitación Pública (además de que no se contaba con el permiso, requerido por ley, del Comité de Obras Públicas de PEMEX para adjudicarlo de manera directa); incumplimiento de metas de producción en Chicontepec; en la renta de plataformas de perforación se señala que se pagaron servicios por movilización y desmovilización de una plataforma, cuando se encontraban en el mismo lugar; para otro proyecto, en el año 2009 PEP gastó el 246% de lo asignado para ese año, lo que pone en peligro su continuidad y significa que para el segundo año del contrato se llevaba gastado el 94% del total de recursos para los cinco años de duración del mismo. Ante estas y otras irregularidades, la Auditoría pide aclaraciones, hace recomendaciones, solicita la intervención de la instancia de control correspondiente y promueve responsabilidades administrativas sancionatorias. Pero las preguntas que surgen son en qué terminarán todas estas acciones, si las recomendaciones serán tomadas en cuenta, si las investigaciones sobre estos hechos serán llevadas a cabo en tiempo y forma, si los responsables serán sancionados y si, con esto, se disminuirá la posibilidad de que actos de esta naturaleza sigan ocurriendo. Estas preguntas son sumamente relevantes pues las decisiones de la ASF no tienen carácter vinculante. Por ello, corresponde a PEMEX, en el caso de las recomendaciones, y a los Órganos Internos de Control, en el caso de las investigaciones y las sanciones administrativas, la decisión de llegar al fondo del asunto y hacer las modificaciones y aplicar las sanciones correspondientes.
Pero, si la decisión última en este sentido está en manos del mismo Poder Ejecutivo encargado de realizar las contrataciones, cabe preguntarse dónde quedan los contrapesos y controles externos que por definición deben encontrarse en toda democracia. Y si al mismo tiempo, como de hecho ocurre actualmente, el sistema de control interno no cuenta con la independencia, atribuciones y capacidades suficientes de investigación y sanción, es también legítimo cuestionarse sobre cómo se desincentivará el incumplimiento de responsabilidades y obligaciones o, más grave aún, los actos de corrupción.
Nota elaborada con base a estudio de FUNDAR
De las 37 auditorías que se revisaron, 19 fueron dictaminadas con salvedad o negativo. Además, se calcula que la cantidad de recursos que PEMEX debería reintegrar por las irregularidades halladas en dichos contratos asciende a 2,800 millones de pesos. Esta cantidad, por ejemplo, alcanzaría para duplicar el presupuesto anual asignado a la adquisición de medicamentos antirretrovirales y pruebas de monitoreo destinadas a la atención de 32,276 pacientes en toda la República.
Además de estos datos, el informe de la Auditoría aporta mayor información sobre las malas prácticas al contratar servicios para Petróleos Mexicanos.
En concreto, para PEMEX Exploración y Producción (PEP) se señalan las siguientes irregularidades: en la planeación de los proyectos hay series deficiencias, lo que lleva a retrasos y costos innecesarios debidos a la falta de previsión; modificaciones sustanciales al contrato inicial que, por el monto de recursos adicional (124,044,300 pesos), deberían haberse sometido a una nueva licitación pública para asegurar las mejores condiciones para el Estado; y, adjudicación de una obra a la empresa ICA Flúor por un monto superior en 132 millones 392,000 pesos a lo establecido en el análisis costo beneficio y en la Justificación para otorgar el contrato por Adjudicación Directa y no por Licitación Pública (además de que no se contaba con el permiso, requerido por ley, del Comité de Obras Públicas de PEMEX para adjudicarlo de manera directa); incumplimiento de metas de producción en Chicontepec; en la renta de plataformas de perforación se señala que se pagaron servicios por movilización y desmovilización de una plataforma, cuando se encontraban en el mismo lugar; para otro proyecto, en el año 2009 PEP gastó el 246% de lo asignado para ese año, lo que pone en peligro su continuidad y significa que para el segundo año del contrato se llevaba gastado el 94% del total de recursos para los cinco años de duración del mismo. Ante estas y otras irregularidades, la Auditoría pide aclaraciones, hace recomendaciones, solicita la intervención de la instancia de control correspondiente y promueve responsabilidades administrativas sancionatorias. Pero las preguntas que surgen son en qué terminarán todas estas acciones, si las recomendaciones serán tomadas en cuenta, si las investigaciones sobre estos hechos serán llevadas a cabo en tiempo y forma, si los responsables serán sancionados y si, con esto, se disminuirá la posibilidad de que actos de esta naturaleza sigan ocurriendo. Estas preguntas son sumamente relevantes pues las decisiones de la ASF no tienen carácter vinculante. Por ello, corresponde a PEMEX, en el caso de las recomendaciones, y a los Órganos Internos de Control, en el caso de las investigaciones y las sanciones administrativas, la decisión de llegar al fondo del asunto y hacer las modificaciones y aplicar las sanciones correspondientes.
Pero, si la decisión última en este sentido está en manos del mismo Poder Ejecutivo encargado de realizar las contrataciones, cabe preguntarse dónde quedan los contrapesos y controles externos que por definición deben encontrarse en toda democracia. Y si al mismo tiempo, como de hecho ocurre actualmente, el sistema de control interno no cuenta con la independencia, atribuciones y capacidades suficientes de investigación y sanción, es también legítimo cuestionarse sobre cómo se desincentivará el incumplimiento de responsabilidades y obligaciones o, más grave aún, los actos de corrupción.
Nota elaborada con base a estudio de FUNDAR
