La Controversia Para evitar laudos a destiempo

Algunos alcaldes, si no la mayoría, cuando se van de la administración, dejan tras ellos una serie de problemas financieros por laudos que tendrá que absorber el ayuntamiento en la administración del alcalde siguiente.
    Es necesario que esto se termine para sanear los ayuntamientos. Y en el caso de Tabasco es necesario y urgente.
    Es necesario que se legisle, para evitar todo este asunto de los laudos a destiempo, y para evitarlos.
    A)- En la legislación debe estar contemplada la prohibición total de dejar obligación de pago por despido laboral, y tiene que ser castigado incluso con cárcel al salir el alcalde en caso de dejar laudos laborales.
    Eso obligara a cada alcalde, que cuando despida a un trabajador (en el caso de que compruebe que es trabajador y no aviador), sea completamente liquidado y solucionado cualquier problema o controversia laboral.
    Y el alcalde que no cumpla el mandato, debe ser castigado con cárcel al término de mandato, y obligado a pagar con sus recursos los daños causados al erario publico en la administración siguiente por concepto de laudos. También se debe contemplar en la legislación el embargo o despojo de los bienes del alcalde saliente hasta en tanto se cubra el adeudo causado.
    Se debe contemplar la figura jurídica para que el Estado se haga cargo de enjuiciar al alcalde saliente y no el congreso, en el caso de que se diera delito por laudos.
    B)- También debe quedar constitucionalizado, que todo aquel alcalde que lleve y acepte personal de confianza en su trienio, estaría obligado a dejar esos puestos libres para la siguiente administración, y limpio de todo tipo de compromiso laboral para el ayuntamiento.
    Eso implicaría que cada alcalde que lleve y acepte trabajadores de confianza en el periodo de su administración, tendrá que manejarlos en términos de contratos, que terminarían sin compromiso laboral para el ayuntamiento exactamente al término de su trienio, con la finalidad de que no quede ningún compromiso laboral para el siguiente administrador.
    Y se debe castigar, también con cárcel, si el alcalde saliente no deja limpia los lugares laborales de confianza contratados en su trienio. El incumplimiento debe ser castigado también con el embargo de bienes del alcalde saliente para cubrir los daños por laudo laboral al ser despedidos esos trabajadores y que el alcalde saliente dejará.
    C) También debe de frenarse la planta laboral de sindicalizados. No se puede ni se debe estarle dando más carga sindicalizada a los ayuntamientos. Y el alcalde que actué benefactoramente para posesionar en el sindicato laboral del ayuntamiento, a familiares, amigos y operadores políticos, debe ser castigado también.
    D)- Con eso los alcaldes de nuevas administraciones no tendrían que ir arrastrando las cargas financiera por laudos. Y no tendrían que usar recursos de su presupuesto para pagos laborales problemáticos de administraciones anteriores.
    E)- Al no haber carga laboral o laudos, y menos la carga desmedida de personal, sino que será controlada por la nueva administración, el alcalde actual no tendrá ya ninguna excusa para poder dar un buen resultado en su administración. Tiene y debe de cumplir haciendo obras de todo tipo para el desarrollo del municipio. Y debe darse muy marcado el trabajo. Y el alcalde que no cumpla, ni pueda dar resultados en la administración desde el primer año, podría ser sometido a una destitución inmediata.
    F)- Esa aplicación es muy drástica si, pero vendría a parar todo los desajustes, irregularidades e irresponsabilidades en el ámbito administrativo en cada alcaldía. Y con eso, habría una buena administración por obligación, pero además se estaría obligando legalmente a todo aquel alcalde a que haga una justa administración.
    G)- Y se tiene que legislar, para evitar que los alcaldes puedan dejar su administración y no terminarla por irse a buscar otra posición política. Se debe obligar a los alcaldes que su administración sea realmente de 3 años justitos, y no a medias por intereses políticos. Se debe abolir la reelección de alcaldes ya.
    Solo así se hará legalmente la obligación de una justa administración en los ayuntamientos. Y no veríamos más problemas financieros derivados de laudos laborales. Si esto estuviera constitucionalizado ya, hoy el alcalde de Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas, no estaría destinando de su presupuesto de este año 15 millones de pesos para pagos por laudos, derivados de anteriores administraciones. Y tampoco estrían sufriendo esas consecuencias otros alcaldes más. Y por ley, ya se hubiera destituido a varios alcaldes del PRI y PRD que no dieron buenos resultados en el primer año del trienio actual. ¡Y eso sería lo justo!.
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