Acusan convenio ilegal de agua entre Chihuahua e Israel

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua firmó el 23 de febrero de 2023 un convenio de cooperación con la Agencia para la Cooperación del Estado de Israel (MASHAV) sin inscribirlo en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), según denuncian organizaciones ambientalistas del estado. Una respuesta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), obtenida mediante solicitud de transparencia en noviembre de 2025, confirmó que no existe constancia del registro de ese acuerdo.

El convenio, cuyo primer párrafo establece que busca "incentivar y promover acciones de cooperación en temas relacionados con el agua, incluso a través de la participación del sector privado israelí", contempla el intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología hídrica. Los activistas sostienen que la ausencia de registro impide conocer con precisión qué datos o estudios fueron compartidos y bloquea cualquier mecanismo formal de rendición de cuentas.

La disputa sobre el registro y las atribuciones de la JCAS

Luis Andrés Rivera Levario, integrante del colectivo Salvemos a los Cerros de Chihuahua, explicó que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo obliga a los sujetos obligados —instituciones que reciben recursos públicos— a inscribir sus convenios ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a través del RENCID. "Es una plataforma pública donde todas las personas tenemos el derecho a consultar qué convenios está firmando México", señaló.

El director de la JCAS, Mario Mata Carrasco, difundió el 14 de julio en redes sociales el oficio DEP15/0323 para argumentar que la SRE tenía conocimiento del acuerdo. Sin embargo, ese documento únicamente establece que "la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota de la firma del instrumento, procediendo a incorporar la copia en el expediente respectivo", sin acreditar su inscripción en el RENCID. Rivera Levario afirmó que ese oficio "no tiene ningún peso en el proceso legal de registro ante la AMEXCID".

Los activistas también cuestionan que el convenio incluya temas agrícolas y de riego que, a su juicio, exceden las atribuciones de la JCAS. "Hay una invasión de facultades; están haciendo lo que le corresponde a otra institución", afirmó Rivera Levario, quien señaló que esas materias corresponden a la Secretaría de Desarrollo Rural. Mata Carrasco, por su parte, sostuvo durante esta semana que el acuerdo "no es para vender agua" y que "se hizo público desde el principio", pero no respondió al cuestionamiento central sobre la falta de inscripción en el registro.

Antecedentes que alimentan la preocupación

"Lo que vemos más grave es que no está publicado en el RENCID; jurídicamente no existe este convenio, según la ley de cooperación internacional."

Rivera Levario indicó que durante su investigación encontraron antecedentes de la empresa israelí Mekorot en México: según un estudio de la propia compañía, en 2014 participó en un convenio para la inyección de agua residual tratada al acuífero de San Luis Río Colorado, Sonora. Asimismo, recordó que en 2013 se firmó un convenio con la empresa Xylem relacionado con infraestructura hidráulica y acceso a información sobre equipos de bombeo, válvulas y medición de flujo de agua. Esos antecedentes, dijo, incrementan la preocupación de las organizaciones en un contexto de proyectos de fracking y gasoductos en Chihuahua, entidad con cuencas cerradas donde la acumulación de sales representa un riesgo ambiental.

Los colectivos también denunciaron la falta de acciones de la JCAS para proteger cuerpos de agua bajo competencia estatal. Rivera Levario mencionó la Presa Chihuahua —principal fuente de abastecimiento de agua potable para la capital— como un caso en que la institución descartó contaminación tras la caída de un helicóptero, pese a los riesgos del combustible derramado. Además, señaló que en 2025 interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por contaminación detectada en el río Sacramento, cuya corriente en temporada seca proviene de descargas de la planta tratadora operada por la JCAS, y que el Arroyo de las Ánimas permanece contaminado por descargas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, situación que ya cuenta con un acta de inspección de Profepa.

Ante este panorama, colectivos y organizaciones convocaron a una marcha para el sábado 1 de agosto en al menos 14 ciudades del país, entre ellas Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y la Ciudad de México, para protestar contra el convenio. Las denuncias llevan más de un año activas: los activistas presentaron la solicitud de transparencia que derivó en la respuesta de la SRE y entregaron un oficio formal sobre el caso, sin que la JCAS haya explicado públicamente por qué el acuerdo no figura en el RENCID.

#TomaNota

• Fecha del convenio JCAS-MASHAV: 23 de febrero de 2023.
• La SRE confirmó en noviembre de 2025, vía transparencia, que el acuerdo no aparece en el RENCID.
• Marcha convocada para el 1 de agosto de 2026 en al menos 14 ciudades, incluidas Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad de México.
• El director de la JCAS es Mario Mata Carrasco, exdiputado y exalcalde panista de Delicias.