“Crisis” política y legal rumbo a elecciones: PRD
Juan José Martínez Pérez sostiene que la impugnación a la convocatoria del IEPCT emitida por el Congreso, “refleja que en el fondo no es el respeto a la formalidad legal de ese proceso, sino a la autonomía e independencia del árbitro electoral”
VILLAHERMOSA, TABASCO, 12 ABRIL.- La impugnación a la convocatoria emitida por el Congreso local para elegir al consejero presidente del IEPCT, por un particular y los propios consejeros electorales, refleja que “lo que está en el fondo no es solamente el respeto a la formalidad legal” de ese proceso, “sino la vigencia de la autonomía, independencia e imparcialidad del árbitro electoral, los principios constitucionales rectores que no han sido defendidos en los hechos, ya que han sido numerosos los casos en que el TRIFE ha fallado en contra de los actos del IEPCT”, sostuvo el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez. Recordó que el pasado 22 de marzo, la bancada del PRD advirtió esta situación y hoy ante estos nuevos hechos, “estamos a punto de una franca crisis política y legal en la conducción de las elecciones constitucionales del próximo 1 de julio”.
Al fijar posición desde la tribuna legislativa, Martínez Pérez dijo que, no obstante estos hechos, se está a tiempo de corregir esta circunstancia, por lo que convocó a la mayoría priista “a enderezar el camino, de conformidad con la próxima resolución que dicte el TRIFE, en aras de preservar la concordia política, la constitucionalidad electoral y la gobernabilidad democrática de nuestras instituciones”. Destacó que fue una sorpresa que los consejeros electorales hayan decidido impugnar la convocatoria, quienes ahora son “parte directa de los litigios jurisdiccionales, invocando la protección de sus derechos políticos constitucionales, cuando durante largos meses han convalidado decisiones erróneas y otras francamente ilegales, supeditados al libre capricho del secretario ejecutivo del IEPCT, Armando Maldonado.” Luego, Martínez Pérez cuestionó el papel que ha tenido el órgano electoral en lo que va del proceso electoral en curso. Expresó que el órgano llamado a garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los actos electorales, se ha visto involucrado en decisiones que no sólo ponen en duda la imparcialidad y objetividad de su desempeño, sino que también su eficacia como una autoridad autónoma e independiente. Foto:Tomas Rivas Indicó que desde que una marejada imparable de críticas llevó a Alfonso Castillo Suárez a renunciar al cargo de consejero presidente, esta entidad se ha visto sometida a las presiones derivadas de una lucha de poder externa, que ha perjudicado la independencia del órgano electoral.
El legislador perredista hizo notar que cuando el PRI decidió imponer la convocatoria para elegir al sucesor de Alfonso Castillo Suárez, el PRD y el PAN lanzaron la advertencia de que se trataba de una interpretación a modo de las disposiciones de la Ley Electoral del Estado y que ignoraba los derechos de los consejeros electorales propietarios y suplentes electos en el año de 2010. Apuntó que el PRI desdeñó las reglas generales que conforme a derecho emanan de la propia norma, cuando éstas permitían el nombramiento de un consejero presidente provisional por parte de los consejeros electorales propietarios.
Al mismo tiempo, designar después al consejero presidente definitivo de entre los consejeros en funciones, a través de una votación de mayoría calificada. Y luego, cubrir la vacante que se produciría con el nombramiento del presidente definitivo y designar al nuevo consejero de entre los consejeros electorales suplentes electos en 2010, explicó Martínez Pérez. Sin embargo, el PRI optó por “el camino más complicado y alargado, desdeñando la lógica que supone aprovechar la experiencia de los consejeros en funciones y evitar así un proceso de desgaste e incertidumbre en las funciones del árbitro electoral.”
Al fijar posición desde la tribuna legislativa, Martínez Pérez dijo que, no obstante estos hechos, se está a tiempo de corregir esta circunstancia, por lo que convocó a la mayoría priista “a enderezar el camino, de conformidad con la próxima resolución que dicte el TRIFE, en aras de preservar la concordia política, la constitucionalidad electoral y la gobernabilidad democrática de nuestras instituciones”. Destacó que fue una sorpresa que los consejeros electorales hayan decidido impugnar la convocatoria, quienes ahora son “parte directa de los litigios jurisdiccionales, invocando la protección de sus derechos políticos constitucionales, cuando durante largos meses han convalidado decisiones erróneas y otras francamente ilegales, supeditados al libre capricho del secretario ejecutivo del IEPCT, Armando Maldonado.” Luego, Martínez Pérez cuestionó el papel que ha tenido el órgano electoral en lo que va del proceso electoral en curso. Expresó que el órgano llamado a garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los actos electorales, se ha visto involucrado en decisiones que no sólo ponen en duda la imparcialidad y objetividad de su desempeño, sino que también su eficacia como una autoridad autónoma e independiente. Foto:Tomas Rivas Indicó que desde que una marejada imparable de críticas llevó a Alfonso Castillo Suárez a renunciar al cargo de consejero presidente, esta entidad se ha visto sometida a las presiones derivadas de una lucha de poder externa, que ha perjudicado la independencia del órgano electoral.
El legislador perredista hizo notar que cuando el PRI decidió imponer la convocatoria para elegir al sucesor de Alfonso Castillo Suárez, el PRD y el PAN lanzaron la advertencia de que se trataba de una interpretación a modo de las disposiciones de la Ley Electoral del Estado y que ignoraba los derechos de los consejeros electorales propietarios y suplentes electos en el año de 2010. Apuntó que el PRI desdeñó las reglas generales que conforme a derecho emanan de la propia norma, cuando éstas permitían el nombramiento de un consejero presidente provisional por parte de los consejeros electorales propietarios.
Al mismo tiempo, designar después al consejero presidente definitivo de entre los consejeros en funciones, a través de una votación de mayoría calificada. Y luego, cubrir la vacante que se produciría con el nombramiento del presidente definitivo y designar al nuevo consejero de entre los consejeros electorales suplentes electos en 2010, explicó Martínez Pérez. Sin embargo, el PRI optó por “el camino más complicado y alargado, desdeñando la lógica que supone aprovechar la experiencia de los consejeros en funciones y evitar así un proceso de desgaste e incertidumbre en las funciones del árbitro electoral.”
