Cuando Atenco los alcance

Veintiún días después de haber dejado la presidencia, el caso de las mujeres agredidas sexualmente durante los operativos policiales efectuados en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, salpica a quien entonces era el orgulloso gobernador del estado de México e hijo predilecto de Atlacomulco.
    Hace un año, ante el conocimiento de que las denuncias por la agresión sexual habían llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este mismo espacio anticipamos: “la resolución que emita la Corte, sin duda, alcanzará al orgullo de Atlacomulco”. Predicción que se cumplió en la sentencia emitida por esta instancia internacional y que fue hecha pública hace un par de días.
    Más de una decena de veces es mencionado en la resolución “el Gobernador del estado de México”, a quien se le atribuye -entre otras cosas- haber puesto en duda la credibilidad de las víctimas “de la violencia sufrida a manos de los elementos policiales”, y su “estigmatización pública como guerrilleras por el Gobernador, el Secretario General de Gobierno del estado de México y el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal”.
    Para la Corte Interamericana, que rechaza los estereotipos de género presentes en las respuestas de las autoridades, “resulta absolutamente inaceptable que la primera reacción pública” de éstas haya sido dudar de la “credibilidad de las denunciantes de violencia sexual, acusarlas y estigmatizarlas de guerrilleras, así como negar lo sucedido aún cuando no se había siquiera iniciado una investigación”.   
    Hagamos un poco de memoria, que siempre viene bien refrescarla: con motivo de los festejos del Día de la Santa Cruz, un conflicto con floristas de San Salvador Atenco desbordó a las autoridades locales, lo que derivó en un violento operativo de parte de miembros de la policía estatal y federal contra los propios floristas, quienes eran apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, grupo surgido por la pretensión de Vicente Fox de construir el aeropuerto en Texcoco.
    La situación fue evaluada en una reunión en la que estuvieron presentes el Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora (quien hoy defiende su humilde salario como Ministro de la Corte), el Coordinador del Consejo Nacional de Seguridad Pùblica, Miguel Ángel Yunes (¿hay algo que agregar sobre este oscuro personaje?), el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, y el Gobernador del estado de México. El brutal operativo final fue diseñado por Robledo y aprobado por el ejecutivo mexiquense.
    A consecuencia de la actuación policial murieron dos jóvenes, 217 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, y 31 mujeres denunciaron diversas agresiones sexuales durante su detención, traslado al penal de “Santiaguito” y dentro de éste. De las 31 denunciantes, once decidieron continuar su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo conocimiento del caso en abril de 2008.
    La Comisión confirmó la arbitrariedad de su detención y determinó “que las once mujeres fueron víctimas de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”, con lo que el Estado también “afectó la integridad psíquica y moral de los familiares de estas once mujeres”. Para los no enterados: en materia de derechos humanos la protección se extiende a los familiares de las víctimas directas.
    Ante la Comisión Interamericana el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y no puso en duda “las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las víctimas”. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento, el gobierno estuvo “chicaneando” el asunto y pidió varias prórrogas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, la cual “consideró que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente” en su cumplimiento, por lo que sometió el asunto a la Corte.
    Después de desahogar el procedimiento correspondiente, la sentencia de la Corte Interamericana decidió, entre otros puntos: a) El Estado mexicano es responsable por la violación a la integridad personal de las once mujeres víctimas; b) “El Estado debe continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso”.
¿Hasta dónde llegarán las investigaciones y alcance de responsabilidades? Ya lo veremos.