Deben haber demandas penales para consejeros electorales partícipes de compra de edificio del IEPCT
VILLAHERMOSA, TABASCO. 13 DE FEBRERO DE 2013. No será suficiente que la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) aplique solo sanciones administrativas a los responsables de dañar el patrimonio público al comprar el edificio que fungiría como nueva sede a un sobreprecio, sino que deben haber demandas penales, incluso contra los consejeros electorales que hayan tenido que ver en esto, planteó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El IEPCT pagó por el edificio 32 millones de pesos, cuando la mayoría de los avalúos lo fijan en un precio mucho menor, de hasta 17 millones y medio de pesos.
“Sería muy lamentable que únicamente con una sanción administrativa (se sancionara a los responsables) en caso de comprobarse que hubo corrupción y que hubo actos ilícitos en la compra del edificio”, dijo la vicecoordinadora de la fracción del tricolor en la Cámara de Diputados, Esther Alicia Dagdug Lutzow.
Los responsables de esa operación fraudulenta, añadió, son los consejeros electorales, quienes –de confirmarse- deberán ser denunciados penalmente ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), pues los otros funcionarios del organismo solo recibieron órdenes.
Dagdug Lutzow sostuvo que si la Contraloría Interna no actúa como se debe, “el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) tiene la facultad para interponer la demanda penal en caso de comprobarse que sí hubo irregularidades, ilícitos, y seguir el procedimiento ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ)”
“Los consejeros son los que tienen la responsabilidad porque ellos son los que aprueban finalmente” que se comprara el edificio. “Los funcionarios únicamente lo que hicieron fue hacer un trabajo administrativo”, añadió.
Cuestionada sobre si los consejeros deben ser demandados ante la PGJ, la priísta señaló: “Sí, por su puesto que también es factible la demanda penal para poder aclarar toda esta situación” del edificio.
Dijo que de comprobarse irregularidades de los consejeros se podría desconocer a todos, pero si no, pues “no tenemos porque avasallar sus derechos”.