EN DEFENSA DE LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA

Creo que es mi deber rescatar, para beneficio de todo el pueblo de México que está absolutamente convencido de que en innumerables ocasiones, por la vía de los oficios, las visitas a las oficinas y las eternas esperas en las antesalas, no se le escucha y, si se le llega a escuchar, no se le resuelve, digo, que es mi deber rescatar las contundentes declaraciones públicas que hizo el señor Presidente de la República en defensa del derecho a la protesta pública cuando los gobernantes no atienden ni resuelven. Es cierto que esas declaraciones tuvieron, como todas las declaraciones públicas del Presidente de la República, una gran difusión, pero nunca estará de más un granito de arena para ayudar a que se conozcan los derechos sociales que nos unen y que harán posible la construcción del México más justo que nos urge.

    No hay ninguna duda ni discrepancia en el sentido de que todos los funcionarios abusivos y tracaleros, que los hay de sobra, actúan pensando en que sus fechorías no saldrán de las cuatro paredes de sus oficinas, que el pobre o la pobre infeliz que logran entrevistarlo en busca de soluciones a sus graves problemas y que, sin justificación legal ni argumentos válidos, salen despedidos con cajas destempladas, se tienen que tragar su tristeza o su coraje y que nada podrán hacer para remediarlo. Todos actúan como si los necesitados estuvieran inermes, desarmados, pues, sin ninguna posibilidad de defenderse e, incluso, pasar a la ofensiva, se creen señores del poder absoluto.
    Pero no es así. Casi al término de la más grande conflagración social que ha vivido nuestro país en los últimos cien años, cuando ya habían muerto muchos mexicanos peleando por la justicia social (en las varias maneras en que ellos la entendían), se redactó y aprobó un gran pacto social que habría de mantener unido al país y procurar su desarrollo: la Constitución. Quien pretenda verla sólo como un ejercicio de redacción de abogados o como algunas sesiones de debates más o menos encendidos, se equivoca, la Constitución que nos rige fue resultado de la Revolución Mexicana, de la lucha popular armada por un México mejor. Por eso precisamente, en su texto quedaron incluidas importantes garantías sociales para que el pueblo llano se defendiera con éxito del poder público, por eso existe el derecho a la manifestación pública por actos u omisiones de la autoridad, por ello, el pueblo tiene armas legales para defenderse.
    No entiendo, no escucho razones de quienes, así como así, casi como una ocurrencia, ante los graves problemas por los que atraviesa el país, proponen “una nueva Constitución”, no lo comprendo porque no escucho cuáles son los defectos de la que tenemos, pienso que más bien lo que necesita nuestra Constitución es que se le cumpla, que se le respete. ¿Piensan estos señores que ahora que el pueblo no está, como en 1917, recién levantado en armas y en buena parte armado todavía, vamos a lograr incluir en una nueva Constitución algo mejor que derecho al trabajo, salario remunerador, derecho a la salud, a la vivienda, a la educación gratuita, podemos lograr un arma popular más importante y decisiva que el libre derecho a la manifestación pública? Pues, si así lo piensan, se equivocan de medio a medio.
    Las palabras del Licenciado Enrique Peña Nieto ante jueces, ministros y procuradores de justicia del país, pronunciadas hace unos días, deben ser atendidas, rescatadas y comprendidas por todos aquellos que luchan por un México mejor. Dijo el señor Presidente de la República: “El Estado no permitirá que se ‘secuestre’ a través de hechos violentos y actos vandálicos, el derecho de los mexicanos a manifestarse libremente en paz, seguridad y tranquilidad” y, agregó, “es obligación del Estado en su conjunto asegurar que las manifestaciones ciudadanas no sean secuestradas por quienes actúan con violencia y vandalismo”.
Las palabras del señor Presidente estuvieron dirigidas a quienes, en manifestaciones públicas recientes, se han dedicado a causar daños a los inmuebles y al equipamiento urbano y a atacar a los policías, a aquellos que con sus acciones desprestigian ante la opinión pública y exponen a la represión oficial a los que salen a las calles a reclamar un derecho legítimo o a protestar por actos de la autoridad, arriesgando, así, conculcando, pues, con sus hechos, “una de las conquistas más importantes de nuestra democracia”. No puedo más que estar de acuerdo con esa censura, así como también han estado de acuerdo los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero que han exigido que su dolor y su rabia no se mezcle con ese tipo de acciones violentas.
    Pero es oportuno recordar y aclarar que con lo dicho no quedan abarcados todos los enemigos de la manifestación popular, ni siquiera, quizá, los más peligrosos y feroces. Así como ha habido vándalos en la calle que con sus hechos han atacado un derecho precioso de los mexicanos, existen también vándalos de la pluma (o de la computadora) y vándalos de la cámara y el micrófono que, con una potencia, un alcance y una influencia un millón de veces mayor, arremeten y denigran a las manifestaciones públicas.
    Hablo como parte de las víctimas de vándalos de los medios. ¿Habrá algún adjetivo en el diccionario que no nos hayan endilgado a los antorchistas cuando nos hemos manifestado de manera absoluta y completamente pacífica y por causas indiscutiblemente justificadas? ¿se ahorraron algún vituperio precisamente cuando salimos a la calle a reclamar justicia por Don Manuel Serrano Vallejo, un desaparecido anterior a los 43, con explicaciones oficiales acerca de su paradero increíbles también, igualmente dado por muerto sin entregar su cadáver y, de manera similar, con prominentes políticos altamente sospechosos sin que siquiera se les investigue? ¿tuvieron consideración alguna con nosotros, con sus familiares y compañeros? No, por cierto. A estos vándalos, como los que asolaron Roma y España que destruían tesoros religiosos, que ahora embisten derechos que son tesoros de la libertad social, también a estos –y más a estos- los deben alcanzar las palabras del Presidente de la República en defensa del libre derecho a la manifestación pública pacífica.
    Con motivo de estas declaraciones presidenciales, un columnista llamó a la manifestación pública “La Reina de la calle” y estoy decidida y entusiastamente de acuerdo, y no dejé de recordar que para muchos enemigos del pueblo que se defiende, el rey de la calle es el “tercero”, “terceros perjudicados”, “terceros retrasados” y, “Viva Don Tercero”, es su grito de batalla. Pues bien, ahora que alguien, tal vez al calor de los acontecimientos, pero con verdad, se atrevió a llamarle a la manifestación pública, “La reina de la calle”, digo y repito que estoy de acuerdo y hago mía la denominación.