Delinquen diputados del PRI desde el Congreso
La senadora del PRD, Dolores Gutiérrez Zurita, demostró con documentos en mano, que el escrito que se aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Pública carece de validez, pues no es el mismo el que fue votado en el pleno
Villahermosa, Tabasco, 4 de abril de 2012.- Las reformas efectuadas a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Seguridad Pública, deben ser investigadas por la Procuraduría General de Justicia, toda vez que para aprobar esas modificaciones se falsificaron documentos, lo cual evidencia la comisión de una conducta delictiva. Así lo afirmó el jurista Joel Alberto García González, luego de que la senadora Dolores Gutiérrez Zurita demostrara, con documentos en mano, que el dictamen carecen de validez, puesto que el documento que se aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia no es el mismo que el que fue votado en el pleno.
“Este tema que ha generado tanta polémica y molestia a toda la ciudadanía, que es el de la aprobación de las reformas a los artículos 74, 75 y 76, así como adiciones al 74 en el segundo párrafo y el artículo 75 Bis, por los diputados del PRI utilizando su mayoría en el Congreso local, fueron realizadas de mañosa”, acusó la legisladora del PRD. Gutiérrez Zurita dejó entrever la posibilidad de interponer un juicio de improcedencia “que podrían iniciar algunos legisladores locales, inclusive algunos que hayan aprobado esta modificación, pero también lo que es grave más allá de la disminución a quienes de los familiares cercanos de los funcionarios se van a prestar seguridad, es el hecho de que tenemos diputados locales que no leen los dictámenes, porque esto se los pasaron de noche, todos, de todas las fracciones parlamentarias y esto es una vergüenza para Tabasco”.
OPORTUNISMO ELECTORAL
Asimismo, la senadora Dolores Gutiérrez manifestó que los “desmarques” que pretendían efectuar de dicha reforma a la ley, el ex gobernador Manuel Andrade Díaz y el candidato del PRI al gobierno del estado, Jesús Alí, no son genuinos, sino mero oportunismo electoral, pues el primero echó la culpa al gobernador de la iniciativa y el segundo dijo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, señaló, los dos son priístas al igual que el mandatario estatal, y si el PRI aprobó esa burla a todos los tabasqueños, los tres son igualmente responsables, pues pertenece al mismo partido político, al PRI-Gobierno. Al respecto, García González, quien fue Oficial Mayor del Congreso local, señaló que se pretendió sorprender al pueblo de Tabasco, pero no faltó quien se diera cuenta de esas modificaciones, que en lo obscurito y subrepticiamente hicieron, pues el día de su aprobación —2 de abril— dispensaron la lectura del dictamen. Y explica que en las primeras cuatro páginas del proyecto de dictamen aparecen las firmas de los diputados que participaron en la aprobación de dicho proyecto; sin embargo, en el segundo documento “que es donde se hace la modificación y se elimina el que se proteja hasta segundo grado en línea descendente, no aparece la firma de la secretaria de la Comisión y al no aparecer la rúbrica de la legisladora, ese documento carece de validez”.
Esta actitud evidencia que existe la utilización de documentos falsos o falsificación de documentos, lo cual es una conducta delictiva que debe ser investigada y sancionada por la Procuraduría General de Justicia, pues ese delito se persigue de oficio y no requiere que haya querella interpuesta, manifestó el abogado. Resulta que es otro dictamen. Hubo un cambio que no fue aprobado en comisión; es decir se sustrae el documento que fue aprobado y se aprueba otro, criticó la senadora Gutiérrez Zurita, quien indicó que el día de la sesión todos los que estuvieron en la sala de sesiones se dieron cuenta que se dispensó la lectura del documento y ahí aprovecharon para pasar el “strike”. A diferencia del primer oficio, éste —el que aprobaron— solamente cuenta con la firma de José Dolores Espinosa May y Marcela de Jesús González García, presidente y vcal de la Comisión de Seguridad Pública, respectivamente, pero no con la rúbrica de la diputada Yolanda Rueda de la Cruz, secretaria de dicha comisión; “por lo tanto, esto hace de que el dictamen aprobado en el pleno no tiene vigencia ni sea legal”.
Por tanto, no pueden los señores diputados locales aprobar uno y subir al pleno otro, porque en ese momento por una coma que se le cambie lo tienen que regresar a la Comisión por lo tanto el dictamen de reforma a los artículos 74, 75 y 76 en materia de seguridad públicas, protección civil y procuración de justicia es ilegal, no procede, porque en uno se habla de que la protección que se brindará a funcionarios será hasta el segundo grado familiar en línea descendiente y otro de un primer lugar en línea descendiente, explicó.
“Este tema que ha generado tanta polémica y molestia a toda la ciudadanía, que es el de la aprobación de las reformas a los artículos 74, 75 y 76, así como adiciones al 74 en el segundo párrafo y el artículo 75 Bis, por los diputados del PRI utilizando su mayoría en el Congreso local, fueron realizadas de mañosa”, acusó la legisladora del PRD. Gutiérrez Zurita dejó entrever la posibilidad de interponer un juicio de improcedencia “que podrían iniciar algunos legisladores locales, inclusive algunos que hayan aprobado esta modificación, pero también lo que es grave más allá de la disminución a quienes de los familiares cercanos de los funcionarios se van a prestar seguridad, es el hecho de que tenemos diputados locales que no leen los dictámenes, porque esto se los pasaron de noche, todos, de todas las fracciones parlamentarias y esto es una vergüenza para Tabasco”.
OPORTUNISMO ELECTORAL
Asimismo, la senadora Dolores Gutiérrez manifestó que los “desmarques” que pretendían efectuar de dicha reforma a la ley, el ex gobernador Manuel Andrade Díaz y el candidato del PRI al gobierno del estado, Jesús Alí, no son genuinos, sino mero oportunismo electoral, pues el primero echó la culpa al gobernador de la iniciativa y el segundo dijo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, señaló, los dos son priístas al igual que el mandatario estatal, y si el PRI aprobó esa burla a todos los tabasqueños, los tres son igualmente responsables, pues pertenece al mismo partido político, al PRI-Gobierno. Al respecto, García González, quien fue Oficial Mayor del Congreso local, señaló que se pretendió sorprender al pueblo de Tabasco, pero no faltó quien se diera cuenta de esas modificaciones, que en lo obscurito y subrepticiamente hicieron, pues el día de su aprobación —2 de abril— dispensaron la lectura del dictamen. Y explica que en las primeras cuatro páginas del proyecto de dictamen aparecen las firmas de los diputados que participaron en la aprobación de dicho proyecto; sin embargo, en el segundo documento “que es donde se hace la modificación y se elimina el que se proteja hasta segundo grado en línea descendente, no aparece la firma de la secretaria de la Comisión y al no aparecer la rúbrica de la legisladora, ese documento carece de validez”.
Esta actitud evidencia que existe la utilización de documentos falsos o falsificación de documentos, lo cual es una conducta delictiva que debe ser investigada y sancionada por la Procuraduría General de Justicia, pues ese delito se persigue de oficio y no requiere que haya querella interpuesta, manifestó el abogado. Resulta que es otro dictamen. Hubo un cambio que no fue aprobado en comisión; es decir se sustrae el documento que fue aprobado y se aprueba otro, criticó la senadora Gutiérrez Zurita, quien indicó que el día de la sesión todos los que estuvieron en la sala de sesiones se dieron cuenta que se dispensó la lectura del documento y ahí aprovecharon para pasar el “strike”. A diferencia del primer oficio, éste —el que aprobaron— solamente cuenta con la firma de José Dolores Espinosa May y Marcela de Jesús González García, presidente y vcal de la Comisión de Seguridad Pública, respectivamente, pero no con la rúbrica de la diputada Yolanda Rueda de la Cruz, secretaria de dicha comisión; “por lo tanto, esto hace de que el dictamen aprobado en el pleno no tiene vigencia ni sea legal”.
Por tanto, no pueden los señores diputados locales aprobar uno y subir al pleno otro, porque en ese momento por una coma que se le cambie lo tienen que regresar a la Comisión por lo tanto el dictamen de reforma a los artículos 74, 75 y 76 en materia de seguridad públicas, protección civil y procuración de justicia es ilegal, no procede, porque en uno se habla de que la protección que se brindará a funcionarios será hasta el segundo grado familiar en línea descendiente y otro de un primer lugar en línea descendiente, explicó.
