VILLAHERMOSA, TABASCO. 03 DE OCTUBRE DE 2010. El presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, los titulares de la Secretarías de Energía Georgina Kessel y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Juan Rafael Elvira Quesada, así como de las comisiones Federal de Electricidad (CFE) Alfredo Elías Ayub y Nacional del Agua (Conagua) José Luis Luege Tamargo, son los funcionarios que serán demandados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal Ávila, como posibles responsables de la magnitud de las inundaciones que ha sufrido la entidad, de acuerdo al documento al que La Verdad del Sureste tuvo acceso.
En su visita a Tabasco el miércoles pasado, el legislador petista dejó la demanda para que el gobierno estatal la analice y la suscriba, sin embargo la administración de Andrés Granier Melo ya dio señales de que no se sumará, pese a que ha venido responsabilizando a la CFE, por el mal manejo de las presas del Alto Grijalva, como responsable de las inundaciones que se están padeciendo.
En un boletín que fue publicado ayer en diversos medios impresos, se da cuenta de cómo Granier dijo haber platicado el viernes con Calderón Hinojosa, que le ofreció recursos “extraordinarios” para apoyar a las personas afectadas por la contingencia, que ya suman 200 mil.
“Yo espero que cumpla, porque lo que él (Calderón) ha comprometido a Tabasco lo ha cumplido”, expresó Granier, según el boletín difundido, con lo que da cuenta de su confianza en el mandatario federal.
A su vez, los argumentos de la denuncia que presentará Monreal Ávila son amplios y se basan en diversas legislaciones nacionales y tratados internaciones sobre medio ambiente, que incluyen la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el documento se expresa que los diversos sectores productivos y las familias que sufrieron perdidas pueden ayudar a fortalecer el recurso legal que busca que a los tabasqueños afectados no se les pague con migajas, sino que se les haga justicia.
De acuerdo a lo escrito por el senador en la demanda, Calderón Hinojosa, Kessel, Elvira Quesada, Elías Ayub y Luege Tamargo pueden ser responsables de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Ejercicio Indebido de Servicio Público, artículo 214 del CPF, por actos ú omisiones que afectan gravemente al consumo nacional, al impedir o tratar de impedir la generación de energía eléctrica, tipificados en el artículo 253 de CPF, en desacato del artículo 27 constitucional que señala la exclusividad del Estado en la generación de energía eléctrica, por la omisión y desacato de los artículos 83 y 84 de la Ley de Aguas Nacionales, así como el incumplimiento del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
También se les pueden imputar “Daño a las Personas, Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, artículo 217 del CPF, Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio, artículo 397 del CPF, Encubrimiento, artículo 400 del CPF, Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, artículo 414 del CPF, todos cometidos en agravio de la sociedad tabasqueña”.
Manifiesta que las inundaciones de este 2010 obedecen a los altos niveles de irresponsabilidad y apatía con que actúan los encargados de elaborar programas para el manejo de agua y salvaguarda de las personas que viven en las márgenes de los ríos, así como la falta de una operación correcta de las presas de la región.
Añade que es de todos sabido el sufrimiento de los habitantes de Tabasco, así como de la pérdida total, en la mayoría de los casos, de su patrimonio familiar, comercial, agrícola, ganadero, industrial, de la pérdida de sus empleos, enfermedades, epidemias y epizootias ocasionadas por esta catástrofe y lo que aún falta por determinar.
Señala que si bien las precipitaciones pluviales han aumentado, también eran previsibles y se debieron haber tomado medidas para enfrentar esa situación.
“En efecto, las precipitaciones pluviales han estado tal vez abundantes, pero también han conservado su carácter de previsibles, no sólo por los anuncios meteorológicos, sino también por las predicciones que, por hasta treinta años por lo menos, se señalaron con precisión, lo que ocurriría en el futuro y que ahora infortunadamente se ha comprobado”.
Detalla la irresponsabilidad de la CFE en el manejo de presas, al permitir que se sobrellenen para que las empresas privadas generen y vendan energía.
Apunta: “El modelo neoliberal que ha sido impuesto en México desde 1983 ha derivado en una política energética privatizadora basada en el establecimiento de empresas extranjeras que generan y venden electricidad, en detrimento de las plantas instaladas propiedad de la nación que opera la CFE.
A tales empresas se les ha denominado Productores Independientes de Energía (PIES)”.
Esto va en contra del articulo 27 de la Constitución General de la República que señala: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
En esta materia no se otorgarán concesiones a particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.
Sostuvo en base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Público: “Las violaciones a derechos humanos originadas en problemas ambientales revisten una extrema gravedad ya que en la mayoría de los casos se trata de conductas o actividades sistemáticas, que afectan a grupos de personas o comunidades enteras, con continuidad en el tiempo y efectos que se multiplican y trascienden su origen, vulnerando múltiples derechos humanos”.
“Son en especial los sectores más desposeídos, y por ende más expuestos, quienes soportan, casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la degradación ambiental, gran parte de estos abusos se originan en consideraciones de provecho económico que importan un profundo desprecio por los derechos y la vida de las personas; creemos que en estos casos es posible hacer responsables a los Estados por daños morales a la comunidad, en este sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que la obligación de pagar una indemnización moral no se extiende a favor de (comunidades intermedias) ni a favor del Estado en que la víctima participaba...(y que) si en algún caso excepcional se ha otorgado una indemnización en esta hipótesis, se ha tratado de una comunidad que ha sufrido un daño directo, dejando así abierta la posibilidad de reparar ante daño moral directo”.
Los tratados interamericanos que sustentan una denuncia como la que se presentará son el Protocolo de San Salvador, articulo 11, Cumbre de las Américas, Declaración de Québec, Plan Derechos Humanos y Medio Ambiente, el denominador común del gran ciclo de Conferencias Mundiales de este final de siglo desencadenado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro de 1992.
Además de la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo 1994), la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II, Estambul 1996).
Con respecto al desarrollo Institucional ver: Una Nueva Estrategia de Desarrollo para las Américas desde los derechos humanos y el medio ambiente, CEDHA Marzo 2002; en el ámbito americano se destaca la labor interalia de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
En su visita a Tabasco el miércoles pasado, el legislador petista dejó la demanda para que el gobierno estatal la analice y la suscriba, sin embargo la administración de Andrés Granier Melo ya dio señales de que no se sumará, pese a que ha venido responsabilizando a la CFE, por el mal manejo de las presas del Alto Grijalva, como responsable de las inundaciones que se están padeciendo.
En un boletín que fue publicado ayer en diversos medios impresos, se da cuenta de cómo Granier dijo haber platicado el viernes con Calderón Hinojosa, que le ofreció recursos “extraordinarios” para apoyar a las personas afectadas por la contingencia, que ya suman 200 mil.
“Yo espero que cumpla, porque lo que él (Calderón) ha comprometido a Tabasco lo ha cumplido”, expresó Granier, según el boletín difundido, con lo que da cuenta de su confianza en el mandatario federal.
A su vez, los argumentos de la denuncia que presentará Monreal Ávila son amplios y se basan en diversas legislaciones nacionales y tratados internaciones sobre medio ambiente, que incluyen la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el documento se expresa que los diversos sectores productivos y las familias que sufrieron perdidas pueden ayudar a fortalecer el recurso legal que busca que a los tabasqueños afectados no se les pague con migajas, sino que se les haga justicia.
De acuerdo a lo escrito por el senador en la demanda, Calderón Hinojosa, Kessel, Elvira Quesada, Elías Ayub y Luege Tamargo pueden ser responsables de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Ejercicio Indebido de Servicio Público, artículo 214 del CPF, por actos ú omisiones que afectan gravemente al consumo nacional, al impedir o tratar de impedir la generación de energía eléctrica, tipificados en el artículo 253 de CPF, en desacato del artículo 27 constitucional que señala la exclusividad del Estado en la generación de energía eléctrica, por la omisión y desacato de los artículos 83 y 84 de la Ley de Aguas Nacionales, así como el incumplimiento del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
También se les pueden imputar “Daño a las Personas, Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, artículo 217 del CPF, Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio, artículo 397 del CPF, Encubrimiento, artículo 400 del CPF, Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, artículo 414 del CPF, todos cometidos en agravio de la sociedad tabasqueña”.
Manifiesta que las inundaciones de este 2010 obedecen a los altos niveles de irresponsabilidad y apatía con que actúan los encargados de elaborar programas para el manejo de agua y salvaguarda de las personas que viven en las márgenes de los ríos, así como la falta de una operación correcta de las presas de la región.
Añade que es de todos sabido el sufrimiento de los habitantes de Tabasco, así como de la pérdida total, en la mayoría de los casos, de su patrimonio familiar, comercial, agrícola, ganadero, industrial, de la pérdida de sus empleos, enfermedades, epidemias y epizootias ocasionadas por esta catástrofe y lo que aún falta por determinar.
Señala que si bien las precipitaciones pluviales han aumentado, también eran previsibles y se debieron haber tomado medidas para enfrentar esa situación.
“En efecto, las precipitaciones pluviales han estado tal vez abundantes, pero también han conservado su carácter de previsibles, no sólo por los anuncios meteorológicos, sino también por las predicciones que, por hasta treinta años por lo menos, se señalaron con precisión, lo que ocurriría en el futuro y que ahora infortunadamente se ha comprobado”.
Detalla la irresponsabilidad de la CFE en el manejo de presas, al permitir que se sobrellenen para que las empresas privadas generen y vendan energía.
Apunta: “El modelo neoliberal que ha sido impuesto en México desde 1983 ha derivado en una política energética privatizadora basada en el establecimiento de empresas extranjeras que generan y venden electricidad, en detrimento de las plantas instaladas propiedad de la nación que opera la CFE.
A tales empresas se les ha denominado Productores Independientes de Energía (PIES)”.
Esto va en contra del articulo 27 de la Constitución General de la República que señala: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
En esta materia no se otorgarán concesiones a particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines”.
Sostuvo en base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Público: “Las violaciones a derechos humanos originadas en problemas ambientales revisten una extrema gravedad ya que en la mayoría de los casos se trata de conductas o actividades sistemáticas, que afectan a grupos de personas o comunidades enteras, con continuidad en el tiempo y efectos que se multiplican y trascienden su origen, vulnerando múltiples derechos humanos”.
“Son en especial los sectores más desposeídos, y por ende más expuestos, quienes soportan, casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la degradación ambiental, gran parte de estos abusos se originan en consideraciones de provecho económico que importan un profundo desprecio por los derechos y la vida de las personas; creemos que en estos casos es posible hacer responsables a los Estados por daños morales a la comunidad, en este sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que la obligación de pagar una indemnización moral no se extiende a favor de (comunidades intermedias) ni a favor del Estado en que la víctima participaba...(y que) si en algún caso excepcional se ha otorgado una indemnización en esta hipótesis, se ha tratado de una comunidad que ha sufrido un daño directo, dejando así abierta la posibilidad de reparar ante daño moral directo”.
Los tratados interamericanos que sustentan una denuncia como la que se presentará son el Protocolo de San Salvador, articulo 11, Cumbre de las Américas, Declaración de Québec, Plan Derechos Humanos y Medio Ambiente, el denominador común del gran ciclo de Conferencias Mundiales de este final de siglo desencadenado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro de 1992.
Además de la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo 1994), la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II, Estambul 1996).
Con respecto al desarrollo Institucional ver: Una Nueva Estrategia de Desarrollo para las Américas desde los derechos humanos y el medio ambiente, CEDHA Marzo 2002; en el ámbito americano se destaca la labor interalia de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
