Demonios Por Uriel Tufiño

@UTufigno
Más allá de las creencias personales, supongo que la mayoría de nosotros ha visto representaciones de las llamadas ‘pastorelas’. La temática siempre es la misma: la lucha entre el bien y el mal, figurada en ciertas trampas y tentaciones que un grupo de pastores deben resistir de demonios que normalmente son más sagaces que los arcángeles que los protegen.
    Escuchados en el escenario, los argumentos que los demonios hacen sobre los pecados capitales resultan divertidos e inofensivos. Sin embargo, aunque las pastorelas tienen un final feliz, la realidad es muy diferente.
    En la aprobación de la reforma energética los pecados vencedores no fueron la pereza, la lujuria o la gula, sino la avaricia, la envidia y la soberbia. La avaricia de los buitres nacionales y extranjeros al servicio del neoliberalismo; la envidia de los vecinos del norte que desean apropiarse de nuestros recursos naturales; y la soberbia del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, que suponen que con la entrega del petróleo pasarán a la historia. Y sí, pero hay formas de pasar a la historia.
    Luego de la guerra contra los Estados Unidos en el Siglo XIX, en febrero de 1848 se firmó el ‘Tratado Guadalupe Hidalgo’, instrumento jurídico mediante el cual México entregó más de la mitad de su territorio a los norteamericanos. Dicho Tratado fue firmado por quien era el Presidente de la Suprema Corte pero que en ese momento estaba a cargo del Ejecutivo. Ese personaje se llamaba Manuel de la Peña y Peña. Qué curioso, era doblemente Peña.
    A pesar de que se trataba de una reforma constitucional en cuyo procedimiento no basta la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión pues también debe someterse a la mayoría de las legislaturas de los estados, la reforma energética fue aprobada de una manera tan rápida como inescrupulosa. Sin mayores trámites, cinco días fueron suficientes para emitir la declaración de constitucionalidad de dicha reforma, y eso que apenas había sido votada en 24 estados. Urge vender al país.   La clase política sometida a los intereses del gran capital justifica la entrega con dos argumentos: uno, tanto la soberanía como la defensa del petróleo son conceptos que pertenecen al pasado; dos, en México existe la democracia representativa y los ciudadanos eligen a sus representantes para que éstos tomen las decisiones más convenientes. Caray, pues si se trata de modificar los conceptos del pasado, habría que actualizar la democracia representativa.
    En la mayoría de las democracias modernas, incluso en los Estados Unidos, existen mecanismos mediante los cuales se toma el parecer de los ciudadanos sobre determinadas decisiones que se consideran fundamentales. Así ha ocurrido con los países que se han integrado a la Unión Europea pero también lo hemos visto en Canadá, Venezuela, Ecuador o Chile. Estos procedimientos de consulta reciben distintas denominaciones y tienen distintas finalidades, pero lo importante es que la gente participa en la toma de decisiones.
    En México la clase política teme a la consulta popular, salvo cuando a los tres años de su administración se votó la permanencia en el cargo del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Los muy legalistas, que nunca faltan, dijeron que esa consulta carecía de validez pues no tenía sustento constitucional. Ahora que hay un fundamento en la Constitución, las mismas voces dicen que no hay marco legal. Si en ese camino andamos, algún día dirán que no hay papel para hacer una consulta ni manos para contar los resultados. La clave está en el artículo 39 constitucional: la soberanía reside en el pueblo y éste tiene ‘en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno’. Por eso los gobernantes temen al principio de soberanía; porque quien debe obedecer el mandato es el gobernante y no al revés.
    El día que el pueblo se atreva a ejercer su legítimo poder no habrá diputado, senador o presidente que pueda cuestionar su proceder ni infringiría ninguna ley legítima. Si acaso, se violarían las leyes que los propios gobernantes se han dado para perpetuar sus intereses. Sólo esperaría que, pronto, los ciudadanos se den cuenta que la pereza también es un pecado capital.