Denigraría valores y DH brazaletes a adolescentes infractores: Reyes Ramos
Colocar brazaletes a los adolescentes infractores como medida cautelar, es decir antes de ser sentenciados, sería una medida arbitraria, atentatoria al principio de inocencia porque estigmatizaría a los menores y a los derechos humanos, sostiene el abogado Sergio Antonio Reyes Ramos.
El abogado entrevistado en relación a la iniciativa de reforma del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rodolfo Campos Montejo, dijo que el legislativo tendrá que analizar la propuesta muy detenidamente.
Aún cuando la propuesta todavía no es ley, Campos Montejo la está manejando como si ya el Congreso la hubiera aprobado.
Uno de los argumentos del titular del TSJE, destacó el integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, es que el gobierno del estado, con dicha medida cautelar se ahorrará la permanencia o internamiento de los menores y que la misma ya se está utilizando en otros estados y países.
Hay que tomar en cuenta -hizo notar- que la propuesta busca aplicar dicha medida a los adolescentes infractores en algunos delitos no graves.
Desde mi punto de vista, imponer brazaletes electrónicos a esos infractores, antes de recibir sentencia, más que medida cautelar, resultaría una sanción que atenta contra el principio de presunción de inocencia, porque estigmatizar al menor que lo use.
Ya la Organización de Naciones Unidas a través de su comité de derechos humanos, afirmó, ha censurado la vigilancia electrónica, incluso contra los adultos, y resulta curioso que en Tabasco se proponga para los menores y no para los adultos.
Es verdad que esa medida se está aplicando ya en algunos estados de la República y de Estados Unidos y ciertos países de Europa, aceptó, pero contra adultos que ya recibió sentencia, como una pena, pero la propuesta de Campos Montejo es como medida cautelar que asentaría el ministerio público y la utilizaría un juez.
Sin embargo, reiteró, tanto el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU como el Tribunal Europeo, se han pronunciado contra la vigilancia electrónica, aún de los procesados, porque atenta contra el principio de inocencia, la intimidad de las personas, va contra la dignidad humana e incide en la discriminación.
El artículo uno de la parte uno de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, ratificada por México el 23 de enero de 1986, mencionó, Reyes Ramos dice que:
“Para los efectos de la presente convención se entenderá por el término de tortura, todo acto por el cual se infrinja intencionalmente una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigar por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada o por cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimiento sean infringidos por un funcionario público o de otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o consentimiento o eficiencia…”
Es obtuso también, calificó, el argumento del presidente del TSJE cuando afirma que es una medida que no atenta contra los derechos humanos, porque el mismo infractor solicitaría que se le aplique, cuando resultaría cohercitiva.
“Es una revisión de la práctica del sanbenito inquisitorial, solo que en la Colonia se imponía a sentenciados, y en el Tabasco de ahora, como medida cautelar, prejuzgando la culpabilidad, así sean delitos menores”.
En resumen, los brazaletes son una especie de grilletes electrónicos. Eso en lo que se refiere al fondo, en cuanto la forma hay más, dijo.
La pregunta es: ¿garantiza algo el brazalete? No, responde el abogado, porque quien quiera evadirse lo hará con todo y brazalete, porque además puede ser cortado para deshacerse del mismo, es decir no, garantiza resultados efectivos, pero si se convertiría en una medida atentatoria contra la dignidad de las personas, peor aún, si se trata de menores.
Incluso podría equipararse a la práctica de la tortura, tortura mental, prohibida por convenciones internacionales firmadas por el gobierno mexicano, porque primero a esos niños o adolescentes, la justicia tabasqueña condicionaría su libertad, si acepta la colocación de un brazalete electrónico.
Y lo mismo fuera en un brazo o un pie, opinó, materialmente se les estaría imponiendo una pena.
Sergio Antonio Ramos, cuestionó también la iniciativa de reforma al Código Procesal Penal que también se encuentra en la Cámara de Diputados, no hay ningún dispositivo jurídico que proteja, en los hechos, la presunción de inocencia, solo una mera declaración, se presumen inocentes.
Hizo notar también que el actual Código Procesal Penal, no establece la prohibición de que un presunto delincuente sea exhibido ante los medios de comunicación como culpable, cuando aún no ha sido declarado como tal.
Tampoco que los inculpados se presenten uniformados a las audiencias, aunque aclaró que en Tabasco lo que se usa es presentarlos tras la reja en la ventanilla de pláticas.
Pero en el caso del juicio oral que se supone, una medida revitalizadora del procedimiento penal, afirmó, este debe garantizar la presunción de inocencia, lo de “nadie es culpable hasta que no se le declare como tal”, por lo que exhibir a un presunto delincuente como culpable ante los medios es una violación a los derechos humanos.
En la reforma al Código Procesal Penal que se encuentra en la Cámara de Diputados, aseguró, no se incluye nada que pueda evitar esas violaciones, como tampoco se prevé la indemnización por error judicial.
En base a lo anterior, nuestra solicitud es que -ante el activismo del presidente del TSJE, que está actuando en materia legislativa con premura, en relación a las adecuaciones para el juicio oral- los diputados actúen con seriedad y responsabilidad.
Los legisladores deben analizar en el sentido de que colocar brazaletes a niños y adolescentes infractores de delitos menores como medida cautelar, en un asunto que tiene que ver con la libertad de las personas y los derechos humanos.
No pueden aprobar esa medida por la indicación “extralógica” de que hay que aplicarla en tabasco porque en Estados Unidos Europa u otros estados del país la utilizan, no como una medida cautelar, sino como pena.
En España, por ejemplo se colocan brazaletes a los golpeadores de mujeres y en algunos estados de los EU también, y es correcto, admitió, pero en Tabasco la pretensión es imponer esa medida a los adolescentes, un sector vulnerable ¿y bajo qué principios?
Por otra parte el Estado debe admitir y comprender que si hay delincuentes es porque las deficiencias del mismo. Otro aspecto es el oneroso, mencionó Reyes Ramos.
¿Cuánto va a costar cada brazalete y cuánto el servicio de monitoreo electrónico? “Tengo entendido que es un bisne que se está fabricando por ahí, porque en México no se fabrican esos brazaletes, ni existe la tecnología para el monitoreo”.
¿De dónde saldrían los recursos para que el monitoreo proporcione los resultados que supuestamente se esperan? ¿O será otra simulación? Como las videocámaras que se encuentran en los juzgados.
Presuntamente esas videocámaras registran todas las actividades de cada uno de los juzgados, y a la mera hora, cuando uno pide las grabaciones como pruebas para demostrar que no se cumplieron con las formalidades procesales en contra de un acusado, simplemente se dice que no están porque el equipo no funciona, está apagado o no tiene cinta.
Hay que mencionar que el argumento del gobierno de Chihuahua para aplicar los brazaletes a adultos sentenciados, fue que es una medida menos violatoria a los derechos humanos, cuando lo que hay que buscar es que de ningún modo se violen.
Entonces, los diputados del partido que sean, en esta cuestión tendrán que valorar que lo hecho en otros estados, no tenemos porque acatarlo ni imitarlo, porque lo mejor no va con nuestra manera de ser.
Sobre todo cuando hay recomendaciones, pronunciamientos de comisiones de derechos humanos en contra.
“Que no nada más porque al presidente del TSJE se le ocurrió copiar o fusilarse textos de otros estados para traspolarlo al Código Procesal de Tabasco o a la Ley de adolescentes, los diputados tengan que aprobarlo, porque si por Campos Montejo fuera regresaríamos a la Edad Media”.
No es posible aplicar esa medida como cautelar, aún cuando se diga que el propio infractor lo esta pidiendo, fue cierto que en el pasado algunos esclavos no sabían que hacer con su libertad, a lo mejor algunos querían seguir con los grilletes, pero actualmente eso no es así.
La aplicación de brazaletes electrónicos sería una medida “discriminatoria, infame, inusitada” que va en contra de los derechos humanos y la Constitución, agregó.
El abogado entrevistado en relación a la iniciativa de reforma del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rodolfo Campos Montejo, dijo que el legislativo tendrá que analizar la propuesta muy detenidamente.
Aún cuando la propuesta todavía no es ley, Campos Montejo la está manejando como si ya el Congreso la hubiera aprobado.
Uno de los argumentos del titular del TSJE, destacó el integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, es que el gobierno del estado, con dicha medida cautelar se ahorrará la permanencia o internamiento de los menores y que la misma ya se está utilizando en otros estados y países.
Hay que tomar en cuenta -hizo notar- que la propuesta busca aplicar dicha medida a los adolescentes infractores en algunos delitos no graves.
Desde mi punto de vista, imponer brazaletes electrónicos a esos infractores, antes de recibir sentencia, más que medida cautelar, resultaría una sanción que atenta contra el principio de presunción de inocencia, porque estigmatizar al menor que lo use.
Ya la Organización de Naciones Unidas a través de su comité de derechos humanos, afirmó, ha censurado la vigilancia electrónica, incluso contra los adultos, y resulta curioso que en Tabasco se proponga para los menores y no para los adultos.
Es verdad que esa medida se está aplicando ya en algunos estados de la República y de Estados Unidos y ciertos países de Europa, aceptó, pero contra adultos que ya recibió sentencia, como una pena, pero la propuesta de Campos Montejo es como medida cautelar que asentaría el ministerio público y la utilizaría un juez.
Sin embargo, reiteró, tanto el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU como el Tribunal Europeo, se han pronunciado contra la vigilancia electrónica, aún de los procesados, porque atenta contra el principio de inocencia, la intimidad de las personas, va contra la dignidad humana e incide en la discriminación.
El artículo uno de la parte uno de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, ratificada por México el 23 de enero de 1986, mencionó, Reyes Ramos dice que:
“Para los efectos de la presente convención se entenderá por el término de tortura, todo acto por el cual se infrinja intencionalmente una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigar por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada o por cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimiento sean infringidos por un funcionario público o de otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o consentimiento o eficiencia…”
Es obtuso también, calificó, el argumento del presidente del TSJE cuando afirma que es una medida que no atenta contra los derechos humanos, porque el mismo infractor solicitaría que se le aplique, cuando resultaría cohercitiva.
“Es una revisión de la práctica del sanbenito inquisitorial, solo que en la Colonia se imponía a sentenciados, y en el Tabasco de ahora, como medida cautelar, prejuzgando la culpabilidad, así sean delitos menores”.
En resumen, los brazaletes son una especie de grilletes electrónicos. Eso en lo que se refiere al fondo, en cuanto la forma hay más, dijo.
La pregunta es: ¿garantiza algo el brazalete? No, responde el abogado, porque quien quiera evadirse lo hará con todo y brazalete, porque además puede ser cortado para deshacerse del mismo, es decir no, garantiza resultados efectivos, pero si se convertiría en una medida atentatoria contra la dignidad de las personas, peor aún, si se trata de menores.
Incluso podría equipararse a la práctica de la tortura, tortura mental, prohibida por convenciones internacionales firmadas por el gobierno mexicano, porque primero a esos niños o adolescentes, la justicia tabasqueña condicionaría su libertad, si acepta la colocación de un brazalete electrónico.
Y lo mismo fuera en un brazo o un pie, opinó, materialmente se les estaría imponiendo una pena.
Sergio Antonio Ramos, cuestionó también la iniciativa de reforma al Código Procesal Penal que también se encuentra en la Cámara de Diputados, no hay ningún dispositivo jurídico que proteja, en los hechos, la presunción de inocencia, solo una mera declaración, se presumen inocentes.
Hizo notar también que el actual Código Procesal Penal, no establece la prohibición de que un presunto delincuente sea exhibido ante los medios de comunicación como culpable, cuando aún no ha sido declarado como tal.
Tampoco que los inculpados se presenten uniformados a las audiencias, aunque aclaró que en Tabasco lo que se usa es presentarlos tras la reja en la ventanilla de pláticas.
Pero en el caso del juicio oral que se supone, una medida revitalizadora del procedimiento penal, afirmó, este debe garantizar la presunción de inocencia, lo de “nadie es culpable hasta que no se le declare como tal”, por lo que exhibir a un presunto delincuente como culpable ante los medios es una violación a los derechos humanos.
En la reforma al Código Procesal Penal que se encuentra en la Cámara de Diputados, aseguró, no se incluye nada que pueda evitar esas violaciones, como tampoco se prevé la indemnización por error judicial.
En base a lo anterior, nuestra solicitud es que -ante el activismo del presidente del TSJE, que está actuando en materia legislativa con premura, en relación a las adecuaciones para el juicio oral- los diputados actúen con seriedad y responsabilidad.
Los legisladores deben analizar en el sentido de que colocar brazaletes a niños y adolescentes infractores de delitos menores como medida cautelar, en un asunto que tiene que ver con la libertad de las personas y los derechos humanos.
No pueden aprobar esa medida por la indicación “extralógica” de que hay que aplicarla en tabasco porque en Estados Unidos Europa u otros estados del país la utilizan, no como una medida cautelar, sino como pena.
En España, por ejemplo se colocan brazaletes a los golpeadores de mujeres y en algunos estados de los EU también, y es correcto, admitió, pero en Tabasco la pretensión es imponer esa medida a los adolescentes, un sector vulnerable ¿y bajo qué principios?
Por otra parte el Estado debe admitir y comprender que si hay delincuentes es porque las deficiencias del mismo. Otro aspecto es el oneroso, mencionó Reyes Ramos.
¿Cuánto va a costar cada brazalete y cuánto el servicio de monitoreo electrónico? “Tengo entendido que es un bisne que se está fabricando por ahí, porque en México no se fabrican esos brazaletes, ni existe la tecnología para el monitoreo”.
¿De dónde saldrían los recursos para que el monitoreo proporcione los resultados que supuestamente se esperan? ¿O será otra simulación? Como las videocámaras que se encuentran en los juzgados.
Presuntamente esas videocámaras registran todas las actividades de cada uno de los juzgados, y a la mera hora, cuando uno pide las grabaciones como pruebas para demostrar que no se cumplieron con las formalidades procesales en contra de un acusado, simplemente se dice que no están porque el equipo no funciona, está apagado o no tiene cinta.
Hay que mencionar que el argumento del gobierno de Chihuahua para aplicar los brazaletes a adultos sentenciados, fue que es una medida menos violatoria a los derechos humanos, cuando lo que hay que buscar es que de ningún modo se violen.
Entonces, los diputados del partido que sean, en esta cuestión tendrán que valorar que lo hecho en otros estados, no tenemos porque acatarlo ni imitarlo, porque lo mejor no va con nuestra manera de ser.
Sobre todo cuando hay recomendaciones, pronunciamientos de comisiones de derechos humanos en contra.
“Que no nada más porque al presidente del TSJE se le ocurrió copiar o fusilarse textos de otros estados para traspolarlo al Código Procesal de Tabasco o a la Ley de adolescentes, los diputados tengan que aprobarlo, porque si por Campos Montejo fuera regresaríamos a la Edad Media”.
No es posible aplicar esa medida como cautelar, aún cuando se diga que el propio infractor lo esta pidiendo, fue cierto que en el pasado algunos esclavos no sabían que hacer con su libertad, a lo mejor algunos querían seguir con los grilletes, pero actualmente eso no es así.
La aplicación de brazaletes electrónicos sería una medida “discriminatoria, infame, inusitada” que va en contra de los derechos humanos y la Constitución, agregó.
