Denuncia Martínez Pérez la falta de transparencia del gobierno de Granier
Aseguró el diputado perredista que ese manejo irregular no es sólo en la cuenta pública del año pasado, sino que es una acción que se ha repetido año con año desde que Granier asumió la gubernatura en el 2007
VILLAHERMOSA, TABASCO, 4 DE OCTUBRE.- Previo a la votación de la cuenta pública del Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal del 2010, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, denunció las “deficiencias, opacidad y falta de transparencia con que han sido ejercidos los recursos por el gobierno de Andrés Granier”. Aseguró que ese manejo irregular no es sólo en la cuenta pública del año pasado, sino que es una acción que se ha repetido año con año desde que Granier asumió la gubernatura en el 2007. Afirmó que esa es la razón por la cual el mandatario tiene sumido al estado “en una crisis económica, social, de rezago educativo, pobreza extrema”, entre otros males. Martínez Pérez, cuestionó que tanto el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) como la primera Comisión Inspectora de Hacienda no hayan encontrado irregularidad alguna en el gasto ejercido, sobre todo en lo que hace a la obra pública, cuando se detectó “la no observancia y cumplimiento” de la ley en la materia. Manifestó que en los expedientes de obras públicas, revisados y analizados, se detectaron diversas anomalías e irregularidades en el proceso de licitación, contratación, ejecución y entrega o conclusión de las mismas.
Citó como ejemplo la construcción de la Plaza Bicentenario. Según el expediente técnico, se debió colocar piso de granito negro, pulido y brillado, porque es un material que no necesita mantenimiento. Sin embargo, anotó Martínez Pérez, Luis Fernando Sánchez, inspector de la obra del OSFE, hizo esa observación y anotó que en su lugar se colocó un piso de características distintas y a un precio menor al facturado. Se le notificó a la Contraloría del Estado esa anomalía para que sancionara a los responsables de la misma, pero sólo se les aplicó una “amonestación privada”, según consta en el expediente número PARA-59/2011, con fecha 22 de julio del presente año, emitido por la directora de Obras Públicas, Alma Aurora Jiménez. El legislador indicó por el daño que se le hizo al erario público y al “pueblo de Tabasco” la sanción debió ser mayor y se debió haber aplicado también a Jiménez. Martínez Pérez aseguró que 90 del 100 por ciento de las obras muestras presentaron un retraso en su conclusión, que van desde 30 hasta 548 días, como sucedió con la reconstrucción del Museo de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, cuyos trabajos terminaron un año y medio después de la fecha prevista y a los responsables sólo se les dio una amonestación.
También expuso las irregularidades detectadas en una obra realizada en Balancán por la Constructora Santendreu, uno de los consorcios favoritos del régimen. Se trata de la reconstrucción de tramos aislados de terracería, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, cuyo costo ascendió a poco más de 57 millones de pesos. Martínez Pérez aseguró que la constructora ganó la licitación “cotizando un precio incongruente en el cobro de grava”, es decir, menos al establecido, 253 mil 576 pesos, “pero lo grave del asunto es que después cancelan este precio y lo ajustan para un anexo de ampliación por un monto de 15 millones de pesos aproximadamente”. “Es decir, una partida que al inicio del concurso propone una cantidad irrisoria termina cobrando millones de pesos, esto se puede constatar en la documentación del acta de supervisión a proyecto de inversión pública”, agregó. El legislador perredista señaló que no es posible que en dos meses se quiera dar por aprobado los más de 35 mil millones de pesos ejercidos por el Ejecutivo estatal, a través de un dictamen lleno de opacidad y carente de transparencia. Pero sí fue posible. El PRI lo aprobó con sus 18 votos, más los del PT, PVEM y PANAL, y la abstención del diputado del PAN, Alberto de la Cruz Pozo.
Citó como ejemplo la construcción de la Plaza Bicentenario. Según el expediente técnico, se debió colocar piso de granito negro, pulido y brillado, porque es un material que no necesita mantenimiento. Sin embargo, anotó Martínez Pérez, Luis Fernando Sánchez, inspector de la obra del OSFE, hizo esa observación y anotó que en su lugar se colocó un piso de características distintas y a un precio menor al facturado. Se le notificó a la Contraloría del Estado esa anomalía para que sancionara a los responsables de la misma, pero sólo se les aplicó una “amonestación privada”, según consta en el expediente número PARA-59/2011, con fecha 22 de julio del presente año, emitido por la directora de Obras Públicas, Alma Aurora Jiménez. El legislador indicó por el daño que se le hizo al erario público y al “pueblo de Tabasco” la sanción debió ser mayor y se debió haber aplicado también a Jiménez. Martínez Pérez aseguró que 90 del 100 por ciento de las obras muestras presentaron un retraso en su conclusión, que van desde 30 hasta 548 días, como sucedió con la reconstrucción del Museo de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, cuyos trabajos terminaron un año y medio después de la fecha prevista y a los responsables sólo se les dio una amonestación.
También expuso las irregularidades detectadas en una obra realizada en Balancán por la Constructora Santendreu, uno de los consorcios favoritos del régimen. Se trata de la reconstrucción de tramos aislados de terracería, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, cuyo costo ascendió a poco más de 57 millones de pesos. Martínez Pérez aseguró que la constructora ganó la licitación “cotizando un precio incongruente en el cobro de grava”, es decir, menos al establecido, 253 mil 576 pesos, “pero lo grave del asunto es que después cancelan este precio y lo ajustan para un anexo de ampliación por un monto de 15 millones de pesos aproximadamente”. “Es decir, una partida que al inicio del concurso propone una cantidad irrisoria termina cobrando millones de pesos, esto se puede constatar en la documentación del acta de supervisión a proyecto de inversión pública”, agregó. El legislador perredista señaló que no es posible que en dos meses se quiera dar por aprobado los más de 35 mil millones de pesos ejercidos por el Ejecutivo estatal, a través de un dictamen lleno de opacidad y carente de transparencia. Pero sí fue posible. El PRI lo aprobó con sus 18 votos, más los del PT, PVEM y PANAL, y la abstención del diputado del PAN, Alberto de la Cruz Pozo.
