Derechos humanos un instrumento de uso común y cotidiano
Buscan hacer de los derechos humanos un instrumento aplicable a favor las personas
El desafío que nos queda por delante es hacer de los derechos humanos un instrumento de uso común, cotidiano y de manera; apropiarnos de ellos, superar la resistencia de los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, para que se apliquen a favor las personas.
Planteó ayer, ante mujeres de varios estados del sureste, la doctora en derecho, María Guadalupe Ramos Ponce integrante de la Comisión Nacional del Feminicidio y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Los trabajos del Encuentro Regional de Mujeres del Sureste Mexicano, que organizaron la Asociación Ecológica Santo Tomás y el Centro de Servicios Municipales (Cesem) “Heriberto Jara”, con el apoyo de organizaciones internacionales, comenzaron ayer y terminan este día en conocido hotel de esta ciudad.
En el primer día, la doctora Ramos Ponce hizo un análisis de la situación de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional y la abogada Martha Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas de Chiapas, habló de los avances y tareas pendientes en el ámbito legislativo en la región sureste.
Ante promotoras de los derechos humanos de las mujeres de los estados de Veracruz, Yucatán, Campeche y Tabasco, integrantes de la Red Nacional Municipalista y del responsable del CESEM a nivel nacional, Francisco Canseco, la doctora en derecho jaliciense demostró que el reconocimiento de los derechos de las mujeres en todo el mundo es prácticamente reciente.
Hablar de los derechos humanos de las mujeres es de apenas hace muy poco tiempo, afirmó, apenas 1993, en la Convención de Derechos Humanos de Viena, cuando se reconoce, por primer vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres son violaciones a esos derechos
También es 1993, cuando se establece que el responsable de la violencia que se ejerce contra las mujeres no es un asunto de la vida privada, de la vida íntima, sino responsabilidad del Estado y que es este el que debe garantizar su seguridad.
Luego la doctora Ramos Ponce con cifras y datos oficiales habló de la situación de desigualdad económica, social y política de las mujeres mexicanas, aún siendo más de la mitad de la población, el 57. 5 millones contra 54.4 millones de la población masculina
Me pregunto, expresó, “en qué momento sucedió que esa minoría de varones se apropió del mundo y cómo fue estructurando una serie de privilegios y para las mujeres una posición subordinada, toda una estructura para que le sirviera”, mencionó que la explicación quizá se encuentren en la obra del creador del Estado Moderno, Juan Jacobo Rosseau.
Habló también de la importancia de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que entraron en vigor en junio reciente.
Mencionó entre los aspectos más importantes de la misma, que elevaron a rango constitucional los derechos humanos protegidos por tratados internacionales y que en segundo lugar establecen la obligación de todas las autoridades, desde prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Pero sobre todo, destacó, uno de los principios fundamentales de los derechos, que me parece son, dijo, las garantías de no repetición, o sea la gran posibilidad de que esas violaciones que se cometieron no vuelvan a ocurrir.
Además, faculta a la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren derechos humanos y e reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales, eso es muy importante, afirmó. El otro aspecto fundamental es que se sustituye el término “todo hombre”, por el de “toda persona” en el artículo 11, con lo cual la norma constitucional, comienza a eliminar el lenguaje sexista que atraviesa toda la norma jurídica, los códigos penales y civiles, entre otros.
Por último planteó que si ya tenemos las normas constitucionales desde la proyección de de los derechos humanos y leyes secundarias, ahora hay trabajar en los protocolos para hacerlas realidad.
Desde los municipios en los casos de violencia, en materia de derechos humanos, trabajando nosotras al lado de la sociedad civil, no dejemos solos a los diputados porque no harán lo que socialmente las mujeres estamos necesitando, sugirió.
Hay que apropiarnos de los derechos humanos, que se conviertan de uso común, superar la resistencia de los operadores de justicia del sistema de procuración y administración de justicia.
Lograr que los abogados y abogadas se asuman como los principales garantes y promotores de los derechos humanos, tenemos que hacer que ellos y ellas se introyecten también con esta defensa, reformas, para lo cual también hay que reformar programas y planes de estudio de las escuelas de derecho para que incorporen esas reformas.
Es urgente, sostuvo, armonizar las leyes locales y nacionales, para lograr la igualdad sustantiva y jurídica necesarias para la diversidad de mujeres indígenas campesinas, rurales, lesbianas, heterosexuales, de la ciudad, profesionistas, jefas de familia, solteras y casadas.
Cada una de ellas con necesidades de derechos específicos que estén plenamente reconocidos y que les permitan acceder a una ciudadanía plena incluyendo la posibilidad de decidir libremente sobre vida, su cuerpo y a una vida libre de violencia.
Por último comentó que el jueves reciente “se dio una golpe a la ciudadanía de las mujeres”, con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde una minoría logró que se limite el derecho de las mujeres sobre su cuerpo.
No es una cuestión de si abortamos o no, ni es una promoción al aborto, , sino la promoción de la ciudadanía, de que en un estado de derecho existan posibilidades iguales para todos y todas, de que una mujer, bajo cualquier circunstancia decida libremente si interrumpe o no un embarazo, agregó.
Planteó ayer, ante mujeres de varios estados del sureste, la doctora en derecho, María Guadalupe Ramos Ponce integrante de la Comisión Nacional del Feminicidio y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Los trabajos del Encuentro Regional de Mujeres del Sureste Mexicano, que organizaron la Asociación Ecológica Santo Tomás y el Centro de Servicios Municipales (Cesem) “Heriberto Jara”, con el apoyo de organizaciones internacionales, comenzaron ayer y terminan este día en conocido hotel de esta ciudad.
En el primer día, la doctora Ramos Ponce hizo un análisis de la situación de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional y la abogada Martha Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas de Chiapas, habló de los avances y tareas pendientes en el ámbito legislativo en la región sureste.
Ante promotoras de los derechos humanos de las mujeres de los estados de Veracruz, Yucatán, Campeche y Tabasco, integrantes de la Red Nacional Municipalista y del responsable del CESEM a nivel nacional, Francisco Canseco, la doctora en derecho jaliciense demostró que el reconocimiento de los derechos de las mujeres en todo el mundo es prácticamente reciente.
Hablar de los derechos humanos de las mujeres es de apenas hace muy poco tiempo, afirmó, apenas 1993, en la Convención de Derechos Humanos de Viena, cuando se reconoce, por primer vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres son violaciones a esos derechos
También es 1993, cuando se establece que el responsable de la violencia que se ejerce contra las mujeres no es un asunto de la vida privada, de la vida íntima, sino responsabilidad del Estado y que es este el que debe garantizar su seguridad.
Luego la doctora Ramos Ponce con cifras y datos oficiales habló de la situación de desigualdad económica, social y política de las mujeres mexicanas, aún siendo más de la mitad de la población, el 57. 5 millones contra 54.4 millones de la población masculina
Me pregunto, expresó, “en qué momento sucedió que esa minoría de varones se apropió del mundo y cómo fue estructurando una serie de privilegios y para las mujeres una posición subordinada, toda una estructura para que le sirviera”, mencionó que la explicación quizá se encuentren en la obra del creador del Estado Moderno, Juan Jacobo Rosseau.
Habló también de la importancia de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que entraron en vigor en junio reciente.
Mencionó entre los aspectos más importantes de la misma, que elevaron a rango constitucional los derechos humanos protegidos por tratados internacionales y que en segundo lugar establecen la obligación de todas las autoridades, desde prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Pero sobre todo, destacó, uno de los principios fundamentales de los derechos, que me parece son, dijo, las garantías de no repetición, o sea la gran posibilidad de que esas violaciones que se cometieron no vuelvan a ocurrir.
Además, faculta a la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren derechos humanos y e reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales, eso es muy importante, afirmó. El otro aspecto fundamental es que se sustituye el término “todo hombre”, por el de “toda persona” en el artículo 11, con lo cual la norma constitucional, comienza a eliminar el lenguaje sexista que atraviesa toda la norma jurídica, los códigos penales y civiles, entre otros.
Por último planteó que si ya tenemos las normas constitucionales desde la proyección de de los derechos humanos y leyes secundarias, ahora hay trabajar en los protocolos para hacerlas realidad.
Desde los municipios en los casos de violencia, en materia de derechos humanos, trabajando nosotras al lado de la sociedad civil, no dejemos solos a los diputados porque no harán lo que socialmente las mujeres estamos necesitando, sugirió.
Hay que apropiarnos de los derechos humanos, que se conviertan de uso común, superar la resistencia de los operadores de justicia del sistema de procuración y administración de justicia.
Lograr que los abogados y abogadas se asuman como los principales garantes y promotores de los derechos humanos, tenemos que hacer que ellos y ellas se introyecten también con esta defensa, reformas, para lo cual también hay que reformar programas y planes de estudio de las escuelas de derecho para que incorporen esas reformas.
Es urgente, sostuvo, armonizar las leyes locales y nacionales, para lograr la igualdad sustantiva y jurídica necesarias para la diversidad de mujeres indígenas campesinas, rurales, lesbianas, heterosexuales, de la ciudad, profesionistas, jefas de familia, solteras y casadas.
Cada una de ellas con necesidades de derechos específicos que estén plenamente reconocidos y que les permitan acceder a una ciudadanía plena incluyendo la posibilidad de decidir libremente sobre vida, su cuerpo y a una vida libre de violencia.
Por último comentó que el jueves reciente “se dio una golpe a la ciudadanía de las mujeres”, con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde una minoría logró que se limite el derecho de las mujeres sobre su cuerpo.
No es una cuestión de si abortamos o no, ni es una promoción al aborto, , sino la promoción de la ciudadanía, de que en un estado de derecho existan posibilidades iguales para todos y todas, de que una mujer, bajo cualquier circunstancia decida libremente si interrumpe o no un embarazo, agregó.
