Derogarán ley de protección

VILLAHERMOSA, TABASCO. 24 DE ENERO DE 2013. Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado adelantaron que van por la derogación de las reformas a la Ley de Seguridad Pública aprobadas en la anterior legislatura para otorgar protección hasta por seis años a ex funcionarios que hayan estado en puestos de combate al crimen. Esa norma que beneficia a ex funcionarios hay que “derogarla”, ya que “no es posible” que todavía haya que brindarle protección a gentes que durante un sexenio en el poder “gozaron de muchas cosas”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa Sánchez. El coordinador de los diputados del PRD añadió que aunque este asunto no está contemplado para ser tocado en el actual periodo ordinario de sesiones, se tratará de incluir, para lo cual se buscarán los consensos con las otras bancadas al interior del máximo órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. Balboa Sánchez consideró que es posible que “una vez derogada” esa norma se le podría quitar la protección al ex gobernador Andrés Granier, así como a los ex secretario de Gobierno Rafael González Lastra, ex procurador Gregorio Romero, ex titular de Seguridad Pública Sergio López Uribe y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Rodolfo Campos Montejo. Comentó que el tema se analizará con expertos jurídicos para que brinden una “orientación completa”. En tanto, el panista Francisco Castillo Ramírez aseguró que puede recurrirse a la figura de inaplicación de la ley, para que una vez derogadas las reformas se les quite la protección a los ex funcionarios de la administración de Granier. La “inaplicabilidad de la ley”, explicó, sería determinada en un momento dado por el Congreso del Estado, o de ser el caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) previa interposición de algún recurso legal. Cuando la ley es abusiva y va en contra de los propios principios constitucionales, como esa que da protección a ex funcionarios hasta por seis años, es posible buscar su inaplicación, agregó Castillo. Indicó que en la población priva el sentimiento de que ex funcionarios que en su momento no cumplieron no tienen porque ser protegidos por seguridad oficial. Esos altos funcionarios del gobierno anterior no pudieron garantizar la seguridad de los tabasqueños y además le provocaron un “quebranto financiero” al estado, subrayó.