Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del organismo, manifestó que se siguen presentado casos de tortura para obligar a gente inocente a declararse culpable. (Foto: Joel Arias)
VILLAHERMOSA, TABASCO. 08 DE DICIEMBRE DE 2010. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se han vuelto un barril sin fondo. Cada año el gobierno del estado, con la aprobación priísta en el Congreso, les destina mayores recursos, sin embargo no se han podido bajar los índices delictivos ni desterrar practicas que obstaculizan la verdadera aplicación del Estado de Derecho.
El presupuesto de la SSP pasó de 1 mil 197 millones de pesos en 2009 a 1 mil 488 millones de pesos que se usaron en este 2010, y para 2011 el gobierno del estado está planteando al Congreso que esta dependencia ejerza 1 mil 764 millones de pesos, es decir 18.6 por ciento más que el año que corre.
En tanto, el presupuesto de la PGJ pasó de 675 millones de pesos en 2009 a 1 mil 065 millones de pesos en 2010, y ahora se proponen para el próximo año 1 mil 182 millones de pesos, un 11 por ciento más que en el actual ejercicio.
Sin embargo, los aumentos de recursos no se ven reflejados en mejores resultados. Hasta inicios de noviembre, de acuerdo a datos de la PGJ, se habían presentado al menos 26 ejecuciones en lo que va del año.
Y más allá de cifras oficiales, muchas veces maquilladas, en los últimos días se ha dado cuenta de un aumento en el número de secuestros, principalmente en municipios de La Chontalpa, así como de asesinatos de mujeres, lo que ha sido denunciado desde el Congreso del Estado.
Durante el pasado periodo vacacional, el mismo subsecretario de Educación Básica, Santana Magaña Izquierdo, reportó robos de tubería y cableado de cobre en al menos ocho planteles.
Además, Tabasco tiene uno de los mayores índices de robo de ganado.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) consideró que los millonarios recursos destinados a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia ha sido “dinero tirado a la basura” porque el combate a la inseguridad y la actuación de la PGJ ha dejado mucho que desear.
Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del organismo, manifestó que se siguen presentado casos de tortura para obligar a gente inocente a declararse culpable, lo que el gobierno aprovecha para salir a decir que están resueltos los casos.
Consideró que el gobierno del estado ha mal enfocado sus estrategias de combate a la delincuencia, pues no se trata de otorgar mayores recursos a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, sino de combatir el fenómeno desde el punto de vista social, dándole mayores oportunidades de empleo y educación a la ciudadanía.
“Hay que invertir en el gasto social porque si tu empiezas a combatir desde ahí el desempleo, la pobreza, pues seguramente la gente no va a tener la necesidad de delinquir” y con ello no habría inseguridad, sostuvo Rodríguez León.
Se debe de invertir en la prevención, lo que significa aportarle más a la generación de puestos de trabajo y a la educación, lo que va a ayudar a que la gente tenga empleos dignos y no la necesidad de andar delinquiendo, anotó.
Puntualizó que más que un asunto de mayores recursos, lo que las dependencias de seguridad tienen que implementar son programas de combate a la corrupción, para acabar con las complicidades entre elementos policíacos y miembros de la delincuencia organizada.
El presupuesto de la SSP pasó de 1 mil 197 millones de pesos en 2009 a 1 mil 488 millones de pesos que se usaron en este 2010, y para 2011 el gobierno del estado está planteando al Congreso que esta dependencia ejerza 1 mil 764 millones de pesos, es decir 18.6 por ciento más que el año que corre.
En tanto, el presupuesto de la PGJ pasó de 675 millones de pesos en 2009 a 1 mil 065 millones de pesos en 2010, y ahora se proponen para el próximo año 1 mil 182 millones de pesos, un 11 por ciento más que en el actual ejercicio.
Sin embargo, los aumentos de recursos no se ven reflejados en mejores resultados. Hasta inicios de noviembre, de acuerdo a datos de la PGJ, se habían presentado al menos 26 ejecuciones en lo que va del año.
Y más allá de cifras oficiales, muchas veces maquilladas, en los últimos días se ha dado cuenta de un aumento en el número de secuestros, principalmente en municipios de La Chontalpa, así como de asesinatos de mujeres, lo que ha sido denunciado desde el Congreso del Estado.
Durante el pasado periodo vacacional, el mismo subsecretario de Educación Básica, Santana Magaña Izquierdo, reportó robos de tubería y cableado de cobre en al menos ocho planteles.
Además, Tabasco tiene uno de los mayores índices de robo de ganado.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) consideró que los millonarios recursos destinados a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia ha sido “dinero tirado a la basura” porque el combate a la inseguridad y la actuación de la PGJ ha dejado mucho que desear.
Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del organismo, manifestó que se siguen presentado casos de tortura para obligar a gente inocente a declararse culpable, lo que el gobierno aprovecha para salir a decir que están resueltos los casos.
Consideró que el gobierno del estado ha mal enfocado sus estrategias de combate a la delincuencia, pues no se trata de otorgar mayores recursos a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, sino de combatir el fenómeno desde el punto de vista social, dándole mayores oportunidades de empleo y educación a la ciudadanía.
“Hay que invertir en el gasto social porque si tu empiezas a combatir desde ahí el desempleo, la pobreza, pues seguramente la gente no va a tener la necesidad de delinquir” y con ello no habría inseguridad, sostuvo Rodríguez León.
Se debe de invertir en la prevención, lo que significa aportarle más a la generación de puestos de trabajo y a la educación, lo que va a ayudar a que la gente tenga empleos dignos y no la necesidad de andar delinquiendo, anotó.
Puntualizó que más que un asunto de mayores recursos, lo que las dependencias de seguridad tienen que implementar son programas de combate a la corrupción, para acabar con las complicidades entre elementos policíacos y miembros de la delincuencia organizada.
