Los desalojos de familias, la posterior destrucción de sus viviendas y patrimonio sin procedimiento judicial ni administrativo de por medio, con el objetivo de abrir ventanas de alivio e impedir la inundación de Villahermosa, es una violación flagrante a las garantías individuales y derechos humanos de esos tabasqueños.
Expuso lo anterior el abogado Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, cuestionado ayer respecto a la reciente de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Tabasco. Afirmó que, después de llevarse los testimonios de los desalojados de varias comunidades del municipio del Centro, espera que a la brevedad posible, la OACNUDH emita una recomendación en contra del Gobierno del Estado por las arbitrariedades en las que está incurriendo. Efraín Rodríguez -en esa reunión de representantes de Samarkanda, Medellín y Pigua, Lagartera, Miguel Hidalgo, Tintillo, Aztlanes, Cruz del Bajío, El Zapote- expuso ante el representante del OACNUDH que el Gobierno del Estado, estás violando las garantías individuales de esas familias, entre otras cosas porque nos las llamó a negociar, ni hubo procedimiento administrativo o judicial con el que se pudieran defender.
Los desalojos se llevan a cabo, abundó, mediante la intimidación, ya que las autoridades hacen acto de presencia de manera sorpresiva y con camiones llenos de antimotines armados, con escudos y gases lacrimógenos.
“Pareciera que van a enfrentar guerrilleros cuando son gente de trabajo, de lucha y sus casas están siendo valuadas exageradamente en menos de 120 mil pesos que es el valor de las casas que les están dando, cuando el valor de sus propiedades oscila entre los 300 y millón y medio de pesos. Por supuesto que eso es un atentado contra el patrimonio de esas familias, que además está provocando desarraigo, arrancándolos de su lugar de origen, donde han estado asentados durante décadas. Existe una cerrazón del Gobierno para escuchar a la gente para negociar, no hay apertura aún cuando nos hemos ofrecido como mediadores, dijo el abogado de Codehutab.
Narró que la semana pasada, personas de Medellin y Pigua solicitaron su apoyo porque los antimotines los tenían rodeados, acudimos en compañía de compañeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ellos se quedaron a recibir la queja y nosotros nos adelantamos para tomar video de lo que estaba sucediendo. Elementos de la Secretaria de la Defensa , que arribaron al lugar en camiones y armados con armas de grueso calibre, presidían el operativo y, en actitud intimidatoria, atravesaron su camión para evitar la grabación, pero cuando vieron que seguíamos filmando, “dos militares tuvieron la desfachatez de dirigirse a nosotros para que le entregáramos la cámara de video”.
Pensamos que si eso nos hacen a nosotros como defensores de derechos humanos, que no le harán a esa gente. Cuestionado al respecto, Rodríguez León mencionó que la visita de los enviados de la OACNUDH, tuvo tres objetivos conocer la situación de personas que han sido objeto de tortura por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de un informe de Codehutab.También informarse de la situación de los derechos humanos de las mujeres y víctimas de violencia de género y recibir los testimonios de los afectados por las ventanas de alivio.
Mencionó que en relación a los casos de tortura, los dos enviados de la OACNUDH, dialogaron con agraviados, sus familiares y autoridades de la PGJE para disponer de las dos versiones y confrontarlas.
En cuanto a la problemática de las mujeres, mencionó, se fueron preocupados porque en Tabasco no hay avances en esta materia, ni en las leyes ni en sus derechos, afirmó.
En cuanto al diálogo con los desalojados, comentó que fue muy valioso, debido a que en el estado y en el país, los gobiernos tienen todo controlado, era necesario que viniera gente de fuera para documentar esto, dijo.
Principalmente, abundó, porque hace unos días, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respecto a los desalojados, declaró que no se estaban violando los derechos humanos de esas personas.
Esperamos que la OACNUDH difunda fuera del estado y del país las violaciones a los derechos humanos de las que estamos siendo objeto los tabasqueños, por parte de las autoridades del estado.
El OACNUDH debe emitir una recomendación al Gobierno de Tabasco y Felipe Calderón, porque en todas esas afectaciones tiene responsabilidad tanto el gobierno federal como estatal, vale la pena exhibirlos ante la comunidad internacional, afirmó.
La presencia de esta oficina de Naciones Unidas en tabasco, podría ser la punta de lanza de una serie de denuncias penales que presentará afectados ante la PGR, por los delitos de daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, allanamiento de morada, entre otros- Estamos conscientes de que es difícil que obtengamos una respuesta favorable de esta dependencia, pero servirá para agotar las instancias, locales y nacional, para luego acceder a instancias fuera del país, acudiendo a la Corte Penal Internacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales emiten declaratorias que son de carácter obligatorio, afirmó.
Expuso lo anterior el abogado Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, cuestionado ayer respecto a la reciente de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Tabasco. Afirmó que, después de llevarse los testimonios de los desalojados de varias comunidades del municipio del Centro, espera que a la brevedad posible, la OACNUDH emita una recomendación en contra del Gobierno del Estado por las arbitrariedades en las que está incurriendo. Efraín Rodríguez -en esa reunión de representantes de Samarkanda, Medellín y Pigua, Lagartera, Miguel Hidalgo, Tintillo, Aztlanes, Cruz del Bajío, El Zapote- expuso ante el representante del OACNUDH que el Gobierno del Estado, estás violando las garantías individuales de esas familias, entre otras cosas porque nos las llamó a negociar, ni hubo procedimiento administrativo o judicial con el que se pudieran defender.
Los desalojos se llevan a cabo, abundó, mediante la intimidación, ya que las autoridades hacen acto de presencia de manera sorpresiva y con camiones llenos de antimotines armados, con escudos y gases lacrimógenos.
“Pareciera que van a enfrentar guerrilleros cuando son gente de trabajo, de lucha y sus casas están siendo valuadas exageradamente en menos de 120 mil pesos que es el valor de las casas que les están dando, cuando el valor de sus propiedades oscila entre los 300 y millón y medio de pesos. Por supuesto que eso es un atentado contra el patrimonio de esas familias, que además está provocando desarraigo, arrancándolos de su lugar de origen, donde han estado asentados durante décadas. Existe una cerrazón del Gobierno para escuchar a la gente para negociar, no hay apertura aún cuando nos hemos ofrecido como mediadores, dijo el abogado de Codehutab.
Narró que la semana pasada, personas de Medellin y Pigua solicitaron su apoyo porque los antimotines los tenían rodeados, acudimos en compañía de compañeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ellos se quedaron a recibir la queja y nosotros nos adelantamos para tomar video de lo que estaba sucediendo. Elementos de la Secretaria de la Defensa , que arribaron al lugar en camiones y armados con armas de grueso calibre, presidían el operativo y, en actitud intimidatoria, atravesaron su camión para evitar la grabación, pero cuando vieron que seguíamos filmando, “dos militares tuvieron la desfachatez de dirigirse a nosotros para que le entregáramos la cámara de video”.
Pensamos que si eso nos hacen a nosotros como defensores de derechos humanos, que no le harán a esa gente. Cuestionado al respecto, Rodríguez León mencionó que la visita de los enviados de la OACNUDH, tuvo tres objetivos conocer la situación de personas que han sido objeto de tortura por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de un informe de Codehutab.También informarse de la situación de los derechos humanos de las mujeres y víctimas de violencia de género y recibir los testimonios de los afectados por las ventanas de alivio.
Mencionó que en relación a los casos de tortura, los dos enviados de la OACNUDH, dialogaron con agraviados, sus familiares y autoridades de la PGJE para disponer de las dos versiones y confrontarlas.
En cuanto a la problemática de las mujeres, mencionó, se fueron preocupados porque en Tabasco no hay avances en esta materia, ni en las leyes ni en sus derechos, afirmó.
En cuanto al diálogo con los desalojados, comentó que fue muy valioso, debido a que en el estado y en el país, los gobiernos tienen todo controlado, era necesario que viniera gente de fuera para documentar esto, dijo.
Principalmente, abundó, porque hace unos días, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respecto a los desalojados, declaró que no se estaban violando los derechos humanos de esas personas.
Esperamos que la OACNUDH difunda fuera del estado y del país las violaciones a los derechos humanos de las que estamos siendo objeto los tabasqueños, por parte de las autoridades del estado.
El OACNUDH debe emitir una recomendación al Gobierno de Tabasco y Felipe Calderón, porque en todas esas afectaciones tiene responsabilidad tanto el gobierno federal como estatal, vale la pena exhibirlos ante la comunidad internacional, afirmó.
La presencia de esta oficina de Naciones Unidas en tabasco, podría ser la punta de lanza de una serie de denuncias penales que presentará afectados ante la PGR, por los delitos de daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, allanamiento de morada, entre otros- Estamos conscientes de que es difícil que obtengamos una respuesta favorable de esta dependencia, pero servirá para agotar las instancias, locales y nacional, para luego acceder a instancias fuera del país, acudiendo a la Corte Penal Internacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales emiten declaratorias que son de carácter obligatorio, afirmó.
