Según los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2009, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los estados y municipios son un área cada vez más opaca, con más irregularidades, y que concentran el mayor número de observaciones En 2009, los estados de la república hicieron mal uso de 37 mil 759 millones de pesos, que son parte de las transferencias de recursos federales a programas locales de desarrollo, salud, educación, seguridad e infraestructura, entre otros. Según los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2009, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los estados y municipios son un área cada vez más opaca, con más irregularidades, y que concentran el mayor número de observaciones. Según la Matriz de impactos de la fiscalización del total de auditorías practicadas por las unidades de fiscalización de las Legislaturas estatales, San Luis Potosí fue el estado con más irregularidades en 2009, pues obtuvo 4 mil 721 observaciones — de 18 mil 797 totales—, es decir, 25% de las anomalías detectadas en todo el país.
A San Luis Potosí lo siguieron Yucatán, Tabasco, Hidalgo y Estado de México. En contraste, las entidades con menos observaciones son Querétaro, Jalisco, Puebla y Veracruz. Entre los fondos con más solicitudes de recuperaciones económicas está el de Educación Básica, con un requerimiento por 19 mil 655 millones de pesos, de los cuales ya se solventaron 3 mil 619 millones de pesos y faltan por reintegrar 16 mil millones.
En ese rubro, la ASF reportó pagos irregulares a trabajadores “comisionados” adscritos a secciones sindicales; a personas que de manera simultánea desempeñan un cargo de elección popular; “en demasía” a personal con sólo un nivel de carrera; a personal no localizable, y a la nómina en áreas de educación superior. Por ello, el órgano fiscalizador recomendó “definir con precisión las remuneraciones extraordinarias que los gobiernos locales pueden acordar en sus negociaciones laborales, a fin de que dispongan de un marco regulatorio específico y (que) estén vinculadas a indicadores de desempeño, evaluaciones de resultados y calidad educativa, con el soporte legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Educación Pública”.
Subejercicio en seguridad
En el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas —que históricamente es robustecido por los diputados federales para favorecer a sus gobernadores—, se detectaron 5 mil 621 millones de pesos por gastos duplicados, carencia de documentación comprobatoria e inexistencia de controles. “Se destinaron recursos para el pago de intereses, comisiones o gastos de la deuda, sin acreditar que con ello se fortalecían las finanzas de las entidades; se hicieron gastos indirectos que rebasaron lo autorizado en la norma, y se destinaron recursos para el pago de jubilaciones y pensiones sin acreditar legalidad”, dice el informe. Otro caso, de los 15 fondos estatales observados, es el de Aportaciones para los Servicios de Salud, en el que la ASF pidió reintegrar mil 684 millones de pesos —de los cuales se reintegraron 564.4 millones de pesos— que fueron mal administrados por el pago de comisiones sindicales; a médicos que no acreditan especialidad; a compra de medicamentos sin contratos o procesos de adjudicación; a la distribución extemporánea de medicamento, y por la existencia de medicamentos próximos a caducar o de nulo uso en el servicio público.
En cuanto a los fondos estatales asignados a seguridad pública, la ASF etiquetó 635 millones 300 mil pesos como recuperables, de los cuales ya se devolvieron 144 millones 300 mil pesos. Según la ASF, y contrario al clima de violencia que se vive en México, los estados sólo ejercieron 65% de los recursos federales asignados, y algunos rubros los dejaron hasta en 15% de aprovechamiento. “No se actualizaron las bases de datos de vehículos, licencias, policías, ex policías, reclusos, custodios, peritos, Ministerios Públicos y registros de armamento. No todos los policías que presentaron evaluaciones sicológicas de entorno social, poligráficas, médicas y toxicológicas acreditaron sus bases. “No se evaluó el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados, lo que se suma al incumplimiento de las metas comprometidas en el Eje Plataforma México”, dice la ASF. Los fondos menos observados fueron el de Gasto Federalizado, con 2.7 millones de pesos, y el de Infraestructura Local, por 4.1 millones de pesos.
A San Luis Potosí lo siguieron Yucatán, Tabasco, Hidalgo y Estado de México. En contraste, las entidades con menos observaciones son Querétaro, Jalisco, Puebla y Veracruz. Entre los fondos con más solicitudes de recuperaciones económicas está el de Educación Básica, con un requerimiento por 19 mil 655 millones de pesos, de los cuales ya se solventaron 3 mil 619 millones de pesos y faltan por reintegrar 16 mil millones.
En ese rubro, la ASF reportó pagos irregulares a trabajadores “comisionados” adscritos a secciones sindicales; a personas que de manera simultánea desempeñan un cargo de elección popular; “en demasía” a personal con sólo un nivel de carrera; a personal no localizable, y a la nómina en áreas de educación superior. Por ello, el órgano fiscalizador recomendó “definir con precisión las remuneraciones extraordinarias que los gobiernos locales pueden acordar en sus negociaciones laborales, a fin de que dispongan de un marco regulatorio específico y (que) estén vinculadas a indicadores de desempeño, evaluaciones de resultados y calidad educativa, con el soporte legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Educación Pública”.
Subejercicio en seguridad
En el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas —que históricamente es robustecido por los diputados federales para favorecer a sus gobernadores—, se detectaron 5 mil 621 millones de pesos por gastos duplicados, carencia de documentación comprobatoria e inexistencia de controles. “Se destinaron recursos para el pago de intereses, comisiones o gastos de la deuda, sin acreditar que con ello se fortalecían las finanzas de las entidades; se hicieron gastos indirectos que rebasaron lo autorizado en la norma, y se destinaron recursos para el pago de jubilaciones y pensiones sin acreditar legalidad”, dice el informe. Otro caso, de los 15 fondos estatales observados, es el de Aportaciones para los Servicios de Salud, en el que la ASF pidió reintegrar mil 684 millones de pesos —de los cuales se reintegraron 564.4 millones de pesos— que fueron mal administrados por el pago de comisiones sindicales; a médicos que no acreditan especialidad; a compra de medicamentos sin contratos o procesos de adjudicación; a la distribución extemporánea de medicamento, y por la existencia de medicamentos próximos a caducar o de nulo uso en el servicio público.
En cuanto a los fondos estatales asignados a seguridad pública, la ASF etiquetó 635 millones 300 mil pesos como recuperables, de los cuales ya se devolvieron 144 millones 300 mil pesos. Según la ASF, y contrario al clima de violencia que se vive en México, los estados sólo ejercieron 65% de los recursos federales asignados, y algunos rubros los dejaron hasta en 15% de aprovechamiento. “No se actualizaron las bases de datos de vehículos, licencias, policías, ex policías, reclusos, custodios, peritos, Ministerios Públicos y registros de armamento. No todos los policías que presentaron evaluaciones sicológicas de entorno social, poligráficas, médicas y toxicológicas acreditaron sus bases. “No se evaluó el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados, lo que se suma al incumplimiento de las metas comprometidas en el Eje Plataforma México”, dice la ASF. Los fondos menos observados fueron el de Gasto Federalizado, con 2.7 millones de pesos, y el de Infraestructura Local, por 4.1 millones de pesos.
