DEUDA DE LOS ESTADOS
Los presupuestos de ingresos y egresos de los estados de nuestro país están normados por las leyes de éstos y por los principios del federalismo, con el fin de evitar la duplicación de impuestos en las entidades federativas. Por ejemplo, el impuesto predial, que se cobra por la propiedad territorial, y la denominada “tenencia”, tasa impositiva aplicada a vehículos particulares (muy parecida, por cierto, a los impuestos que Santa Ana impuso a los hogares con base en el número de puertas y ventanas) son de competencia local. Por su parte, algunos cargos fiscales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que aun cuando se aplica físicamente en los estados, es la Federación quien los cobra; los recursos que provienen de Pemex también son recaudados por la Federación y no por los estados. Para evitar dobles cobros se creó una legislación llamada Ley de Coordinación Fiscal, cuyo artículo primero señala: “Esta Ley tiene por objeto: coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal; establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento”.
De esa manera los municipios, los estados y la Federación plantean un proyecto de ingresos y egresos que conforma su presupuesto, de manera que si los gastos de los estados superan sus posibles ingresos, entonces acuden a las deudas.
La deuda es, por tanto, una válvula de escape, pero, al propio tiempo, signos de debilidad en la recaudación y quizás en el manejo de los recursos públicos. Llama la atención que el tema de las deudas surja después de las elecciones que se vivieron para los distintos niveles de gobierno, pues se insinúa el desvío de recursos.
Actualmente la deuda de los estados está en boga porque se acerca la repartición del presupuesto a nivel federal por la Cámara de Diputados. La discusión ha salido a relucir, al menos eso es lo que parece, para que se castigue a los estados y se deje a la Federación el manejo de los recursos, ya que el dinero en manos de los estados no ha sido utilizado de manera correcta y, por lo mismo, debe ser manejado por quien sí sepa hacerlo; por ejemplo, la reciente iniciativa preferente aprobada en la cámara de origen (Cámara de Diputados) y en la cámara revisora (Cámara de Senadores) en torno a la Ley de Transparencia en la cual se obliga a los estados y a los municipios a publicar sus estados de cuenta, pone de manifiesto el interés del Gobierno federal saliente de dejarle “candados” de todo tipo al gobierno entrante para evitar con ello, según señalaron los panegiristas de la medida, los malos manejos de los presidentes municipales y gobiernos estatales. Como el 62 por ciento de los municipios está gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sólo el 19 por ciento (el 13 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente) están en manos del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y otros partidos, respectivamente, queda claro que el proyectil está fundamentalmente dirigido contra el Revolucionario Institucional.
Adicionalmente, si recordamos el reciente escándalo político que se vivió en Coahuila como consecuencia del conocimiento de un adeudo concertado de manera inadecuada o poco clara y mediante operaciones bancarias de alto riesgo, estaremos en condiciones de entender mejor por qué las deudas de los estados han sido tomadas como un pretexto para lanzar la Ley de Transparencia ya referida y por qué, asimismo, se refuerza la hipótesis manejada por la prensa en el sentido de que las críticas sobre el endeudamiento de los estados tienen una dedicatoria dirigida contra los gobiernos priistas.
La deuda de los estados llega a los 404 mil millones de pesos, lo cual equivale al 14.7 por ciento de la deuda externa total, que es de 2.7 billones de pesos según el Banco de México. Asimismo, se revela que el 57 por ciento del adeudo se tiene con la banca comercial. El 79 por ciento de los 404 mil millones son deudas contraídas por los gobiernos estatales. El monto total del adeudo, dividido entre todos los mexicanos, equivale a una deuda por persona de 3 mil 524, cantidad que equivale a 58 días de trabajo de un obrero que gana el salario mínimo. Esos montos son altos y pueden paralizar a los estados. Adeudos también los hay, por ejemplo, con la CFE y con la misma crisis económica.
La burocracia mexicana es una de las más caras del mundo, su costo equipara al PIB de Uruguay, eventualmente puede obstaculizar los gastos de inversión destinados al desarrollo de los estados y, peor aún, puede obligarlos a pedir más préstamos, toda vez que sus recaudaciones y las asignaciones federales quizás no satisfagan sus necesidades. También es posible, aunque eso no pueda comprobarse, que haya estados cuyos recursos se hayan agotado con los gastos de las campañas políticas de este año, y que ésa sea la causa real de sus padecimientos financieros. El tema de la deuda, no obstante, debe revisarse, porque no sólo se trata de evitar que los estados sigan endeudándose y de transparentar esos recursos, sino de que éstos finalmente sean destinados para el beneficio de los mexicanos que más lo necesitan.
De esa manera los municipios, los estados y la Federación plantean un proyecto de ingresos y egresos que conforma su presupuesto, de manera que si los gastos de los estados superan sus posibles ingresos, entonces acuden a las deudas.
La deuda es, por tanto, una válvula de escape, pero, al propio tiempo, signos de debilidad en la recaudación y quizás en el manejo de los recursos públicos. Llama la atención que el tema de las deudas surja después de las elecciones que se vivieron para los distintos niveles de gobierno, pues se insinúa el desvío de recursos.
Actualmente la deuda de los estados está en boga porque se acerca la repartición del presupuesto a nivel federal por la Cámara de Diputados. La discusión ha salido a relucir, al menos eso es lo que parece, para que se castigue a los estados y se deje a la Federación el manejo de los recursos, ya que el dinero en manos de los estados no ha sido utilizado de manera correcta y, por lo mismo, debe ser manejado por quien sí sepa hacerlo; por ejemplo, la reciente iniciativa preferente aprobada en la cámara de origen (Cámara de Diputados) y en la cámara revisora (Cámara de Senadores) en torno a la Ley de Transparencia en la cual se obliga a los estados y a los municipios a publicar sus estados de cuenta, pone de manifiesto el interés del Gobierno federal saliente de dejarle “candados” de todo tipo al gobierno entrante para evitar con ello, según señalaron los panegiristas de la medida, los malos manejos de los presidentes municipales y gobiernos estatales. Como el 62 por ciento de los municipios está gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sólo el 19 por ciento (el 13 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente) están en manos del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y otros partidos, respectivamente, queda claro que el proyectil está fundamentalmente dirigido contra el Revolucionario Institucional.
Adicionalmente, si recordamos el reciente escándalo político que se vivió en Coahuila como consecuencia del conocimiento de un adeudo concertado de manera inadecuada o poco clara y mediante operaciones bancarias de alto riesgo, estaremos en condiciones de entender mejor por qué las deudas de los estados han sido tomadas como un pretexto para lanzar la Ley de Transparencia ya referida y por qué, asimismo, se refuerza la hipótesis manejada por la prensa en el sentido de que las críticas sobre el endeudamiento de los estados tienen una dedicatoria dirigida contra los gobiernos priistas.
La deuda de los estados llega a los 404 mil millones de pesos, lo cual equivale al 14.7 por ciento de la deuda externa total, que es de 2.7 billones de pesos según el Banco de México. Asimismo, se revela que el 57 por ciento del adeudo se tiene con la banca comercial. El 79 por ciento de los 404 mil millones son deudas contraídas por los gobiernos estatales. El monto total del adeudo, dividido entre todos los mexicanos, equivale a una deuda por persona de 3 mil 524, cantidad que equivale a 58 días de trabajo de un obrero que gana el salario mínimo. Esos montos son altos y pueden paralizar a los estados. Adeudos también los hay, por ejemplo, con la CFE y con la misma crisis económica.
La burocracia mexicana es una de las más caras del mundo, su costo equipara al PIB de Uruguay, eventualmente puede obstaculizar los gastos de inversión destinados al desarrollo de los estados y, peor aún, puede obligarlos a pedir más préstamos, toda vez que sus recaudaciones y las asignaciones federales quizás no satisfagan sus necesidades. También es posible, aunque eso no pueda comprobarse, que haya estados cuyos recursos se hayan agotado con los gastos de las campañas políticas de este año, y que ésa sea la causa real de sus padecimientos financieros. El tema de la deuda, no obstante, debe revisarse, porque no sólo se trata de evitar que los estados sigan endeudándose y de transparentar esos recursos, sino de que éstos finalmente sean destinados para el beneficio de los mexicanos que más lo necesitan.
