Deyá presenta demanda penal contra fiscal especial del OSF

 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 26 DE AGOSTO DE 2013. Luis Francisco Deyá Oropeza, ex alcalde de Jalapa, dio a conocer este día que el viernes interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el fiscal especial del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Carlos Ramón Castro, en contubernio con el actual edil del municipio, Ovidio Hernández Pérez, por ejercicio indebido de funciones y coalición de servidores públicos.
    El ex perredista señaló que la denuncia contra Ramón Castro, quien fungió unos meses como titular del OSFE tras la renuncia de Francisco Rullán Silva, y Hernández Pérez se debe a que se negaron a recibir la documentación con la que se solventaban las observaciones hechas por el órgano auditor a su cuenta pública 2012 de Jalapa, último año en que le tocó gobernar el municipio.
    Solicitó a la PGJE que investigue lo relacionado con la documentación de Jalapa del 2012 que el viernes se encontró en la carretera del municipio a Tacotalpa. Es decir, su autenticidad, contenido y quien era el responsable de su cuidado.
    Como titular del OSFE Rullán Silva inventó observaciones a la cuenta pública de Jalapa 2012, y tras la renuncia de éste, su sucesor Carlos Ramón Castro, antes y ahora fiscal especial, siguió en esa tónica, acusó Deyá.
    El militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) detalló que el órgano de fiscalización le observó más de 74 millones de pesos en lo relacionado al tercer trimestre del año pasado, y en el cuarto y último otros 284 millones, cifras que no cuadran porque en total Jalapa manejó en el 2012 únicamente 193 millones de pesos.
    Gente “perversa” del OSFE inventaron “dinero fantasma” al municipio, señaló.
    Comentó que su administración entregó cientos de documentos para solventar las observaciones tanto al OSFE como al actual gobierno priísta de Jalapa, los cuales no fueron tomados en cuenta, y al final las irregularidades del 2012 quedaron en más de 100 millones de pesos.
    Consideró que esto obedece a una venganza de Rullán Silva, a quien su administración denunció penalmente en diciembre pasado por encubrir al ex alcalde Antonio Priego Jiménez, pese a que éste dejó en bancarrota a la localidad de la sierra.
    Pidió a la segunda comisión inspectora de hacienda, a la que tocará revisar el ejercicio de su municipio, que lo haga de forma exhaustiva.