Difunden nueva ley contra Trata de personas
VILLAHERMOSA, TAB.- Con el objetivo de inhibir y castigar la explotación sexual, laboral y de cualquier otra índole, diversas organizaciones y dependencias como PGJ, DIF, Seguridad Pública, así como PGR, SRE y CNDH, entre otras, unieron esfuerzos para difundir la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
El procurador general de Justicia, Gregorio Romero Tequextle, en conferencia de prensa, al presentar a la Comisión encargada de promover esta ley, afirmó que ésta busca dar protección y asistencia a las víctimas de los delitos de esclavitud, prostitución, explotación laboral, servicios forzados, adopción ilegal, tráfico de órganos, servidumbre, matrimonio forzado y pornografía infantil, derivado de la trata de personas.
Explicó que la mencionada ley establece en su artículo 10 que se entiende por trata de personas: toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar una o varias personas con fines de explotación.
Dijo en presencia de Patricia Osorio Lastra, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, que toda persona que cometa cualquiera de estos delitos, se hará acreedora a penas de cinco y hasta 15 años de prisión y de un mil hasta 20 mil días por concepto de multas.
Calificó esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 14 de junio del presente, “como de avanzada”, producto de muchos años de lucha de organismos sociales y movimientos a favor del castigo de quienes utilizan a personas para beneficiarse.
Refirió delante de José Guadalupe Guevara Córdova y Erick Gutiérrez Cosío, delegados y subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) e Instituto Nacional de Migración (INM), que la ley tiene carácter general, es decir, si sólo una persona está implicada será considerado delito del fuero común y cuando concurran varias personas con visos de delincuencia organizada, se considerará del fuero federal.
En cuanto al ámbito local, la investigación de los delitos serán atendidos en la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables y se procederá al interponer la denuncia.
Hizo un llamado a la sociedad a participar en la promoción de esta ley, hacer saber sus derechos a quienes estén siendo víctimas de delitos de trata de personas.
Explicó que entre las prácticas más comunes donde se encuadran estos delitos son la explotación sexual, sea de menores y adultos, la mendicidad forzosa, utilizar menores de edad en actividades delictivas, explotación de órganos y adopción ilegal.
En su explicación, indicó que todos los organismos como el sistema DIF-Tabasco, las comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional e INM, sumarán esfuerzos para atender a las víctimas.
Reconoció que será hasta el próximo año, en el nuevo presupuesto, cuando se contemplen recursos para la instalación de infraestructura y centros de asistencia a las víctimas.
A esta conferencia de prensa, convocada por estas dependencias y organismos que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la PGJ, asistieron además, Petra Serrano Villegas, directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Antonio Vázquez Castañón, delegado de la CNDH.
El procurador general de Justicia, Gregorio Romero Tequextle, en conferencia de prensa, al presentar a la Comisión encargada de promover esta ley, afirmó que ésta busca dar protección y asistencia a las víctimas de los delitos de esclavitud, prostitución, explotación laboral, servicios forzados, adopción ilegal, tráfico de órganos, servidumbre, matrimonio forzado y pornografía infantil, derivado de la trata de personas.
Explicó que la mencionada ley establece en su artículo 10 que se entiende por trata de personas: toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar una o varias personas con fines de explotación.
Dijo en presencia de Patricia Osorio Lastra, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, que toda persona que cometa cualquiera de estos delitos, se hará acreedora a penas de cinco y hasta 15 años de prisión y de un mil hasta 20 mil días por concepto de multas.
Calificó esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 14 de junio del presente, “como de avanzada”, producto de muchos años de lucha de organismos sociales y movimientos a favor del castigo de quienes utilizan a personas para beneficiarse.
Refirió delante de José Guadalupe Guevara Córdova y Erick Gutiérrez Cosío, delegados y subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) e Instituto Nacional de Migración (INM), que la ley tiene carácter general, es decir, si sólo una persona está implicada será considerado delito del fuero común y cuando concurran varias personas con visos de delincuencia organizada, se considerará del fuero federal.
En cuanto al ámbito local, la investigación de los delitos serán atendidos en la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables y se procederá al interponer la denuncia.
Hizo un llamado a la sociedad a participar en la promoción de esta ley, hacer saber sus derechos a quienes estén siendo víctimas de delitos de trata de personas.
Explicó que entre las prácticas más comunes donde se encuadran estos delitos son la explotación sexual, sea de menores y adultos, la mendicidad forzosa, utilizar menores de edad en actividades delictivas, explotación de órganos y adopción ilegal.
En su explicación, indicó que todos los organismos como el sistema DIF-Tabasco, las comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional e INM, sumarán esfuerzos para atender a las víctimas.
Reconoció que será hasta el próximo año, en el nuevo presupuesto, cuando se contemplen recursos para la instalación de infraestructura y centros de asistencia a las víctimas.
A esta conferencia de prensa, convocada por estas dependencias y organismos que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la PGJ, asistieron además, Petra Serrano Villegas, directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Antonio Vázquez Castañón, delegado de la CNDH.
