Jesús Selván García, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Julio Alonso Manzano Rosas, Salvador Aquino Mena y Fernando Enrique Gómez Ascencio (Foto: Tomás Rivas)
VILLAHERMOSA, TABASCO, 17 DE NOVIEMBRE.- En un “día negro” para la transparencia y rendición de cuentas y con un resultado que sorprendió a todos, el PRI logró alcanzar con holgura las dos terceras partes para aprobar el dictamen que reelige a Francisco Rullán Silva por siete años más como fiscal superior.
No fueron 24 sino 27 los votos que determinaron que el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) siga en el cargo, durante un intenso debate que terminó lastimosamente en una reyerta verbal entre compañeros de la misma bancada, la del PRD, para júbilo de priistas y detractores.
El PRI se salió con la suya, logró imponer “la voluntad de un solo hombre”, pues no sólo aseguró los votos del PT, PVM y PANAL, sino también dos del PAN y, por si fuera poco, cinco del PRD.
En total 27 de votos, contra ocho del PRD y del PAN. Votaron en contra del dictamen, Juan José Martínez Pérez, el coordinador parlamentario, Juan José Peralta Fócil, Lorena Méndez Denis, Alterio Ramos Pérez, Bernardo Barradas Ruiz, Jesús González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente y Lorena Beaurregard de los Santos.
¿Quiénes entonces votaron a favor de la reelección de Rullán Silva? Aunque el voto fue secreto, en una cédula que se introdujo a la urna transparente, colocada frente a la mesa directiva que se armó de manera provisional, y una vez que se hizo público quienes votaron en contra, a las sospechas se les pusieron nombre y apellidos.
Los principales noticieros de radio así lo cantaron y en tribuna fueron mencionados: Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Julio Alonso Manzano Rosas, Jesús Selván García, Salvador Aquino Mena y Fernando Enrique Gómez Ascencio.
El diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, quien en un medio impreso local había declarado su rechazo a la ratificación de Rullán Silva, fue uno de los que subieron a la tribuna a defender el dictamen.
No tuvo la congruencia que sí ratificó su compañera de bancada, Beaurregard de los Santos. Demostró que no es de una sola pieza, sino de frágil convicción. Con su verborrea jurídica, argumentó la legalidad del procedimiento, que no era necesario emitir la convocatoria, que la ley faculta al Congreso para ratificar a Rullán Silva. Lo mismo dijo su compañero Humberto Villegas Zapata.
De nada valieron los llamados de conciencias ni las advertencias de que a los “traidores” siempre quedan al descubierto, por muy secreto que sea su voto. Tampoco la falta de ética política en la decisión tomada, según el PRD, desde la Quinta Grijalva.
Quizá por eso al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, no se inmutó por la toma “pacífica” de la mesa directiva si ya estaba todo fraguado para lograr su cometido.
Previo a la aprobación del dictamen, Peralta Fócil señaló que no se podía aceptar que se dejara a Rullán Silva por 17 años como responsable de “cuidar los dineros del pueblo”, porque no fue capaz de fincarle responsabilidades al ex alcalde de Jalapa, Antonio Priego Jiménez cuando detectó con oportunidad que había solicitado un préstamo bancario por 36 millones de pesos, sin la autorización del Congreso, para cubrir sueldos y aguinaldos, y que no pagó.
Pero no sólo eso, sino que además le aprobaron su cuenta pública del 2007 y ese adeudo fue legalizado y catalogado como un pasivo que ha colocado en una situación de riesgo al ayuntamiento, que encabeza el perredista Luis Deyá Oropeza, sea embargado, porque tan solo de intereses se deben poco más de dos millones de pesos.
En lugar de proceder penalmente en contra de Priego, quien se encuentra en la cárcel no por ese sino por otro delito, Rullán Silva “sólo catalogó el asunto como una simple observación de control interno”.
Dijo que en el Congreso federal se abrió el proceso para nombrar al auditor superior de la Federación, se emitió la convocatoria, se inscribieron varios aspirantes y el anterior titular de la ASF decidió no participar por no confiar en ese procedimiento, y la Ley Superior de Fiscalización es una copia fiel de la federal, entonces lo correcto es que se procediera aquí de la misma manera.
Por ello pidió que no se consumara esa imposición. El agua cuando se estanca, se pone verde, se pudre. Siete años más, es muy preocupante, dijo el legislador.
Al razonar su voto en contra, Martínez Pérez aseguró que el fiscal superior ha fungido “como maquillador de las grandes cuentas públicas del Poder Ejecutivo, y de los municipios” gobernados por el PRI, y ahora en pago a esos trabajos lo quieren reelegir por otro periodo de siete años.
Indicó que el pueblo tabasqueño sufre un nuevo atropello del gobierno estatal que pidió a “sus serviles diputados del PRI y bancadas hermanadas para que sin sorpresa se lleve a cabo la reelección del fiscal superior”.
Rullán Silva, subrayó, ha tapado las irregularidades, los robos y saqueos que en su momento hizo Manuel Andrade, y ahora “con el señor de las desgracias”, como llamo al gobernador Andrés Granier.
“Sin duda el maquillaje en las cuentas de la administración de Granier tienen precedentes. Tabasco lleva 4 años consecutivos de inundación, cuatro años en los que se ha obtenido el mayor recurso nunca dado a un estado de la República, y sin embargo, las obras de recuperación siguen sin aparecer, pero el dinero cada vez desaparece más rápido”.
Expresó que lo que hizo el PRI para imponer nuevamente a Rullán no era la forma ni la manera de hacer las cosas, “no es pasando por encima de lo que marca la propia Constitución como se logrará tan anhelado cambio en el estado”.
Advirtió que si el Congreso sigue con la falta de voluntad política, con los dobles discursos, con los arreglos en lo oscurito, con las consignas del gobernador, jamás el pueblo tendrá en este recinto el respaldo y el cumplimiento de las tareas que desde la toma de protesta se nos han conferido.
En tanto, la diputada Lorena Méndez Denis, aseguró que Rullán Silva no tiene el perfil ni la honestidad probada para seguir desarrollando “tan importante función pública”, y recordó que su designación como fiscal superior, hace siete años, “fue sólo un pago de traiciones” y su labor ha consistido en ser “maquillista, encubridor y cómplice del grupo en el poder”.
De nada ha servido, dijo, que la opinión pública se escandalice del despilfarro de los ayuntamientos y principalmente del gobierno del estado. Poco importa que se documente el uso de aviones y vehículos oficiales para viajes personales y acompañados de las amistades de la familia gobernante.
Apuntó que, siete años, no ha habido acto de corrupción por escandaloso, aberrante, evidente o aberrante que sea, que haya obligado al fiscal superior actuar en contra de quienes lo impusieron y lo sostienen en su cargo.
Criticó que no haya fincado responsabilidades a “los saqueadores de Tabasco”, sino que ha cerrado los ojos a la corrupción y puesto oídos sordos “ante el clamor de justicia y rendición de cuentas”, por lo que es “un autista en el mundo de la impunidad, que ha construido Granier y su camarilla”.
También subieron a razonar su voto en contra los diputados del Bernardo Barradas Ruiz y Alterio Ramos Pérez, quienes de igual manera fustigaron la reelección del fiscal superior.
No fueron 24 sino 27 los votos que determinaron que el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) siga en el cargo, durante un intenso debate que terminó lastimosamente en una reyerta verbal entre compañeros de la misma bancada, la del PRD, para júbilo de priistas y detractores.
El PRI se salió con la suya, logró imponer “la voluntad de un solo hombre”, pues no sólo aseguró los votos del PT, PVM y PANAL, sino también dos del PAN y, por si fuera poco, cinco del PRD.
En total 27 de votos, contra ocho del PRD y del PAN. Votaron en contra del dictamen, Juan José Martínez Pérez, el coordinador parlamentario, Juan José Peralta Fócil, Lorena Méndez Denis, Alterio Ramos Pérez, Bernardo Barradas Ruiz, Jesús González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente y Lorena Beaurregard de los Santos.
¿Quiénes entonces votaron a favor de la reelección de Rullán Silva? Aunque el voto fue secreto, en una cédula que se introdujo a la urna transparente, colocada frente a la mesa directiva que se armó de manera provisional, y una vez que se hizo público quienes votaron en contra, a las sospechas se les pusieron nombre y apellidos.
Los principales noticieros de radio así lo cantaron y en tribuna fueron mencionados: Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Julio Alonso Manzano Rosas, Jesús Selván García, Salvador Aquino Mena y Fernando Enrique Gómez Ascencio.
El diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, quien en un medio impreso local había declarado su rechazo a la ratificación de Rullán Silva, fue uno de los que subieron a la tribuna a defender el dictamen.
No tuvo la congruencia que sí ratificó su compañera de bancada, Beaurregard de los Santos. Demostró que no es de una sola pieza, sino de frágil convicción. Con su verborrea jurídica, argumentó la legalidad del procedimiento, que no era necesario emitir la convocatoria, que la ley faculta al Congreso para ratificar a Rullán Silva. Lo mismo dijo su compañero Humberto Villegas Zapata.
De nada valieron los llamados de conciencias ni las advertencias de que a los “traidores” siempre quedan al descubierto, por muy secreto que sea su voto. Tampoco la falta de ética política en la decisión tomada, según el PRD, desde la Quinta Grijalva.
Quizá por eso al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, no se inmutó por la toma “pacífica” de la mesa directiva si ya estaba todo fraguado para lograr su cometido.
Previo a la aprobación del dictamen, Peralta Fócil señaló que no se podía aceptar que se dejara a Rullán Silva por 17 años como responsable de “cuidar los dineros del pueblo”, porque no fue capaz de fincarle responsabilidades al ex alcalde de Jalapa, Antonio Priego Jiménez cuando detectó con oportunidad que había solicitado un préstamo bancario por 36 millones de pesos, sin la autorización del Congreso, para cubrir sueldos y aguinaldos, y que no pagó.
Pero no sólo eso, sino que además le aprobaron su cuenta pública del 2007 y ese adeudo fue legalizado y catalogado como un pasivo que ha colocado en una situación de riesgo al ayuntamiento, que encabeza el perredista Luis Deyá Oropeza, sea embargado, porque tan solo de intereses se deben poco más de dos millones de pesos.
En lugar de proceder penalmente en contra de Priego, quien se encuentra en la cárcel no por ese sino por otro delito, Rullán Silva “sólo catalogó el asunto como una simple observación de control interno”.
Dijo que en el Congreso federal se abrió el proceso para nombrar al auditor superior de la Federación, se emitió la convocatoria, se inscribieron varios aspirantes y el anterior titular de la ASF decidió no participar por no confiar en ese procedimiento, y la Ley Superior de Fiscalización es una copia fiel de la federal, entonces lo correcto es que se procediera aquí de la misma manera.
Por ello pidió que no se consumara esa imposición. El agua cuando se estanca, se pone verde, se pudre. Siete años más, es muy preocupante, dijo el legislador.
Al razonar su voto en contra, Martínez Pérez aseguró que el fiscal superior ha fungido “como maquillador de las grandes cuentas públicas del Poder Ejecutivo, y de los municipios” gobernados por el PRI, y ahora en pago a esos trabajos lo quieren reelegir por otro periodo de siete años.
Indicó que el pueblo tabasqueño sufre un nuevo atropello del gobierno estatal que pidió a “sus serviles diputados del PRI y bancadas hermanadas para que sin sorpresa se lleve a cabo la reelección del fiscal superior”.
Rullán Silva, subrayó, ha tapado las irregularidades, los robos y saqueos que en su momento hizo Manuel Andrade, y ahora “con el señor de las desgracias”, como llamo al gobernador Andrés Granier.
“Sin duda el maquillaje en las cuentas de la administración de Granier tienen precedentes. Tabasco lleva 4 años consecutivos de inundación, cuatro años en los que se ha obtenido el mayor recurso nunca dado a un estado de la República, y sin embargo, las obras de recuperación siguen sin aparecer, pero el dinero cada vez desaparece más rápido”.
Expresó que lo que hizo el PRI para imponer nuevamente a Rullán no era la forma ni la manera de hacer las cosas, “no es pasando por encima de lo que marca la propia Constitución como se logrará tan anhelado cambio en el estado”.
Advirtió que si el Congreso sigue con la falta de voluntad política, con los dobles discursos, con los arreglos en lo oscurito, con las consignas del gobernador, jamás el pueblo tendrá en este recinto el respaldo y el cumplimiento de las tareas que desde la toma de protesta se nos han conferido.
En tanto, la diputada Lorena Méndez Denis, aseguró que Rullán Silva no tiene el perfil ni la honestidad probada para seguir desarrollando “tan importante función pública”, y recordó que su designación como fiscal superior, hace siete años, “fue sólo un pago de traiciones” y su labor ha consistido en ser “maquillista, encubridor y cómplice del grupo en el poder”.
De nada ha servido, dijo, que la opinión pública se escandalice del despilfarro de los ayuntamientos y principalmente del gobierno del estado. Poco importa que se documente el uso de aviones y vehículos oficiales para viajes personales y acompañados de las amistades de la familia gobernante.
Apuntó que, siete años, no ha habido acto de corrupción por escandaloso, aberrante, evidente o aberrante que sea, que haya obligado al fiscal superior actuar en contra de quienes lo impusieron y lo sostienen en su cargo.
Criticó que no haya fincado responsabilidades a “los saqueadores de Tabasco”, sino que ha cerrado los ojos a la corrupción y puesto oídos sordos “ante el clamor de justicia y rendición de cuentas”, por lo que es “un autista en el mundo de la impunidad, que ha construido Granier y su camarilla”.
También subieron a razonar su voto en contra los diputados del Bernardo Barradas Ruiz y Alterio Ramos Pérez, quienes de igual manera fustigaron la reelección del fiscal superior.
