¿DONDE QUEDARON LOS 14 MILLONES?

Por tratarse de recursos públicos, la adquisición presuntamente fraudulenta del edificio del IEPC es tema de “interés público”, toda vez que la ciudadanía está interesada en que se clarifique a fondo la hasta ahora oscura operación de compra venta. Todos sabemos que fueron los consejeros de ese organismo los que autorizaron la disposición de los recursos; pero quien tiene la facultad para realizar la adquisición del inmueble fue la Junta Estatal Ejecutiva integrada por el presidente del Consejo Estatal Electoral, el Secretario Ejecutivo y los directores de Administración y de Organización. Precisamos, además, que la compra tuvo que ser revisada minuciosamente por la Contraloría Interna, cuyo titular tiene la obligación a hacer las observaciones pertinentes cuando en la operación encuentre alguna omisión o irregularidad. Si no lo hace incurre en responsabilidad. Así lo ordena la ley en la materia. En el caso de la adquisición del nuevo edificio transcurrió más de un año sin que la contraloría interna del IEPC se percatara e hiciera las observaciones de las irregularidades que ya son del dominio público. Sin embargo, para la Contraloría Interna todo estuvo perfectamente bien, como si fueran los tiempos de latrocinio del ex consejero presidente Martín Rueda de León. A raíz de que los ciudadanos nos enteramos el monto que se pagó por la adquisición del edificio, empezó a darse la protesta pública de organizaciones civiles, de profesionistas y de los propios diputados y conforme fueron apareciendo diversos avalúos se ha confirmado que el inmueble tiene un valor real no superior a los 18 millones de pesos y no los 32 millones que se pagaron. A este respecto, el pueblo se pregunta: ¿Dónde quedaron los 14 millones de diferencia? La vox pópuli hace sus conjeturas y da una respuesta sencilla: Entre los 6 consejeros que avalaron la compra, 4 integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y la Contraloría Interna. Pero la imaginación popular va más allá de las simples conjeturas y sugiere que se pida informes a los bancos de los depósitos que tuvieron esas personalidades y sus respectivos familiares durante los meses en que se llevó a cabo la operación de compraventa del inmueble. La suspicacia crece y cabe preguntarse ¿porqué después de más de un año de haberse adquirido el citado inmueble, fue que los tabasqueños pudimos enterarnos de esas irregularidades? Y el pueblo se responde asimismo: Porque el PRI-Gobierno así lo propició y toleró para tener sometido a los consejeros a favor de sus intereses, como así vimos que sucedió durante el proceso electoral. Hoy, los consejeros ya no le sirven ni al Gobierno ni al PRI y por eso se hacen de los desatendidos para que sea la administración entrante que presidirá el Lic. Arturo Núñez Jiménez la que resuelva ese grave problema y se proceda, en consecuencia, a hacer una necesaria y profunda limpia hacia el interior del IEPC. Nosotros concluimos con la pregunta de los 60 mil pesos: ¿Serán los mismos consejeros, la Junta Ejecutiva y la Contraloría Interna los que organicen el próximo proceso electoral. P.D.- Se nos adelantó ese “guerrillero del periodismo” que fue Salvador Antillón Fernández. Su pluma siempre fue combativa y por ende con ideología de izquierda. SALTIFER fue pilar del movimiento del 68 en Tabasco. Nuestro sincero pésame a sus familiares. *[email protected]. *Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas, A. C.