Playas de Rosarito, Baja California, municipio señalado por autoridades de EEUU como corredor estratégico para el tráfico de drogas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos anunció sanciones contra la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y cinco personas, entre ellas la diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, por presunta participación en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Las medidas alcanzan además a 15 empresas ubicadas en Playas de Rosarito, Baja California, y a integrantes de bandas afiliadas al cártel, como Los Rugrats y Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, identificado como fundador de uno de los principales brazos armados del grupo criminal.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que el Cártel de Sinaloa sigue operando como organización criminal transnacional, traficando narcóticos, lavando recursos ilícitos y cooptando funcionarios locales.
De acuerdo con la OFAC, Rosarito funciona como un corredor estratégico para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.
Empresarios como Jesús González Lomelí, dueño de bares, restaurantes y resorts, habrían utilizado sus negocios para lavar dinero del narcotráfico, en coordinación con otros socios del cártel y con respaldo político en la región.
UIF bloquea cuentas de diputada de Morena y empresas
Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha congelado las cuentas de 22 personas y empresas, incluida la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo.
“El Cártel de Sinaloa continúa traficando narcóticos, lavando ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”.
Esta acción se tomó a solicitud de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
La OFAC identificó a estas 22 entidades, entre ellas 7 individuos y 15 empresas, por sus presuntos vínculos con "Los Mayos", una facción del Cártel de Sinaloa.
La UIF respondió al comunicado de sus homólogos estadounidenses con más de una hora de retraso.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que los bloqueos se realizaron como parte de los compromisos internacionales de México en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La UIF subrayó que el bloqueo es una medida preventiva y no implica que las personas sean culpables automáticamente.
La Unidad analizará ahora la información financiera de los afectados y, si encuentra evidencia de actividades ilícitas, enviará el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se tomen las acciones legales correspondientes.
