Ejidatarios de El Siglo y la lucha legal contra Sapaet
Desde el 2009 han presentado pruebas de la ilegalidad en que han incurrido los funcionarios de Servicios de Agua y Alcantarillado, con la complicidad de las autoridades agrarias en Tabasco, la compra de ejidatarios y la represión
(Primera parte)
Hace más de dos años los ejidatarios de El Siglo libran una lucha legal contra Sapaet, porque pasando por encima de sus derechos y las leyes ambientales, con el respaldo de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, ocupó y contaminó sus tierras, introduciendo una tubería para aguas negras.
A pesar que desde el 2009 han presentado pruebas de la ilegalidad en que han incurrido los funcionarios de Servicios de Agua y Alcantarillado, con la complicidad de las autoridades agrarias en Tabasco, la compra de ejidatarios y la represión, Sapaet logró ya concluir la obra.
Sin embargo, los ejidatarios continúan la batalla en el terreno legal y para la mayoría no es un caso perdido, guardan la esperanza de que se les haga justicia.
En entrevista con La Verdad del Sureste el presidente del comisariado ejidal de El Siglo, José Torres Figueroa –campesino y administrador de empresas de más de sesenta años- narró la serie de arbitrariedades cometidas por Sapaet y el gobierno del estado a lo largo de más de dos años.
Fue en junio del 2099 que Marco Castillo Castillo, funcionario de Sapaet, llegó a El Siglo, a informar que instalaría en sus tierras, la tubería de dos metros de diámetro para conducir el 50 por ciento de las aguas negras de Villahermosa hacia la planta de tratamiento que se construye en la ranchería Río Viejo, recuerda.
En ese momento, Sapaet ya contaba con el contubernio de varios compañeros ejidatarios, incluyendo el entonces presidente del comisariado, Celso Sánchez y la secretaria del mismo, Dolores Baeza, pero la mayoría estaba en contra, dice.
El ejido El Siglo en el municipio del Centro –ubicado a la altura del puente Pedrero y aproximadamente a dos kilómetros de Villahermosa-, mencionó, fue constituido por Decreto Presidencial del General Lázaro Cárdenas en 1933, lo conforman 103 hectáreas, en posesión de 32 ejidatarios.
Los propietarios de dichas tierra, asegura Torres Figueroa actual presidente del comisariado ejidal, somos campesinos dedicados a la agricultura, a la siembra de maíz, cilantro, calabaza y plátano entre otros cultivos.
Los compañeros que se vendieron, sostiene, le facilitaron a Sapaet todas las maniobras “chuecas y turbulentas” para que se pudiera meter al ejido, pero la mayoría de los ejidatarios no estaba de acuerdo.
Los que nos oponíamos, expresamos que el paso de una línea de aguas negras por el ejido lo convertiría en una fosa séptica, debido a que como es una tubería para alta presión, cada 200 metros debía tener un respiradero para que no explotara.
Esos respiraderos, sostuvimos en su momento, significarían el derrame de aguas negras sobre nuestras tierras y eso lo hemos confirmado ahora que ya está terminada, dijo.
Porque además, argumentamos, el agua semitratada, seguramente con residuos de las sustancias químicas con que las limpiarían, serían regresadas por el arroyo del río Viejo para finalmente descargarlas en el Mezcalapa.
El Siglo está en tierras bajas, y hablando de las temporadas laborales, explica que son diez meses los que los ejidatarios pueden aprovechar para el trabajo en la tierra, porque los otros dos permanecían en el agua; con la planta de tratamiento, afirma, la permanencia del agua será por más tiempo y la concentración de contaminantes alta.
*Incluso la planta de tratamiento a donde esas aguas llegarán, está mal ubicada, se construye por debajo de los niveles de inundación, por lo que es de preveer que en el momento de presentarse otro percance natural, las lagunas formadas con la construcción de la planta de tratamiento con aguas negras se derramarán sobre nuestras tierras.
Ese fue el problema que por primera vez planteamos al funcionario de Sapaet y a quienes lo acompañaban; les dijimos que si querían pasar su línea que lo hicieran por otro lado.
En ese momento, afirma, nos propusieron que a cambio de permitir la instalación de la línea, el gobierno del estado haría obras sociales para la comunidad, pero sospechamos que no habían planeado ninguna porque no existía ningún documento firmado.
“Y aunque lo hubiera, sabemos que el gobierno nunca cumple sus promesas”, expresó Torres Figueroa.
Ante la insistencia de los compañeros que nos habían traicionado, prosigue, el asunto fue puesto a discu sión en una asamblea, se sometió a votación y ellos ganaron, luego nos enteramos que habían recibido dinero de Sapaet.
Sin ofender a los compañeros, comentó el comisariado ejidal, ellos seguramente nos disponen de información ni conciencia, para entender los que significaría el paso de una obra de esa especie sobre nuestras tierras.
Sapaet, sostuvo el representante ejidal, nunca ha presentado el estudio de impacto ambiental, ni proyectos de obras colaterales de protección, ni una autorización de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).
Como la asamblea ejidal es la máxima autoridad y los compañeros que dieron su anuencia fueron mayoría, cuenta, se decidió dar permiso a Sapaet para construir la línea, siempre y cuando se firmara un convenio de responsabilidad entre las dos partes.
El objetivo de ese acuerdo, era dejar claro por escrito a quien le reclamaríamos en caso de incumplimiento.
Sapaet aceptó nuestras condiciones, menciona, pero acordamos que el acuerdo se firmara ante autoridades de una instancia federal, el departamento jurídico de la Procuraduría Agraria.
Es decir, de esa manera creímos que, la Procuraduría Agraria, daría fe de los hechos y estaría obligada a hacer respetar el convenio.
En ese momento, confiamos en la palabra de los funcionarios de Sapaet, no sabíamos que, sin firmar todavía el acuerdo -es decir, sin contar en ese momento con la autorización firmada de los ejidatarios- la dependencia había iniciado ya los trabajos. (Continuará)
Hace más de dos años los ejidatarios de El Siglo libran una lucha legal contra Sapaet, porque pasando por encima de sus derechos y las leyes ambientales, con el respaldo de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, ocupó y contaminó sus tierras, introduciendo una tubería para aguas negras.
A pesar que desde el 2009 han presentado pruebas de la ilegalidad en que han incurrido los funcionarios de Servicios de Agua y Alcantarillado, con la complicidad de las autoridades agrarias en Tabasco, la compra de ejidatarios y la represión, Sapaet logró ya concluir la obra.
Sin embargo, los ejidatarios continúan la batalla en el terreno legal y para la mayoría no es un caso perdido, guardan la esperanza de que se les haga justicia.
En entrevista con La Verdad del Sureste el presidente del comisariado ejidal de El Siglo, José Torres Figueroa –campesino y administrador de empresas de más de sesenta años- narró la serie de arbitrariedades cometidas por Sapaet y el gobierno del estado a lo largo de más de dos años.
Fue en junio del 2099 que Marco Castillo Castillo, funcionario de Sapaet, llegó a El Siglo, a informar que instalaría en sus tierras, la tubería de dos metros de diámetro para conducir el 50 por ciento de las aguas negras de Villahermosa hacia la planta de tratamiento que se construye en la ranchería Río Viejo, recuerda.
En ese momento, Sapaet ya contaba con el contubernio de varios compañeros ejidatarios, incluyendo el entonces presidente del comisariado, Celso Sánchez y la secretaria del mismo, Dolores Baeza, pero la mayoría estaba en contra, dice.
El ejido El Siglo en el municipio del Centro –ubicado a la altura del puente Pedrero y aproximadamente a dos kilómetros de Villahermosa-, mencionó, fue constituido por Decreto Presidencial del General Lázaro Cárdenas en 1933, lo conforman 103 hectáreas, en posesión de 32 ejidatarios.
Los propietarios de dichas tierra, asegura Torres Figueroa actual presidente del comisariado ejidal, somos campesinos dedicados a la agricultura, a la siembra de maíz, cilantro, calabaza y plátano entre otros cultivos.
Los compañeros que se vendieron, sostiene, le facilitaron a Sapaet todas las maniobras “chuecas y turbulentas” para que se pudiera meter al ejido, pero la mayoría de los ejidatarios no estaba de acuerdo.
Los que nos oponíamos, expresamos que el paso de una línea de aguas negras por el ejido lo convertiría en una fosa séptica, debido a que como es una tubería para alta presión, cada 200 metros debía tener un respiradero para que no explotara.
Esos respiraderos, sostuvimos en su momento, significarían el derrame de aguas negras sobre nuestras tierras y eso lo hemos confirmado ahora que ya está terminada, dijo.
Porque además, argumentamos, el agua semitratada, seguramente con residuos de las sustancias químicas con que las limpiarían, serían regresadas por el arroyo del río Viejo para finalmente descargarlas en el Mezcalapa.
El Siglo está en tierras bajas, y hablando de las temporadas laborales, explica que son diez meses los que los ejidatarios pueden aprovechar para el trabajo en la tierra, porque los otros dos permanecían en el agua; con la planta de tratamiento, afirma, la permanencia del agua será por más tiempo y la concentración de contaminantes alta.
*Incluso la planta de tratamiento a donde esas aguas llegarán, está mal ubicada, se construye por debajo de los niveles de inundación, por lo que es de preveer que en el momento de presentarse otro percance natural, las lagunas formadas con la construcción de la planta de tratamiento con aguas negras se derramarán sobre nuestras tierras.
Ese fue el problema que por primera vez planteamos al funcionario de Sapaet y a quienes lo acompañaban; les dijimos que si querían pasar su línea que lo hicieran por otro lado.
En ese momento, afirma, nos propusieron que a cambio de permitir la instalación de la línea, el gobierno del estado haría obras sociales para la comunidad, pero sospechamos que no habían planeado ninguna porque no existía ningún documento firmado.
“Y aunque lo hubiera, sabemos que el gobierno nunca cumple sus promesas”, expresó Torres Figueroa.
Ante la insistencia de los compañeros que nos habían traicionado, prosigue, el asunto fue puesto a discu sión en una asamblea, se sometió a votación y ellos ganaron, luego nos enteramos que habían recibido dinero de Sapaet.
Sin ofender a los compañeros, comentó el comisariado ejidal, ellos seguramente nos disponen de información ni conciencia, para entender los que significaría el paso de una obra de esa especie sobre nuestras tierras.
Sapaet, sostuvo el representante ejidal, nunca ha presentado el estudio de impacto ambiental, ni proyectos de obras colaterales de protección, ni una autorización de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).
Como la asamblea ejidal es la máxima autoridad y los compañeros que dieron su anuencia fueron mayoría, cuenta, se decidió dar permiso a Sapaet para construir la línea, siempre y cuando se firmara un convenio de responsabilidad entre las dos partes.
El objetivo de ese acuerdo, era dejar claro por escrito a quien le reclamaríamos en caso de incumplimiento.
Sapaet aceptó nuestras condiciones, menciona, pero acordamos que el acuerdo se firmara ante autoridades de una instancia federal, el departamento jurídico de la Procuraduría Agraria.
Es decir, de esa manera creímos que, la Procuraduría Agraria, daría fe de los hechos y estaría obligada a hacer respetar el convenio.
En ese momento, confiamos en la palabra de los funcionarios de Sapaet, no sabíamos que, sin firmar todavía el acuerdo -es decir, sin contar en ese momento con la autorización firmada de los ejidatarios- la dependencia había iniciado ya los trabajos. (Continuará)
