Ejidatarios de El Siglo y la lucha legal contra Sapaet
(Segunda parte)
Cuando nos percatamos de que Sapaet, sin la autorización firmada de los ejidatarios de El Siglo, había iniciado la construcción de la línea de aguas negras sobre el ejido, tomamos la decisión de parar la obra, intentando que la maquinaria siguiera trabajando.
Eso fue en el mismo 2009, a solo unos meses de que funcionarios de esa dependencia había llegado al ejido a comunicarnos que sobre nuestras tierras pasaría la línea de aguas negras, un tubo de dos y medio metros de diámetro, hacia la planta de tratamiento que está en construcción.
¿Quién les autorizó a meterse al ejido, si todavía no hemos firmado el convenio? Les pregunté, en nombre de los 108 ejidatarios que nos oponíamos, narra José Torres Figueroa, presidente del comisariado ejidal del Siglo.
En ese momento el ingeniero encargado de la obra habló por su celular a su jefe, para decirle que estábamos obstruyendo los trabajos, me dijo entonces:
Sabes qué, dice el ingeniero que se quiten porque interrumpen una obra de beneficio social. Entonces respondí que me mostrara la anuencia firmada de los ejidatarios y signada por la Procuraduría Agraria.
De nuevo el encargado de la obra se comunicó con su superior, y como respuesta inmediata mandaron a los antimotines, grúas, patrullas, policías ministeriales, de todo.
Ante tal despliegue salimos corriendo, cuenta Torres Figueroa, como si fuéramos los delincuentes, para evitar que nos aprendieran, a pesar de que la mayoría de los ejidatarios ya no somos chamacos, sino gente mayor consciente de nuestro deber de hacer respetar nuestros derechos.
Teníamos claro de que una obra de esa naturaleza, traería contaminación, y que como consecuencia, perderíamos nuestras tierras.
Desde entonces dimos parte del problema al delegado de la Procuraduría Agraria en Tabasco y también nos dimos cuenta que, Alfredo Gómez Vázquez –a pesar de su extracción panista- era cómplice del gobierno del estado, porque siempre que lo íbamos a ver, nos decían que no había llegado o estaba en junta.
Un día -prosigue el comisariado- nos vimos en la necesidad de plantarnos en sus oficinas y le exigimos al delegado que actuara, con la facultad que la ley le concedía, porque Sapaet seguía trabajando.
A tanta presión, porque era notorio que el delegado apoyaba al gobierno del estado, logramos que convocara a los representantes de Sapaet y a nosotros para una junta de conciliación, eso fue en septiembre del 2009.
De la parcialidad del delegado de la Procuraduría Agraria, un ejemplo es que él mismo nos decía: “una vez que está la obra nadie los iba a sacar de ahí”, cuando esta obligado a hacer valer nuestros derechos agrarios.
El actuar de Gómez Vázquez ha sido siempre doloso, y no solo nos teníamos que pelear con el delegado, sino también con la encargada del departamento jurídico, Carla Verónica Gómez que alguna vez nos llamó “retrógradas” porque según ella nos oponíamos a la modernidad.
La actuación de la delegación de la Procuraduría Agraria, permitió a Sapaet un avance del 80 por ciento sobre nuestras tierras, sin contar con nuestro aval.
Las reuniones con él fueron de permanente enfrentamiento, pleito y groserías; llegó el momento que les perdí el miedo, le dije sus cosas a todo el mundo y Alfredo Gómez se levanto, luego de decir que conmigo no se podía, le respondí que era cierto porque no entregaría a Sapaet mis tierras.
Ese día, los representantes de Sapaet presentaron el famoso convenio que habíamos acordado.
Leímos el convenio, “pero en su primer punto decía que los ejidatarios le concedíamos a esa dependencia un permiso ilimitado para construir su obra y que renunciábamos a cualquier derecho de reclamación después de que se concluyera”.
Entonces preguntamos a la asesora jurídica, porque ya Alfredo Gómez se había retirado, qué como íbamos a firmar un documento con el que renunciaríamos a nuestros derechos de mexicanos y los que nos concede el Artículo 27 Constitucional y a una concesión que nos dio el gobierno federal.
Entonces dijimos que si querían nuestras tierras que las expropiaran y nos las pagaran, peor lo que no querían era pagar.
Finalmente se firmó un convenio en el que Sapaet se comprometía a suspender los trabajos, los cuales, para entonces ya tenían un 80 por ciento de avance.
Se suspendió la obra y nosotros presentamos una queja ante el Tribunal Agrario en Villahermosa, aún cuando el delegado y la asesora jurídica de la Procuraduría Agraria, seguían obstaculizando nuestros trámites bloqueándonos.
Alfredo Gómez nos asignó a un abogado como asesor, pero cuando le hacía algún comentario, el contestaba que no podía hacer nada, que solo recibía órdenes del delgado y que si no las cumplía lo despedía.
A pesar de de que la defensa actuó de manera dolosa en nuestra contra, vimos una “lucecita” de esperanza cuando, en octubre del 2009, en una audiencia en el Tribunal Agrario ordenó a Sapaet suspender los trabajos, retirar la maquinaria y resarcir los daños.
Sin embargo, “pasándose la orden del Tribunal Agrario por el arco del triunfo” –una orden que aún sigue vigente porque hasta el momento no se nos ha notificado la suspensión de la orden- el 5 de noviembre Sapaet reinició la obra.
Ese día, en el momento en que nos dimos cuenta que Sapaet había reiniciado los trabajos, continúa don José Torres, acudí yo, ya como comisariado ejidal, y atravesé un vehículo para impedir el paso de la maquinaria, entonces llegó de nuevo Marcos Castillo, en representación de Sapaet y otros “esbirros” y me dijo:
“¡Sabe qué don José, quítese, si no quiere que ahorita mismo llame a la policía judicial y lo vamos a encerrar 3, 4 años, para que deje de estar chingando, porque acabar esta obra son órdenes del señor gobernador!”
Estaba acompañado de mi padre y otros compañeros ejidatarios, Donatario Villegas, jesús Vidal Durán, Jesús Vidal Pérez, todos viejos y coincidimos en que debíamos retirarnos para no arriesgarnos, “porque todo estaba perdido.
Actualmente la línea de conducción está totalmente terminada, no así la planta de tratamiento, afirma José Torres, y aunque pasada varios metros debajo de la superficie, abarca las 103 hectáreas del ejido.
Todavía no se ha puesto en funcionamiento, está en fase de prueba, y en la primera prueba que se hizo, todas esas aguas se regaron en la zona, parece que había tubos mal conectados, fue un desastre, ahora la pestilencia y la contaminación es insoportable.
Les hice ver a los compañeros todo el daño que causaron los que recibieron dinero, a uno de ellos le pagaron 40 mil pesos para que dejar pasar la obra.
Desde el 2008 me salí del ejido, no solo por la inundación, sino porque seguía recibiendo amenazas de que me iban a “poner un cuatro” y los rondines de la policía alrededor de mi casa eran frecuentes y no regresó porque soy de los pocos que siguen en la lucha. (Continuará)
Cuando nos percatamos de que Sapaet, sin la autorización firmada de los ejidatarios de El Siglo, había iniciado la construcción de la línea de aguas negras sobre el ejido, tomamos la decisión de parar la obra, intentando que la maquinaria siguiera trabajando.
Eso fue en el mismo 2009, a solo unos meses de que funcionarios de esa dependencia había llegado al ejido a comunicarnos que sobre nuestras tierras pasaría la línea de aguas negras, un tubo de dos y medio metros de diámetro, hacia la planta de tratamiento que está en construcción.
¿Quién les autorizó a meterse al ejido, si todavía no hemos firmado el convenio? Les pregunté, en nombre de los 108 ejidatarios que nos oponíamos, narra José Torres Figueroa, presidente del comisariado ejidal del Siglo.
En ese momento el ingeniero encargado de la obra habló por su celular a su jefe, para decirle que estábamos obstruyendo los trabajos, me dijo entonces:
Sabes qué, dice el ingeniero que se quiten porque interrumpen una obra de beneficio social. Entonces respondí que me mostrara la anuencia firmada de los ejidatarios y signada por la Procuraduría Agraria.
De nuevo el encargado de la obra se comunicó con su superior, y como respuesta inmediata mandaron a los antimotines, grúas, patrullas, policías ministeriales, de todo.
Ante tal despliegue salimos corriendo, cuenta Torres Figueroa, como si fuéramos los delincuentes, para evitar que nos aprendieran, a pesar de que la mayoría de los ejidatarios ya no somos chamacos, sino gente mayor consciente de nuestro deber de hacer respetar nuestros derechos.
Teníamos claro de que una obra de esa naturaleza, traería contaminación, y que como consecuencia, perderíamos nuestras tierras.
Desde entonces dimos parte del problema al delegado de la Procuraduría Agraria en Tabasco y también nos dimos cuenta que, Alfredo Gómez Vázquez –a pesar de su extracción panista- era cómplice del gobierno del estado, porque siempre que lo íbamos a ver, nos decían que no había llegado o estaba en junta.
Un día -prosigue el comisariado- nos vimos en la necesidad de plantarnos en sus oficinas y le exigimos al delegado que actuara, con la facultad que la ley le concedía, porque Sapaet seguía trabajando.
A tanta presión, porque era notorio que el delegado apoyaba al gobierno del estado, logramos que convocara a los representantes de Sapaet y a nosotros para una junta de conciliación, eso fue en septiembre del 2009.
De la parcialidad del delegado de la Procuraduría Agraria, un ejemplo es que él mismo nos decía: “una vez que está la obra nadie los iba a sacar de ahí”, cuando esta obligado a hacer valer nuestros derechos agrarios.
El actuar de Gómez Vázquez ha sido siempre doloso, y no solo nos teníamos que pelear con el delegado, sino también con la encargada del departamento jurídico, Carla Verónica Gómez que alguna vez nos llamó “retrógradas” porque según ella nos oponíamos a la modernidad.
La actuación de la delegación de la Procuraduría Agraria, permitió a Sapaet un avance del 80 por ciento sobre nuestras tierras, sin contar con nuestro aval.
Las reuniones con él fueron de permanente enfrentamiento, pleito y groserías; llegó el momento que les perdí el miedo, le dije sus cosas a todo el mundo y Alfredo Gómez se levanto, luego de decir que conmigo no se podía, le respondí que era cierto porque no entregaría a Sapaet mis tierras.
Ese día, los representantes de Sapaet presentaron el famoso convenio que habíamos acordado.
Leímos el convenio, “pero en su primer punto decía que los ejidatarios le concedíamos a esa dependencia un permiso ilimitado para construir su obra y que renunciábamos a cualquier derecho de reclamación después de que se concluyera”.
Entonces preguntamos a la asesora jurídica, porque ya Alfredo Gómez se había retirado, qué como íbamos a firmar un documento con el que renunciaríamos a nuestros derechos de mexicanos y los que nos concede el Artículo 27 Constitucional y a una concesión que nos dio el gobierno federal.
Entonces dijimos que si querían nuestras tierras que las expropiaran y nos las pagaran, peor lo que no querían era pagar.
Finalmente se firmó un convenio en el que Sapaet se comprometía a suspender los trabajos, los cuales, para entonces ya tenían un 80 por ciento de avance.
Se suspendió la obra y nosotros presentamos una queja ante el Tribunal Agrario en Villahermosa, aún cuando el delegado y la asesora jurídica de la Procuraduría Agraria, seguían obstaculizando nuestros trámites bloqueándonos.
Alfredo Gómez nos asignó a un abogado como asesor, pero cuando le hacía algún comentario, el contestaba que no podía hacer nada, que solo recibía órdenes del delgado y que si no las cumplía lo despedía.
A pesar de de que la defensa actuó de manera dolosa en nuestra contra, vimos una “lucecita” de esperanza cuando, en octubre del 2009, en una audiencia en el Tribunal Agrario ordenó a Sapaet suspender los trabajos, retirar la maquinaria y resarcir los daños.
Sin embargo, “pasándose la orden del Tribunal Agrario por el arco del triunfo” –una orden que aún sigue vigente porque hasta el momento no se nos ha notificado la suspensión de la orden- el 5 de noviembre Sapaet reinició la obra.
Ese día, en el momento en que nos dimos cuenta que Sapaet había reiniciado los trabajos, continúa don José Torres, acudí yo, ya como comisariado ejidal, y atravesé un vehículo para impedir el paso de la maquinaria, entonces llegó de nuevo Marcos Castillo, en representación de Sapaet y otros “esbirros” y me dijo:
“¡Sabe qué don José, quítese, si no quiere que ahorita mismo llame a la policía judicial y lo vamos a encerrar 3, 4 años, para que deje de estar chingando, porque acabar esta obra son órdenes del señor gobernador!”
Estaba acompañado de mi padre y otros compañeros ejidatarios, Donatario Villegas, jesús Vidal Durán, Jesús Vidal Pérez, todos viejos y coincidimos en que debíamos retirarnos para no arriesgarnos, “porque todo estaba perdido.
Actualmente la línea de conducción está totalmente terminada, no así la planta de tratamiento, afirma José Torres, y aunque pasada varios metros debajo de la superficie, abarca las 103 hectáreas del ejido.
Todavía no se ha puesto en funcionamiento, está en fase de prueba, y en la primera prueba que se hizo, todas esas aguas se regaron en la zona, parece que había tubos mal conectados, fue un desastre, ahora la pestilencia y la contaminación es insoportable.
Les hice ver a los compañeros todo el daño que causaron los que recibieron dinero, a uno de ellos le pagaron 40 mil pesos para que dejar pasar la obra.
Desde el 2008 me salí del ejido, no solo por la inundación, sino porque seguía recibiendo amenazas de que me iban a “poner un cuatro” y los rondines de la policía alrededor de mi casa eran frecuentes y no regresó porque soy de los pocos que siguen en la lucha. (Continuará)
