ELECCION DE ESTADO Lénin Bocanegra Priego*

Hechos recientes demuestran que la del primero de julio del 2012 será, indiscutiblemente, una elección de estado a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Las  solicitudes de licencias de manejo en poder del candidato al senado, Humberto Mayans Canabal; fichas para ingresar a la UJAT  con el visto bueno de la ex rectora Candita Gil Jiménez; la inmediata disposición de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para atender solamente los llamados de los priistas cuando los partidos de oposición descubren bodegas y casas de seguridad donde guardan materiales de construcción, aparatos y toda clase de enseres que  regalan para coaccionar y condicionar el voto; la imparcialidad con que actúa la Procuraduría General de Justicia del Estado y el poco o nulo interés que demuestra por  atender y intervenir cuando son denunciados esos delitos electorales; y miles de burócratas de todas las dependencias de gobierno que bajo amenaza de ser despedidos son distraídos de sus funciones para participar de tiempo completo como “promotores del voto” en las campañas políticas, apuntan a una elección puramente de estado. La misma historia de pasados procesos electorales. Constitucionalmente el Estado tiene prohibido meter las manos en los procesos electorales, pero la ley en la materia a modo ha dejado muchas lagunas y espacios sin definir, lo que permite a  las instituciones gubernamentales intervenir a favor de los candidatos priistas a efecto de que ganen las elecciones. Ejércitos de empleados al servicio de las entidades públicas estatales y municipales abandonan sus puestos de trabajo para participar en las campañas del partido en el poder, so pena de ser despedidos y todo tipo de represalias si no lo hacen y grandes recursos del erario son destinados para esas mismas campañas. Desgraciadamente esas acciones son difíciles de demostrar, aún cuando son del dominio público porque se ven y se sienten. Lo más grave es que se observa que las fuerzas policíacas siempre estén prestas y expeditas para auxiliar al PRI y a  sus candidatos; pero sucede todo lo contrario cuando se trata de la oposición. Se habla de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, dependiente del Procurador  General de Justicia del Estado, pero jamás se ha sabido que hayan consignado ante las autoridades judiciales competentes algunos   hechos denunciados  y que en su mayoría son cometidos por miembros  del Partido Revolucionario Institucional. La parcialidad con que se desempeña esta institución deja mucho que desear.  Se augura que volverá a suceder como cuando Manuel Andrade Díaz fue candidato del PRI al gobierno del Estado. La participación represiva de las corporaciones policiacas fueron contundentes para darle el triunfo, merced a que brigadas de priistas protegidos por uniformados  impidieron que los ciudadanos de  otros partidos concurrieran a las casillas a emitir su voto.  
    Lo ideal sería  que sea el Ejército Mexicano o la Policía Federal Preventiva los que vigilen la jornada electoral del domingo primero de julio y que los cuerpos policiacos estatales permanezcan acuartelados.
*Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas
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