22 niñas se convierten en madres cada día en México, alerta reporte

Una niña de 11 años que ingresó con cinco meses de gestación a un hospital del IMSS en Matamoros, Tamaulipas, identificada como Nohemí, recibió una interrupción del embarazo y expuso, según activistas y especialistas, las grietas en los mecanismos de protección del Estado mexicano frente a la violencia sexual contra menores. El caso se suma a una cifra que la Secretaría de Salud registra en su último año disponible: 7,855 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres en México, un promedio de 22 al día, entre ellas tres niñas de 10 años.

La organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres y Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, coinciden en que la atención hospitalaria ocurrió cuando el sistema ya había fallado en todas sus capas previas de prevención, desde la familia hasta las instituciones educativas y de salud.

El sistema llegó cuando ya era tarde

Mujeres Vivas, Mujeres Libres señaló en un posicionamiento que la llegada de una menor a una emergencia médica con un embarazo de cinco meses evidencia la ruptura de todas las redes de protección comunitarias e institucionales. La organización recordó que la NOM-046 permite interrumpir legalmente un embarazo producto de violación sin necesidad de denuncia penal previa, pero advirtió que la tipificación del aborto en los códigos penales de varios estados perpetúa el estigma y genera demoras en la atención.

"Criminalizar el aborto genera miedo, estigma, desinformación y numerosas barreras que pueden retrasar la atención", afirmó Angie Contreras, portavoz de la organización. "Para una víctima de violencia sexual, y especialmente para una niña, esas barreras pueden significar llegar tarde a una atención que necesita."

Los datos de la Secretaría de Salud agravan el panorama: el riesgo de muerte materna se cuadruplica en menores de 15 años por complicaciones como eclampsia o parto prematuro.

Ocho de cada diez casos ocurren en entornos cercanos

Pérez García describió el caso como expresión de una violencia estructural sostenida en pautas de crianza machistas y adultocéntricas, donde la niñez es tratada como "propiedad familiar" en lugar de sujetos de derechos. Citó cifras oficiales que indican que 8 de cada 10 casos de violencia sexual contra menores ocurren en entornos presuntamente seguros —familia, escuela, iglesias o centros deportivos— y que en 9 de cada 10 casos los agresores son hombres cercanos a la víctima: padres, padrastros, tíos o abuelos.

"Criminalizar el aborto genera miedo, estigma, desinformación y numerosas barreras que pueden retrasar la atención." — Angie Contreras, Mujeres Vivas, Mujeres Libres

El especialista subrayó que los menores víctimas de abuso siempre emiten señales indirectas que los adultos omiten identificar. "Las niñas y los niños que son víctimas de violencia avisan: dejan de comer, dejan de ir a la escuela, cambian su conducta, se vuelven irritables. Están llamando la atención cuando no pueden verbalizarlo", dijo. "Es necesario saber qué sucedió, por qué en la escuela no se dieron cuenta, por qué el contexto familiar ampliado no dio la voz de alerta."

Marco legal avanzado con aplicación deficiente

Pérez García reconoció que México cuenta con un marco normativo de vanguardia en materia de derechos de la infancia, pero advirtió que este se vuelve inoperante por la ausencia de campañas públicas de educación sexual y por la injerencia de creencias personales en servidores públicos. "No importa si la autoridad profesa cualquier tipo de fe: en su rol de funcionario público está obligado a cumplir la ley. Tu religión o tu campaña electoral no es más importante que el derecho de una niña víctima de violencia sexual", afirmó.

El especialista también alertó sobre la fragilidad del proceso penal en el caso de Matamoros. Citó reportes de México Evalúa que señalan que el 93% de las carpetas de investigación no llegan a sentencia por deficiencias técnicas de las fiscalías, lo que deja a los agresores en la impunidad.

Respecto a Nohemí, Pérez García trazó una ruta de atención que el Estado debería garantizar: escucha activa con protección estricta de su identidad para evitar revictimización, evaluación del entorno familiar hasta el cuarto grado de parentesco para ubicar un espacio seguro y reducir al mínimo el tiempo en albergues, y el derecho a que se le explique, en términos adaptados a su edad, que fue víctima de un delito y que tiene derecho a reparación integral. La pregunta de si esas garantías se cumplirán en este caso permanece, por ahora, sin respuesta pública.

#TomaNota

• 7,855 niñas y adolescentes menores de 15 años dieron a luz en el último año registrado por la Secretaría de Salud: 22 al día, incluidas tres de 10 años.
• El riesgo de muerte materna se cuadruplica en menores de 15 años por complicaciones como eclampsia o parto prematuro, según la Secretaría de Salud.
• 8 de cada 10 casos de violencia sexual contra menores ocurren en entornos cercanos; en 9 de cada 10 el agresor es un hombre del entorno familiar.
• El 93% de las carpetas de investigación por estos delitos no llegan a sentencia, según reportes de México Evalúa citados por especialistas.