Emplaza Red Municipalista a Congreso para frenar el alto índice de feminicidios
VILLAHERMOSA, TABASCO, 5 DE MARZO.- La Red Municipalista, emplazó al Congreso local a que realicen acciones concretas para frenar el alto índice de feminicidios que se registran en el estado, que ubican a Tabasco en el séptimo lugar nacional en incidencia de este ilícito.
Encabezadas por Ángela Mendoza Ramos, un nutrido grupo de mujeres tomó prácticamente la Cámara de Diputados para exigir a la Junta de Coordinación Política que de una vez por todas el feminicidio sea tipificado como un delito doloso.
Aseguraron que el 50 por ciento de los homicidios contra mujeres encuadra perfectamente en la figura del feminicidio, pero hasta ahora los responsables de esos crímenes simplemente son castigados como un asesinato simple.
Las representantes de la Red Municipalista entregaron un documento a la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, en el que hacen un “análisis” de las iniciativas que se presentaron en el Congreso para tipificar el feminicidio como un delito.
Mendoza Ramos, destacó que este tipo de crímenes se cometen con mayor incidencia en los municipios de Centro, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo, y aseguró que el 2007 fue el año más violento para las mujeres de Tabasco.
En ese año a la fecha, expuso, se registraron 150 asesinatos cometidos con saña en contra de mujeres, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 40 años de edad.
María del Carmen Bautista, también de la Red Municipalista, consideró que estos homicidios dolosos expresan odio, misoginia, desprecio, maltrato físico y emocional por el simple hecho de ser mujer, y lamentó que hasta a la fecha no puedan ser tipificados como feminicidios.
Pidió que se castigue a los funcionarios públicos que actúen con negligencia en los casos denunciados como violencia intrafamiliar y que, en la mayoría de las veces, derivan en asesinatos cometidos con saña contra una mujer, así como aquellos que no investiguen bien los hechos.
Expresó que en la legislación que aprueben los diputados se debe incluir la reparación del daño a familiares de las víctimas, además de que se les brinde atención jurídica y sicológica.
