Enroques y sacrificios.

En el deporte ciencia conocido como ajedrez existen dos jugadas que, bien utilizadas, resultan necesarias y estratégicas para ganar la partida. Una de ellas se le llama enroque y la otra se le llama sacrificio.
    La primera es el único movimiento en el ajedrez en el que un jugador mueve dos piezas en el mismo movimiento, el enroque consiste en mover el rey dos casilleros hacia la torre en la primera fila del jugador, y luego mover la torre al cuadrado contiguo sobre el que el rey ha cruzado. El enroque implica el movimiento de dos piezas que estaban en una posición inicial, pero que estratégicamente conviene mover entre sí, con el objetivo de llegar a feliz término.
    La segunda jugada se le denomina sacrificio, es un movimiento en el que se entrega una pieza a cambio obtener una ganancia táctica o una compensación posicional de otra forma. Un sacrificio también puede ser un intercambio deliberado de una pieza de ajedrez de más valor por una pieza contraria de menor valor.
    Recientemente, hemos sido testigos de movimientos tanto en el gabinete del Poder Ejecutivo (Salud, Administración, Secretaría Técnica y Contraloría), como en el Poder Legislativo (Presidencia de la Junta de Coordinación Política y Dirección de Finanzas del Congreso), ambos del Estado de Tabasco. Algunos de estos movimientos (los menos), fueron enroques, otros fueron sacrificios.
    En cualquiera de ellos, se presume se debieron a jugadas estratégicas y que seguramente tienen por objeto llegar a un feliz término en la travesía llamada “cambio verdadero”, que en el primer caso es un tramo de seis años y en el segundo solamente de tres.
    No es el ánimo hacer un balance o una valoración de quienes se desempeñaron como servidores públicos en sus respectivas posiciones, tampoco llenar de parabienes a quienes asumen su nuevo encargo, el objetivo de quien esto escribe es analizar el acto mismo de los movimientos, a la luz del derecho constitucional.
    No olvidemos que el Estado, tiene por objeto básicamente, garantizar y proveer a los gobernados, de diversos satisfactores básicos: salud, educación, vivienda, seguridad, justicia, entre otros.
    Así las cosas, el funcionamiento del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, han propiciado una organización en la que sus distintos órganos requieren de personas físicas que las ejerzan; estas personas físicas son servidores públicos de los cuales se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines.         Por lo tanto, es servidor público, toda persona que realiza o desempeña un cargo o comisión, de carácter público.
    Ahora bien, quienes ejercen dicha función pública tienen una responsabilidad frente a los depositarios originarios del poder: los gobernados, quienes se convierten en mandantes y aquellos primeros en mandatarios; lo anterior atendiendo el mandato del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
    Es decir, al rendir la protesta correspondiente a que se refiere el diverso artículo 128 de la Carta Magna, todo funcionario público se reviste como representante del Estado (lato sensu) y es depositario del poder público.
    En el caso del Poder Ejecutivo se deposita la función administrativa del Estado y es a quien le corresponde prestarlos a través de las diversas dependencias a su cargo (Secretarías, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados) por conducto de sus funcionarios.
    En el caso del Poder Legislativo se deposita la función de hacer leyes, pero como ente gubernamental también tiene un funcionamiento interno administrativo, que debe procurar y observar que los recursos económicos a su cargo se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
    El asunto en cuestión es: cuando el servidor público no está fungiendo satisfactoriamente como representante del Estado; ¿En qué momento es preciso enrocarlo o sacrificarlo?
    La medida referencial tomada en el asunto que nos ocupa fue la de un año, al respecto surgen algunas interrogantes: ¿Habrá sido el tiempo prudente, tomando en consideración catastrófica en la que se recibió la entidad? ¿Habrán tenido los funcionarios salientes el tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias para enderezar el rumbo? ¿Habrán tenido el plazo prudente para haber desarrollado sus capacidades? ¿Habrán tenido el respaldo de sus superiores y de sus compañeros de trabajo? ¿Su labor únicamente era de arranque y la prosecución ya debía corresponder a otros?
    El tiempo nos dará las respuestas que correspondan, pero procuremos que en su búsqueda no olvidemos que la responsabilidad del Estado, es garantizar y proveer a los gobernados, de salud, educación, vivienda, seguridad, justicia, entre otros. No olvidemos que quienes están al frente de ésta partida de ajedrez, de ésta aventura institucional que procura un cambio verdadero en la entidad, están utilizando una estrategia que pretende llegar a un feliz término.
    En el argot popular se dice que todo cambio es bueno, siempre y cuando sea para mejorar, ya veremos.
A la reflexión!
    Mario Alberto Gallardo García.
    Abogado (UJAT) Esp. en Der. Constitucional (UNAM) Mtro. en Derecho (EPED)
    Correo: [email protected]