Esperan ex petroleros de Paraíso que autoridad judicial de México resuelvan conflicto laboral
* Luego de que el pasado 16 de marzo, por unanimidad los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México, resolvieron atraer el asunto
Villahermosa, Tab. 31 mar 11.- Luego de que el pasado 16 de marzo, por unanimidad los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de México, resolvieron atraer el asunto de los ex petroleros de Paraíso, actualmente se espera que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo de Tabasco, remita los expedientes de las dos quejas que interpusieron ahí, a fin de que la máxima autoridad judicial del país resuelva el conflicto laboral.
Informó a La Verdad del Sureste, vía telefónica desde la capital del país, Diego Carrasco, asesor legal de los ex trabajadores de la Terminal Marítima de Dos Bocas en Paraíso.
El abogado, dio pormenores de lo sucedido luego de que integrantes del Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso inicio una marcha hacia la ciudad de México el 10 de marzo para solicitar a la SCJ que atrajera su caso, mientras tres de sus compañeros continuaban la huelga de hambre que habían iniciado más de un mes antes, en la puerta del Palacio de Justicia de Gaviotas.
Narró:
Ante los actos de corrupción de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Villahermosa, Tabasco, entre las que destacan que los juzgadores de la misma, al mismo tiempo han venido fungiendo como trabajadores de PEMEX, el Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso, a efecto de hacerse escuchar, además de la huelga de hambre que sostenían sus compañeros Álvaro Castillo Frías, Francisco Santos Lara y Enrique García Díaz, el día diez de marzo del año en curso, iniciaron una marcha que partió de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
El objetivo era llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, a efecto de solicitar al máximo tribunal del país, que en un principio de justicia, ejerciera la facultad de atracción sobre su caso.
Fueron ocho días de caminata intensa del grupo de inconformes, afirmó el abogado, en la que recorrieron aproximadamente 300 kilómetros, llegando a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde fueron recibidos y atendidos por autoridades de la Secretaría de Salud Estatal, quienes ante el desgaste físico y por la edad de los marchistas, recomendaron no continuar la caminata ante el peligro de poner en riesgo su integridad física y hasta su vida, debido a las lesiones y el cansancio crónico que presentaban algunos de ellos.
Ante esa situación, el Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso decidió que solo una comisión de los marchistas continuara el viaje a la ciudad de México, pero en vehículos, así como los tres de sus compañeros que realizaban la huelga de hambre
Alvaro Castillo Frías, Francisco Santos Lara y Enrique García Díaz.
El grupo llegó a la ciudad de México el 22 de marzo y una comisión integrada por el dirigente del Grupo Unificado de Petroleros, Marcial Romero Jiménez y Alvaro castillo Frías en representación de los obreros en ayuno, así como su abogado defensor (Diego Carrasco Hinojosa) visitaron las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se les informó que con motivo de la petición, presentada días antes, se había integrado el expediente 57/2011.
El ministro José Fernando Franco González Salas, dio a conocer que, en sesión privada del día dieciséis de marzo de este año, hizo suya la petición de los trabajadores y la sometió al resto de los ministros de la Segunda Sala, quienes, por unanimidad de votos, “y en un claro principio de justicia”, resolvieron atraer el asunto de los ex petroleros.
Ante esa situación, los trabajadores manifestaron su reconocimiento al máximo tribunal del país, ya que su acción “histórica” permitió que los tres huelguistas de hambre, quienes ese día cumplían 55 días en ayuno permanente, lo levantara n y pudieran ser valorados médicamente para su recuperación.
No obstante, los inconformes señalaron que el actual gobierno del Presidente Felipe Calderón y el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “están en deuda con los trabajadores tabasqueños, ya que hasta el momento, no han removidos ni sancionado a los funcionarios de la Junta Federal Especial número 36, con sede en Villahermosa Tabasco”.
Dichos funcionarios tienen en su haber, denuncias tanto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, por haber actuado como jueces y parcialmente, al desempeñarse como juzgadores de esa Junta de Conciliación y Arbitraje y al mismo tiempo cobrar salarios en Petróleos Mexicanos.
Marcial Romero Jiménez, señaló, dijo el abogado: “confiamos en que tenemos la razón, sólo pedimos ser juzgados por un tribunal justo e imparcial como lo es la Suprema Corte, pero no debemos permitir que las autoridades del trabajo en el Estado de Tabasco sigan actuando con plena impunidad y corrupción, por eso pedimos al Gobierno Federal que investigue y sancione a los responsables de la muerte de nuestros compañeros y del sufrimiento que hemos tenido que pasar nosotros y nuestras familias”.
Asimismo, el dirigente informó que habían solicitado audiencia con el ministro José Fernando Franco González Salas para hacerle llegar personalmente el reconocimiento a nombre de todos los integrantes del movimiento y las viudas de los fallecidos, por su labor y para enterarlo de todas las irregularidades de las que han sido objeto a efecto de que dispongan de todos los elementos para emitir su fallo definitivo.
Actualmente, agregó Carrasco Hinojosa, se está a la espera de que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo en el estado de Tabasco remita los expedientes originales de los Recursos de Queja 014/2011 y 020/2011, a efecto de que sea la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien como máxima autoridad judicial, resuelva la situación de los ex trabajadores de Pemex.
Informó a La Verdad del Sureste, vía telefónica desde la capital del país, Diego Carrasco, asesor legal de los ex trabajadores de la Terminal Marítima de Dos Bocas en Paraíso.
El abogado, dio pormenores de lo sucedido luego de que integrantes del Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso inicio una marcha hacia la ciudad de México el 10 de marzo para solicitar a la SCJ que atrajera su caso, mientras tres de sus compañeros continuaban la huelga de hambre que habían iniciado más de un mes antes, en la puerta del Palacio de Justicia de Gaviotas.
Narró:
Ante los actos de corrupción de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Villahermosa, Tabasco, entre las que destacan que los juzgadores de la misma, al mismo tiempo han venido fungiendo como trabajadores de PEMEX, el Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso, a efecto de hacerse escuchar, además de la huelga de hambre que sostenían sus compañeros Álvaro Castillo Frías, Francisco Santos Lara y Enrique García Díaz, el día diez de marzo del año en curso, iniciaron una marcha que partió de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
El objetivo era llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, a efecto de solicitar al máximo tribunal del país, que en un principio de justicia, ejerciera la facultad de atracción sobre su caso.
Fueron ocho días de caminata intensa del grupo de inconformes, afirmó el abogado, en la que recorrieron aproximadamente 300 kilómetros, llegando a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde fueron recibidos y atendidos por autoridades de la Secretaría de Salud Estatal, quienes ante el desgaste físico y por la edad de los marchistas, recomendaron no continuar la caminata ante el peligro de poner en riesgo su integridad física y hasta su vida, debido a las lesiones y el cansancio crónico que presentaban algunos de ellos.
Ante esa situación, el Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso decidió que solo una comisión de los marchistas continuara el viaje a la ciudad de México, pero en vehículos, así como los tres de sus compañeros que realizaban la huelga de hambre
Alvaro Castillo Frías, Francisco Santos Lara y Enrique García Díaz.
El grupo llegó a la ciudad de México el 22 de marzo y una comisión integrada por el dirigente del Grupo Unificado de Petroleros, Marcial Romero Jiménez y Alvaro castillo Frías en representación de los obreros en ayuno, así como su abogado defensor (Diego Carrasco Hinojosa) visitaron las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se les informó que con motivo de la petición, presentada días antes, se había integrado el expediente 57/2011.
El ministro José Fernando Franco González Salas, dio a conocer que, en sesión privada del día dieciséis de marzo de este año, hizo suya la petición de los trabajadores y la sometió al resto de los ministros de la Segunda Sala, quienes, por unanimidad de votos, “y en un claro principio de justicia”, resolvieron atraer el asunto de los ex petroleros.
Ante esa situación, los trabajadores manifestaron su reconocimiento al máximo tribunal del país, ya que su acción “histórica” permitió que los tres huelguistas de hambre, quienes ese día cumplían 55 días en ayuno permanente, lo levantara n y pudieran ser valorados médicamente para su recuperación.
No obstante, los inconformes señalaron que el actual gobierno del Presidente Felipe Calderón y el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “están en deuda con los trabajadores tabasqueños, ya que hasta el momento, no han removidos ni sancionado a los funcionarios de la Junta Federal Especial número 36, con sede en Villahermosa Tabasco”.
Dichos funcionarios tienen en su haber, denuncias tanto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, por haber actuado como jueces y parcialmente, al desempeñarse como juzgadores de esa Junta de Conciliación y Arbitraje y al mismo tiempo cobrar salarios en Petróleos Mexicanos.
Marcial Romero Jiménez, señaló, dijo el abogado: “confiamos en que tenemos la razón, sólo pedimos ser juzgados por un tribunal justo e imparcial como lo es la Suprema Corte, pero no debemos permitir que las autoridades del trabajo en el Estado de Tabasco sigan actuando con plena impunidad y corrupción, por eso pedimos al Gobierno Federal que investigue y sancione a los responsables de la muerte de nuestros compañeros y del sufrimiento que hemos tenido que pasar nosotros y nuestras familias”.
Asimismo, el dirigente informó que habían solicitado audiencia con el ministro José Fernando Franco González Salas para hacerle llegar personalmente el reconocimiento a nombre de todos los integrantes del movimiento y las viudas de los fallecidos, por su labor y para enterarlo de todas las irregularidades de las que han sido objeto a efecto de que dispongan de todos los elementos para emitir su fallo definitivo.
Actualmente, agregó Carrasco Hinojosa, se está a la espera de que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo en el estado de Tabasco remita los expedientes originales de los Recursos de Queja 014/2011 y 020/2011, a efecto de que sea la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien como máxima autoridad judicial, resuelva la situación de los ex trabajadores de Pemex.
