Se está actuando con mucha celeridad para implantar los juicios orales: Reyes Ramos
El Ejecutivo no envía el proyecto de reforma a la Cámara de Diputados y si lo ha hecho es en estos últimos días declaró el abogado Sergio Antonio Reyes
Se está actuando con mucha celeridad para implantar lo más pronto posible los juicios orales en la administración de justicia, aún cuando el plazo vence hasta en el 2016, y todavía el Ejecutivo no envía el proyecto de reforma a la Cámara de Diputados y si lo ha hecho es en estos últimos días, declaró el abogado Sergio Antonio Reyes Ramos.
En Tabasco estamos hablando solo de hipótesis, sostuvo, porque ni el Congreso local conoce el proyecto de reforma, es decir no sabe de qué se trata y por lo tanto no le han entrado al debate.
A pesar de que se han hecho cursos, seminarios y talleres, lo cierto es, afirmó el abogado, que todavía no hay un proyecto de reforma de lo que serán los juicios orales, pero además esos cursos han sido impartidos por supuestos especialistas extranjeros, de Estados Unidos y Canadá, en donde, por cierto, no existen los juicios orales.
La reforma es a nivel federal, pero cada estado va a regular el modo en que se harán esos juicios orales, en delitos que implican privación de la libertad preventiva, pero en Tabasco no hay “luces todavía” dijo.
En estos momentos, funcionarios de la administración pública y abogados litigantes deberíamos estar en un debate abierto, en el que participemos todos, porque en estados donde ya se aplican, como Chihuahua, han dado bandazos, lo cual los ha obligado a reformar las leyes ya aprobadas.
Pero además el aparato legal no tiene la capacidad para implementarlos, están planteando que empezaran por los procesos de delitos leves en algunos municipios, pero eso tendría ya que estar plasmado en un a ley y mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia lo anuncie, lo anterior se queda en una hipótesis prematura.
Sergio Antonio Reyes dijo que por la conformación actual de la Cámara de Diputados y los procesos electorales venideros, es previsible que los legisladores no lleguen a consensos en esa materia, aún con la mayoría del PRI.
Por otro lado está la cuestión técnica, dijo, porque la aplicación de los juicios orales requieren de investigaciones en criminalística, por lo que es indispensable contar en el estado con un laboratorio de ADN y personal capacitado en polígrafos.
Sin un laboratorio de ADN el Estado no podrá probar lo que tiene que probar debidamente cuando detiene a un sospechoso, hizo notar.
Actualmente la implementación de los juicios orales está cojeando por un interés netamente circunstancial, no se conoce el proyecto de reforma y los abogados no estamos preparados, porque no sabemos como viene, afirmó.
No podemos capacitarnos debidamente porque la ley no está aprobada, aunque nos traigan expertos norteamericanos y canadienses, porque en sus países no hay juicios orales.
Me parece que la capacitación que se esta dando, es más bien una cuestión “escenográfica”, opinó.
Pero además se necesita infraestructura, y las salas para ese fin se han construido, no están hechas, conforme a las especificaciones técnicas exigidas, porque las hicieron constructores locales no certificadas para construir salas de audiencia con la calidad y el equipo necesario para garantizar la seguridad.
Se requiere de un equipo de video que garantice la no filtración y la no edición, es decir una serie de requerimientos, con las que no se cumplirán si hacemos las cosas al vapor.
Seria un error, opinó, que las reformas para aplicar los juicios orales se aprobaran, sin antes cumplir con todas esas exigencias, cuando hay tiempo para hacer las cosas bien, por de otra manera esos juicios serían prácticamente amparables.
Por último, el abogado Reyes Ramos, explicó que uno de los beneficios de los juicios orales es que estos serán públicos y que las detenciones solo serán por delitos graves, en las que el Estado tendrá la carga de probar la responsabilidad, es decir, si alguien es acusado de homicidio el Estado deberá probar que esa persona realmente lo cometió con métodos científicos.
Teóricamente, explicó el acusado tendrá más garantías de defenderse, y el método de actuación, al ser publico debe ser conocido por todos, a diferencia de ahora que prácticamente no se conocen las características, ni del delito ni de las pruebas.
Es decir se pasara de un modo inquisitorial secreto y escrito, a otro en donde las partes estarán interactuando públicamente, aunque en el fondo también será escrito porque de todo tiene que haber constancia.
Creo que en Tabasco aún no disponemos de la infraestructura ni el equipo para alcanzar esos objetivos, por eso, insisto, no es cuestión de aplicarlos con “sombrerazos” o porque se le ocurren a tal o cual funcionario del poder judicial, el camino es todavía largo, agrego.
En Tabasco estamos hablando solo de hipótesis, sostuvo, porque ni el Congreso local conoce el proyecto de reforma, es decir no sabe de qué se trata y por lo tanto no le han entrado al debate.
A pesar de que se han hecho cursos, seminarios y talleres, lo cierto es, afirmó el abogado, que todavía no hay un proyecto de reforma de lo que serán los juicios orales, pero además esos cursos han sido impartidos por supuestos especialistas extranjeros, de Estados Unidos y Canadá, en donde, por cierto, no existen los juicios orales.
La reforma es a nivel federal, pero cada estado va a regular el modo en que se harán esos juicios orales, en delitos que implican privación de la libertad preventiva, pero en Tabasco no hay “luces todavía” dijo.
En estos momentos, funcionarios de la administración pública y abogados litigantes deberíamos estar en un debate abierto, en el que participemos todos, porque en estados donde ya se aplican, como Chihuahua, han dado bandazos, lo cual los ha obligado a reformar las leyes ya aprobadas.
Pero además el aparato legal no tiene la capacidad para implementarlos, están planteando que empezaran por los procesos de delitos leves en algunos municipios, pero eso tendría ya que estar plasmado en un a ley y mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia lo anuncie, lo anterior se queda en una hipótesis prematura.
Sergio Antonio Reyes dijo que por la conformación actual de la Cámara de Diputados y los procesos electorales venideros, es previsible que los legisladores no lleguen a consensos en esa materia, aún con la mayoría del PRI.
Por otro lado está la cuestión técnica, dijo, porque la aplicación de los juicios orales requieren de investigaciones en criminalística, por lo que es indispensable contar en el estado con un laboratorio de ADN y personal capacitado en polígrafos.
Sin un laboratorio de ADN el Estado no podrá probar lo que tiene que probar debidamente cuando detiene a un sospechoso, hizo notar.
Actualmente la implementación de los juicios orales está cojeando por un interés netamente circunstancial, no se conoce el proyecto de reforma y los abogados no estamos preparados, porque no sabemos como viene, afirmó.
No podemos capacitarnos debidamente porque la ley no está aprobada, aunque nos traigan expertos norteamericanos y canadienses, porque en sus países no hay juicios orales.
Me parece que la capacitación que se esta dando, es más bien una cuestión “escenográfica”, opinó.
Pero además se necesita infraestructura, y las salas para ese fin se han construido, no están hechas, conforme a las especificaciones técnicas exigidas, porque las hicieron constructores locales no certificadas para construir salas de audiencia con la calidad y el equipo necesario para garantizar la seguridad.
Se requiere de un equipo de video que garantice la no filtración y la no edición, es decir una serie de requerimientos, con las que no se cumplirán si hacemos las cosas al vapor.
Seria un error, opinó, que las reformas para aplicar los juicios orales se aprobaran, sin antes cumplir con todas esas exigencias, cuando hay tiempo para hacer las cosas bien, por de otra manera esos juicios serían prácticamente amparables.
Por último, el abogado Reyes Ramos, explicó que uno de los beneficios de los juicios orales es que estos serán públicos y que las detenciones solo serán por delitos graves, en las que el Estado tendrá la carga de probar la responsabilidad, es decir, si alguien es acusado de homicidio el Estado deberá probar que esa persona realmente lo cometió con métodos científicos.
Teóricamente, explicó el acusado tendrá más garantías de defenderse, y el método de actuación, al ser publico debe ser conocido por todos, a diferencia de ahora que prácticamente no se conocen las características, ni del delito ni de las pruebas.
Es decir se pasara de un modo inquisitorial secreto y escrito, a otro en donde las partes estarán interactuando públicamente, aunque en el fondo también será escrito porque de todo tiene que haber constancia.
Creo que en Tabasco aún no disponemos de la infraestructura ni el equipo para alcanzar esos objetivos, por eso, insisto, no es cuestión de aplicarlos con “sombrerazos” o porque se le ocurren a tal o cual funcionario del poder judicial, el camino es todavía largo, agrego.
