Estrategia anticrimen de Calderón agravó la violencia de género

 
México, DF, 8 nov 12 (Cimacnoticias).- Durante el próximo sexenio el Estado mexicano deberá poner en práctica mecanismos de supervisión y sanción a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del Poder Judicial, que discriminen a las mujeres y que se nieguen a proteger sus derechos.
    En sus “Observaciones finales sobre México”, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) le solicita lo anterior al Estado mexicano, además de que debe capacitar de manera sistemática sobre derechos de las mujeres a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
    También debe brindar capacitación en ese sentido a las fuerzas del Ejército y la Armada que participan en operaciones de seguridad pública, y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar el respeto de los Derechos Humanos (DH).
    En sus “Observaciones finales”, dadas a conocer recientemente y las cuales son de carácter obligatorio, el Comité de la CEDAW señala que le preocupa que las mujeres se vean sometidas a niveles cada vez mayores de violencia en el hogar, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, y en particular el feminicidio perpetrado por agentes estatales, incluidos funcionarios y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados.
    El Comité añade que es alarmante que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, hayan contribuido a la intensificación de pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres, basadas en actitudes patriarcales, tendientes a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.
    Por ello exhorta al Estado mexicano a revisar su estrategia de seguridad pública y adaptarla a los tratados internacionales de DH, incluida la CEDAW, e invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres, cumpliendo sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia de género.
    El Estado debe investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables.