EVALUAR LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Estamos en la época en la que se dice que todas las acciones del gobierno se deben evaluar, se deben medir sus costos y beneficios para decidir si se continúan, suspenden o modifican y en qué sentido y grado deberán cambiarse. Una demostración palpable de ello está precisamente en las más recientes propuestas oficiales para modificar disposiciones constitucionales y leyes secundarias en materia educativa, en cuanto al régimen legal de Pemex, en la cuestión de las telecomunicaciones y en lo que se refiere a la captación de impuestos mediante la política fiscal. Todas estas leyes y las acciones de gobierno que de ellas se derivan, han merecido su evaluación correspondiente y, en diversas formas y grados, se ha decidido modificarlas para adecuarlas mejor a los resultados que de ellas se esperan.
Me pronuncio, pues, porque se evalúe también una política pública muy en boga en la actualidad: la de usar a los medios de comunicación para criminalizar la protesta social autorizada por la Carta Magna. No creo que nadie mínimamente enterado de la forma de actuar de nuestros gobiernos y, en su sano juicio, se engañe acerca de que la unanimidad, la constancia y la homogeneidad de las calumnias, las injurias, las exageraciones, las omisiones y otras técnicas de la desinformación bélica moderna, sean, como lo son, producto de una política oficial bien delineada, bien ejecutada y, sobre todo, muy bien financiada.
No conozco, no obstante, ningún intento, de presentar públicamente los propósitos de esta política oficial y evaluar, medir y demostrar, aunque sea de una manera incompleta, sus resultados. Priva en este renglón, la más completa opacidad. Se están evaluando las políticas sociales de los gobiernos anteriores; hace unos días dijo la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que ahora existe una coordinación completa entre dependencias y niveles de gobierno que, en la Campaña contra el Hambre ya no habrá una política “archipiélago” y que, por tanto, ahora se esperan mucho mejores resultados. Pero en lo que se refiere a la criminalización de la protesta social, nada se dice.
¿Qué puede esperar el gobierno de una satanización tan brutal como falsa de la manifestación pública de las inconformidades sociales? Tal vez agrupar, fortalecer y enfurecer a los enemigos abiertos o embozados de las clases trabajadoras de nuestro país; que los hay. Por lo que se transmite en noticieros y periódicos, por los supuestos o reales incomodados por la protesta social pública, por los vituperios y ultrajes, por los epítetos y mentadas de madre divulgados con todo el poder de los medios de comunicación, cualquiera diría que sí, que se está conformando una fuerza social enérgica y poderosa que censura a quienes se atreven a ejercer sus derechos constitucionales y, llegado el momento, aplaudirá su represión violenta. Pero vámonos más despacio. Téngase en cuenta que quienes pasan al aire o aparecen en la prensa con toda su furia han sido seleccionados previamente por la edición y que, además, muchos de esos, no necesitaban ninguna manifestación pública para externar su desprecio por “los mugrosos”, “ociosos”, “nacos” y “salvajes”, sino que esa forma de pensar y actuar ya antes formaba parte de su personalidad. A lo más, la política pública está atizando el odio social, la agudización de lucha de clases, que, se sabe, estorba el aumento de la productividad y desestabiliza a las sociedades.
¿Qué otro propósito podría tener? ¿Desalentar la protesta social? Aquí es donde tendría que entrar una evaluación cualitativa y cuantitativa muy seria pues, tal parece que la inconformidad ciudadana manifestada en la calle, crece en la misma o, quizá, hasta en mayor proporción, que los denuestos que se lanzan en contra de ella desde los más importantes medios de comunicación.
En los últimos años ha crecido exponencialmente y no cede. Aumenta, más bien, en proporción directa al crecimiento de los abusos de los gobernantes, de la proliferación de los diálogos inútiles, de la falta de soluciones, de las injusticias y de la generalización de la pobreza. En consecuencia, cualquier investigador responsable dictaminaría de manera contundente que los objetivos propuestos con la campaña no se están alcanzando.
Los antorchistas del estado de México y los antorchistas poblanos, por ejemplo, después de haber llevado a cabo unas gigantescas manifestaciones y, claro, después de haber leído, escuchado y visto lo que decían de ellos los periodistas a sueldo de sus respectivos gobiernos, después de haber recibido calumnias e insultos soeces y de haber sido amenazados en su libertad y en su vida, simplemente anunciaron que volverán a salir a la calle a exigir que la autoridad cumpla sus compromisos y promesas, ahora en número mayor. No conozco hasta ahora, pues, a ningún antorchista en ninguna parte del país que se haya rehusado alguna vez a asistir a un mitin o a una marcha en demanda de justicia por no enfrentar la furia oficial a través de los medios de comunicación, antes al contrario, las entienden y asimilan como parte de su lucha por un mundo mejor.
¿Cómo no se va a indignar el pueblo empobrecido cuándo le dicen que secuestra las calles? ¿Cómo no? Si sabe que los locutores y redactores majaderos que lo insultan tienen secuestrado el derecho a la libre expresión, que los políticos que los pagan tienen secuestrados los puestos públicos a los que una ama de casa, un jornalero o un simple comerciante ambulante no llegará jamás y que, los jefes de todos, los que concentran en sus manos y disponen libremente de inaudita riqueza, tienen secuestrado al país entero. Así, la política de represión se convierte en conciencia política. Me acuerdo ahora de la dedicatoria que puso en un libro suyo Camilo José Cela (cito de memoria): Dedico este libro a mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera.
