Dos exmandos de la extinta Policía Federal fueron sancionados por el desvío de recursos vinculados a un contrato con la empresa Rafael Advanced Defense Systems LTD. La autoridad informó que deberán cubrir una sanción económica cercana a 65 millones de dólares y que quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos por hasta 20 años.
La resolución implica consecuencias administrativas para exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y se suma a una investigación penal en curso. Para la población, el caso vuelve a poner el foco en el uso de recursos públicos autorizados para tecnología de inteligencia que, según los reportes citados, no llegó a operar después en la Guardia Nacional.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las sanciones derivan de faltas administrativas graves detectadas por la Unidad de Combate a la Impunidad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Frida M., exsecretaria general de la corporación, no podrá ejercer cargos públicos durante 20 años, mientras que Damián C., exresponsable de la División de Inteligencia, fue inhabilitado por 15 años.
La dependencia señaló que las irregularidades están relacionadas con un contrato de prestación de servicios firmado en diciembre de 2015 con Rafael Advanced Defense Systems LTD. Según la información oficial, los recursos estaban destinados al cumplimiento de obligaciones de ese acuerdo, pero más de 65 millones de dólares habrían sido desviados.
Qué se sabe del contrato con Rafael Advanced Defense Systems
Dos exmandos fueron inhabilitados hasta por 20 años y deberán responder por unos 65 millones de dólares.
Reportes citados en el insumo indican que entre 2016 y 2017 la entonces Policía Federal entregó un anticipo por 39.2 millones de dólares y pagó cuatro facturas iniciales por otros 26.3 millones. También se menciona que 16 facturas, equivalentes a 65.1 millones de dólares, quedaron pendientes de pago aunque los recursos ya habían sido autorizados desde el 15 de septiembre de 2016.
El mismo reporte refiere que esa autorización ocurrió tres días después del regreso de un grupo de 12 funcionarios de un viaje a Tel Aviv financiado por la contratista. La nota base no precisa, sin embargo, si ese hecho formó parte directa de la resolución administrativa o solo del contexto documentado por medios.
Además de la vía administrativa, la FGR ya recibió el caso para mantener abiertas las indagatorias penales por presunto manejo irregular de recursos públicos. Hasta ahora, la información disponible confirma las sanciones e inhabilitaciones, pero no reporta una sentencia penal firme.
#TomaNota
- Sanción económica reportada: cerca de 65 millones de dólares; una inhabilitación llega a 20 años.
- La resolución fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con investigaciones de la Secretaría Anticorrupción.
- El caso deriva de irregularidades en un contrato firmado en diciembre de 2015 con Rafael Advanced Defense Systems LTD.
- La FGR mantiene abiertas indagatorias penales; no se informó una sentencia penal definitiva.
