VILLAHERMOSA, TABASCO, 8 DE FEBRERO DE 2011.- El Congreso respaldó un punto de acuerdo presentado por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Martínez Pérez, para que se exhorte al alcalde de Centla, Aquiles Reyes Quiroz, a que conceda el derecho de audiencia a familiares de unas personas que fueron detenidas bajo la acusación de haber agredido a un policía y quemado una patrulla en Villa Vicente Guerrero, en diciembre pasado. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 19 de diciembre de 2010. En esa villa, se organizó un baile popular en la plaza pública y dos personas dirimieron a golpes sus diferencias.
El pleito se registró a unos metros de la caseta de policía. Dos uniformados intervinieron y detuvieron a uno de los rijosos. Al momento de ingresarlo a los separos, un grupo de unas 80 personas, que se encontraba en el baile, logró liberarlo y arremetió contra uno de los policías y quemó la patrulla. Horas más tarde, compañeros suyos apresaron a nueve jóvenes, entre ellos un menor de edad, “a quienes sin más explicación y a decir de los mismos inculpados, fueron levantados no en lugar de los hechos, sino en diferentes calles y al azar”, de acuerdo a la denuncia del diputado perredista.
Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público y luego consignados ante un juez, quien les dictó el auto de formal prisión, acusados del delito de lesiones en pandilla, “un delito grave que no permite a los inculpados alcanzar fianza”.
Martínez Pérez, aseguró que no existen elementos que prueben que los detenidos participaron en los hechos narrados, sino que fueron aprehendidos de manera injusta, “ya que del análisis de las declaraciones de ambas partes, se han podido percibir muchas discrepancias e injusticias en contra de quienes, dicen los policías, son los culpables de estos hechos”. El policía agredido, Raúl May Jiménez, en su declaración ministerial, en ningún momento señala que “alguno de los jóvenes detenidos hayan sido quienes lo agredieron”, sólo proporcionó la media filiación de dos personas. Sin embargo, ante el juez cambió su testimonio e identificó a los detenidos como sus agresores, “por lo que deja en claro que el ofendido ya había sido aleccionado para mentir en contra de estas personas”.
Los otros policías que también rindieron su declaración ministerial, tampoco señalan a nadie en particular, sólo manifestaron “generalidades de los hechos”, pero hicieron lo mismo que su compañero, cambiaron su versión ante el juez para incriminar a los detenidos. La más extraño, es que uno de los detenidos dijo que no participó en los hechos y de inmediato fue liberado por el MP, “lo que provoca el desconcierto total por parte del agente investigador al considerar inocente a uno y culpable a los otros”. Por lo que hace al menor de edad, José Arturo Chablé May, fue remitido al Sistema Integral de Justicia Adolescente, y a quien se le quitó el delito grave de lesiones en pandilla y se la impuso una fianza de 32 mil pesos para garantizar su libertad, dinero que no ha podido cubrir por ser de una familia de escasos recursos. Martínez Pérez dijo que los familiares de los detenidos han agotado todos los recursos posibles para hablar con el presidente municipal de Centla, para pedirle que se desista de su acusación “tan injusta”, pero éste no ha querido hablar con ellos. Por ello el exhorto del Congreso a Reyes Quiroz para que acceda a hablar con los familiares de los detenidos, que los escuche y les permita probar la inocencia de los detenidos, “que atienda este caso con la seriedad que se merece”.
El pleito se registró a unos metros de la caseta de policía. Dos uniformados intervinieron y detuvieron a uno de los rijosos. Al momento de ingresarlo a los separos, un grupo de unas 80 personas, que se encontraba en el baile, logró liberarlo y arremetió contra uno de los policías y quemó la patrulla. Horas más tarde, compañeros suyos apresaron a nueve jóvenes, entre ellos un menor de edad, “a quienes sin más explicación y a decir de los mismos inculpados, fueron levantados no en lugar de los hechos, sino en diferentes calles y al azar”, de acuerdo a la denuncia del diputado perredista.
Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público y luego consignados ante un juez, quien les dictó el auto de formal prisión, acusados del delito de lesiones en pandilla, “un delito grave que no permite a los inculpados alcanzar fianza”.
Martínez Pérez, aseguró que no existen elementos que prueben que los detenidos participaron en los hechos narrados, sino que fueron aprehendidos de manera injusta, “ya que del análisis de las declaraciones de ambas partes, se han podido percibir muchas discrepancias e injusticias en contra de quienes, dicen los policías, son los culpables de estos hechos”. El policía agredido, Raúl May Jiménez, en su declaración ministerial, en ningún momento señala que “alguno de los jóvenes detenidos hayan sido quienes lo agredieron”, sólo proporcionó la media filiación de dos personas. Sin embargo, ante el juez cambió su testimonio e identificó a los detenidos como sus agresores, “por lo que deja en claro que el ofendido ya había sido aleccionado para mentir en contra de estas personas”.
Los otros policías que también rindieron su declaración ministerial, tampoco señalan a nadie en particular, sólo manifestaron “generalidades de los hechos”, pero hicieron lo mismo que su compañero, cambiaron su versión ante el juez para incriminar a los detenidos. La más extraño, es que uno de los detenidos dijo que no participó en los hechos y de inmediato fue liberado por el MP, “lo que provoca el desconcierto total por parte del agente investigador al considerar inocente a uno y culpable a los otros”. Por lo que hace al menor de edad, José Arturo Chablé May, fue remitido al Sistema Integral de Justicia Adolescente, y a quien se le quitó el delito grave de lesiones en pandilla y se la impuso una fianza de 32 mil pesos para garantizar su libertad, dinero que no ha podido cubrir por ser de una familia de escasos recursos. Martínez Pérez dijo que los familiares de los detenidos han agotado todos los recursos posibles para hablar con el presidente municipal de Centla, para pedirle que se desista de su acusación “tan injusta”, pero éste no ha querido hablar con ellos. Por ello el exhorto del Congreso a Reyes Quiroz para que acceda a hablar con los familiares de los detenidos, que los escuche y les permita probar la inocencia de los detenidos, “que atienda este caso con la seriedad que se merece”.
