Exige Codehutab se aplique acción penal a agentes ministeriales
Por el delito de tortura en contra de Joaquín Díaz López
El Codehutab exigió ayer a la Procuraduría General de Justicia del Estado revoque el acuerdo de no ejercicio de la acción penal por el delito de tortura en contra de Joaquín Díaz López , cometido por los agentes ministeriales Martín Rafael Cornelio, Emmanuel Enrique Rosado, Inocencio Hernández, Francisco Hernández “ y los que resulten responsables”.
En conferencia de prensa -en la que estuvo presente la víctima- el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, expuso que la PGJE parece decidida a “vestir de impunidad a los cuatro ministeriales” que torturaron por cinco horas consecutivas a Joaquín Díaz el 15 de mayo del 2009.
Narró el abogado y después la víctima, que en esa fecha, los cuatro agentes ministeriales mencionados que viajaban en un auto chevy, encapuchados, detuvieron a Joaquín Díaz sin mostrar orden de aprehensión.
Fue subido al vehículo mencionado y esposado para llevarlo a las instalaciones de la PGJE en donde fue conducido a un cuarto oscuro, en el cual le quitaron las esposas por un momento, para luego vendarle las manos y de nuevo esposarlo.
Ahí mismo, mientras un ministerial se le subió a la altura del estómago, otro lo tomó por los pies y otro le impedía respirar con una franela.
La tortura continuó -para que se declarara culpable de dos robos que no cometió, uno en la empresa en la que trabajaba hasta el momento de su detención y otro ocurrido en Comalcalco-, le mojaron el cuerpo para darle toques eléctricos en su partes intimas.
Fue torturado a lo largo de cinco horas, dijo Rodríguez León y luego Joaquín Díaz.
Posteriormente, dijo, Joaquín fue presentado ante el médico legista de la PGJE, en donde los ministeriales que lo llevaron dijeron al médico que “era un encargo”, y este se abstuvo de realizar la auscultación de ley y expidió el certificado médico, descartando todo tipo de lesiones producto de la tortura.
Al salir de ahí, Joaquín fue conducido de nuevo ante los ministeriales participantes en la aprehensión y tortura, así como tres personas más, quienes le exigieron que se confesara culpable de los robos, pero Díaz López no hizo caso.
Alrededor de las 8 de la noche del mismo día, prosiguió Efraín Rodríguez, el detenido fue llevado ante la ministerio público, Julia López, pero fue poco el tiempo que estuvo con ella, porque fue sacado del lugar, sin tomarle su declaración.
Tres de los cuatro agentes ministeriales implicados, afirmó, se quedaron hablando con la MP y cuando lo regresaron para la declaración, esta ya estaba redactada, que se vio obligado a firmar, dijo Joaquín Díaz López, porque los elementos de la PGJE amenazaron con atentar contra su familia.
Según afirmó el abogado de Codehutab, la defensora de oficio se retiró del lugar como muestra de inconformidad de lo ahí sucedido.
Joaquín fue llevado a una celda y ahí lo volvieron amenazar para que no dijera nada de lo ocurrido en contra de su persona y el 17 de mayo fue trasladado al reclusorio, en donde otro médico legista lo revisó y certificó que las lesiones de su cuerpo, fue producto de la tortura sufrida en la PGJ.
El juez sexto de lo penal tomó su declaración, el 25 de mayo este le dictó auto de formal prisión y Joaquín al día siguiente se comunica con la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cual tomó su declaración y certificó que las lesiones por tortura, integrando la queja correspondiente.
El 24 de febrero de 2010, dijo, a Joaquín se le dictó sentencia condenatoria por un año, cinco meses y 28 días, pero a los dos días, por falta de pruebas salió libre.
Lo que llama la atención como ya leyó angela es que eneste lapso del 2008 al 2011 La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 2200 quejas por el delito de tortura y nos encontramos que apenas cinco recomendaciones se han emitido, yo creo que ahí esta la respuesta, que no es que no se de la tortura, lo qu está sucediendo es que las instancias obligadas a actuar en estos casos, no lo están haciendo, porque no es posible entonces yo creo que ahí hay una falla por parte de la CEDH
Por su parte Joaquín Díaz –contador de carrera- luego de narrar con sus palabras lo que vivió ese 15 de mayo y los otros días de cárcel, declaró que es evidente que las autoridades de la PGJE están protegiendo a cuatro responsables de su detención y tortura.
Dijo que, luego de la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la PGJE para que se ejercitara acción penal en contra de los cuatro inculpados, las autoridades dictaminaron archivar la averiguación “por falta de suficientes pruebas”.
Díaz López y el abogado de Codehutab informaron que el próximo 18 de noviembre de 2011 vence el plazo para que la PGJE resuelva la inconformidad de Joaquín, “esperamos que ahora que están en otra área de esa dependencia –de Amparo y Archivo- a lo mejor con menos corrupción, revoquen el no ejercicio y liberen la orden de aprehensión respectiva.
Es indignante e inconcebible que se enviara al archivo la averiguación de inconformidad presentada por Joaquín, porque lo único que procede es que la PGJE ejercite la acción penal contra los responsables directos de la detención y tortura del contador.
Sien embargo el abogado, mencionó que son más los responsables que los cuatro señalados, entre ellos el jefe de los cuatro ministeriales que fue el que dio la orden y el médico legista porque, según dijo Efraín Rodríguez, cuando Joaquín fue presentado ante él para que lo valorara, solo lo tuvo a la vista en el marco de la puerta, le dicen que es “un encargo” y luego expide un certificado afirmando que no presentó ninguna lesión.
Díaz López mencionó que sus verdugos, ya no son agentes ministeriales, se fueron yendo uno por uno y a otro lo asesinaron en enero del 2011.
En conferencia de prensa -en la que estuvo presente la víctima- el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, expuso que la PGJE parece decidida a “vestir de impunidad a los cuatro ministeriales” que torturaron por cinco horas consecutivas a Joaquín Díaz el 15 de mayo del 2009.
Narró el abogado y después la víctima, que en esa fecha, los cuatro agentes ministeriales mencionados que viajaban en un auto chevy, encapuchados, detuvieron a Joaquín Díaz sin mostrar orden de aprehensión.
Fue subido al vehículo mencionado y esposado para llevarlo a las instalaciones de la PGJE en donde fue conducido a un cuarto oscuro, en el cual le quitaron las esposas por un momento, para luego vendarle las manos y de nuevo esposarlo.
Ahí mismo, mientras un ministerial se le subió a la altura del estómago, otro lo tomó por los pies y otro le impedía respirar con una franela.
La tortura continuó -para que se declarara culpable de dos robos que no cometió, uno en la empresa en la que trabajaba hasta el momento de su detención y otro ocurrido en Comalcalco-, le mojaron el cuerpo para darle toques eléctricos en su partes intimas.
Fue torturado a lo largo de cinco horas, dijo Rodríguez León y luego Joaquín Díaz.
Posteriormente, dijo, Joaquín fue presentado ante el médico legista de la PGJE, en donde los ministeriales que lo llevaron dijeron al médico que “era un encargo”, y este se abstuvo de realizar la auscultación de ley y expidió el certificado médico, descartando todo tipo de lesiones producto de la tortura.
Al salir de ahí, Joaquín fue conducido de nuevo ante los ministeriales participantes en la aprehensión y tortura, así como tres personas más, quienes le exigieron que se confesara culpable de los robos, pero Díaz López no hizo caso.
Alrededor de las 8 de la noche del mismo día, prosiguió Efraín Rodríguez, el detenido fue llevado ante la ministerio público, Julia López, pero fue poco el tiempo que estuvo con ella, porque fue sacado del lugar, sin tomarle su declaración.
Tres de los cuatro agentes ministeriales implicados, afirmó, se quedaron hablando con la MP y cuando lo regresaron para la declaración, esta ya estaba redactada, que se vio obligado a firmar, dijo Joaquín Díaz López, porque los elementos de la PGJE amenazaron con atentar contra su familia.
Según afirmó el abogado de Codehutab, la defensora de oficio se retiró del lugar como muestra de inconformidad de lo ahí sucedido.
Joaquín fue llevado a una celda y ahí lo volvieron amenazar para que no dijera nada de lo ocurrido en contra de su persona y el 17 de mayo fue trasladado al reclusorio, en donde otro médico legista lo revisó y certificó que las lesiones de su cuerpo, fue producto de la tortura sufrida en la PGJ.
El juez sexto de lo penal tomó su declaración, el 25 de mayo este le dictó auto de formal prisión y Joaquín al día siguiente se comunica con la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cual tomó su declaración y certificó que las lesiones por tortura, integrando la queja correspondiente.
El 24 de febrero de 2010, dijo, a Joaquín se le dictó sentencia condenatoria por un año, cinco meses y 28 días, pero a los dos días, por falta de pruebas salió libre.
Lo que llama la atención como ya leyó angela es que eneste lapso del 2008 al 2011 La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 2200 quejas por el delito de tortura y nos encontramos que apenas cinco recomendaciones se han emitido, yo creo que ahí esta la respuesta, que no es que no se de la tortura, lo qu está sucediendo es que las instancias obligadas a actuar en estos casos, no lo están haciendo, porque no es posible entonces yo creo que ahí hay una falla por parte de la CEDH
Por su parte Joaquín Díaz –contador de carrera- luego de narrar con sus palabras lo que vivió ese 15 de mayo y los otros días de cárcel, declaró que es evidente que las autoridades de la PGJE están protegiendo a cuatro responsables de su detención y tortura.
Dijo que, luego de la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la PGJE para que se ejercitara acción penal en contra de los cuatro inculpados, las autoridades dictaminaron archivar la averiguación “por falta de suficientes pruebas”.
Díaz López y el abogado de Codehutab informaron que el próximo 18 de noviembre de 2011 vence el plazo para que la PGJE resuelva la inconformidad de Joaquín, “esperamos que ahora que están en otra área de esa dependencia –de Amparo y Archivo- a lo mejor con menos corrupción, revoquen el no ejercicio y liberen la orden de aprehensión respectiva.
Es indignante e inconcebible que se enviara al archivo la averiguación de inconformidad presentada por Joaquín, porque lo único que procede es que la PGJE ejercite la acción penal contra los responsables directos de la detención y tortura del contador.
Sien embargo el abogado, mencionó que son más los responsables que los cuatro señalados, entre ellos el jefe de los cuatro ministeriales que fue el que dio la orden y el médico legista porque, según dijo Efraín Rodríguez, cuando Joaquín fue presentado ante él para que lo valorara, solo lo tuvo a la vista en el marco de la puerta, le dicen que es “un encargo” y luego expide un certificado afirmando que no presentó ninguna lesión.
Díaz López mencionó que sus verdugos, ya no son agentes ministeriales, se fueron yendo uno por uno y a otro lo asesinaron en enero del 2011.
