López Díaz estuvo encarcelado nueve meses en el CRESET y aún no goza de plena libertad porque el proceso de su expediente (084/2009) continúa en el Juzgado Sexto Penal y para salir libre tuvo que pagar una multa de 5 mil pesos. (Foto: Joel Arias)
El 15 de mayo del 2009, Joaquín Miguel López Díaz fue detenido por dos policías ministeriales cuando, como trabajador de una empresa de contaduría, salía a pagar los impuestos de la empresa Philips, poco después fue torturado con golpes, toques eléctricos y otras acciones para que admitiera la responsabilidad de un delito que no cometió.
Denunció López Díaz, en el marco del informe que presentó a los medios de comunicación locales el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, como testimonio de uno de los casos de tortura que se cometen en la PGJE.
Ese día, narró el contador, dos de los cuatro agentes que lo torturaron, lo sorprendieron, cuando bajaba de su camioneta, en donde viajaba con el señor Porfirio González.
De inmediato le colocaron un pasamontañas, lo esposaron y lo subieron a un Chevy azul con vidrios polarizados para conducirlo a los separos que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene en la parte de atrás y en donde se tortura a la gente.
Ya en ese sitio lo desvistieron para dejarlo solo en ropa interior y durante aproximadamente tres horas lo torturaron, al mismo tiempo con toques eléctricos, golpes y colocando una franela mojada en su nariz y boca, para provocar una posible asfixia.
Todo lo anterior más la amenaza de que “si no me declaraba culpable de un robo del cual no estaba ni enterado, irían en contra de mi familia o a las 12 de la noche me sacarían de la celda y me botarían en algún lugar” ahí”, denunció.
Fue algo “terrible” lo que viví, porque incluso mientras uno de estos señores se subía a mi estómago, otro me sujetaba los pies, el otro me tapaba la nariz y la boca con la franela y uno más echaba agua.
Puedo ubicar claramente el sitio donde me torturaron porque escuchaba el ruido de los helicópteros y cuando me dejaron de torturar, porque dije que me echaría la culpa, me quitaron el pasamontañas y se pusieron a la vista, incluso luego entró otra persona más a la que no puedo identificar porque de inmediato me volvieron a tapar los ojos, pero ese me dijo que si le daba 30 mil pesos me dejarían libre, como le dije que no los tenía me dio otro golpe en el estómago.
Como a las siete de la noche del mismo 15 de mayo me sacaron a que firmara la declaración que el agente del ministerio público y ellos escribieron, porque yo nunca rendí declaración.
Ya en el reclusorio, presenté en mayo del 2009 una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, gente de ahí acudieron a tomarme fotos y a examinarme para comprobar la tortura y posteriormente esa comisión emitió una recomendación de la que no veo avances a pesar de que identifico plenamente a los cuatro agentes ministeriales y ratificó su denuncia.
López Diaz informó que los nombre de los policías ministeriales que lo torturaron son: Inocencio Hernández Reyes, el cual, según afirmó, ya no trabaja en la PGJE desde el 30 de mayo del año pasado porque se dio de baja; Francisco Hernández López, Martín Rafael Cornelio y Emanuel Enrique Rosal.
Cuestionado al respecto, Joaquín Miguel dijo que, ahora sabe que el delito que se le pretendió imputar es del robo cometido en contra de una constructora a la cual él le llevaba la contabilidad.
Mencionó que según el acta ministerial se le había detenido “in fraganti”, cuando fue arrestado mes y medio después de la fecha en que se cometió el delito, el 3 de abril y los responsables están plenamente identificados.
López Díaz estuvo encarcelado nueve meses en el CRESET y aún no goza de plena libertad porque el proceso de su expediente (084/2009) continúa en el Juzgado Sexto Penal y para salir libre tuvo que pagar una multa de 5 mil pesos.
Mencionó que el asunto se encuentra en Asuntos Internos de la PGJE en el expediente 293/2010, y que luego de identificar plenamente a los responsables de los hechos, se le dijo que los iban a citar la semana pasada, me presenté en la PGJE y me informaron que no les habían notificado y que regrese el 28 de diciembre.
Y el agente del ministerio público me comunicó que necesitaba llevar más pruebas, cuando ya la CEDH las presentó y emitió una recomendación.
Joaquín Miguel, exige y pide justicia y pronta –lo mismo al Gobernador de Tabasco o al Presidente de la República- no solo porque a raíz de esos sucesos perdió su empleo sino también porque teme por su vida y la de sus familiares.
Agregó que ahora se le pretende acusar de otros delitos, como un asalto a la abarrotera Monterrey, del cual, hasta el momento ha salido bien librado, pero prueba hasta donde puede llegar la “bajeza” de la PGJE.
Denunció López Díaz, en el marco del informe que presentó a los medios de comunicación locales el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, como testimonio de uno de los casos de tortura que se cometen en la PGJE.
Ese día, narró el contador, dos de los cuatro agentes que lo torturaron, lo sorprendieron, cuando bajaba de su camioneta, en donde viajaba con el señor Porfirio González.
De inmediato le colocaron un pasamontañas, lo esposaron y lo subieron a un Chevy azul con vidrios polarizados para conducirlo a los separos que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene en la parte de atrás y en donde se tortura a la gente.
Ya en ese sitio lo desvistieron para dejarlo solo en ropa interior y durante aproximadamente tres horas lo torturaron, al mismo tiempo con toques eléctricos, golpes y colocando una franela mojada en su nariz y boca, para provocar una posible asfixia.
Todo lo anterior más la amenaza de que “si no me declaraba culpable de un robo del cual no estaba ni enterado, irían en contra de mi familia o a las 12 de la noche me sacarían de la celda y me botarían en algún lugar” ahí”, denunció.
Fue algo “terrible” lo que viví, porque incluso mientras uno de estos señores se subía a mi estómago, otro me sujetaba los pies, el otro me tapaba la nariz y la boca con la franela y uno más echaba agua.
Puedo ubicar claramente el sitio donde me torturaron porque escuchaba el ruido de los helicópteros y cuando me dejaron de torturar, porque dije que me echaría la culpa, me quitaron el pasamontañas y se pusieron a la vista, incluso luego entró otra persona más a la que no puedo identificar porque de inmediato me volvieron a tapar los ojos, pero ese me dijo que si le daba 30 mil pesos me dejarían libre, como le dije que no los tenía me dio otro golpe en el estómago.
Como a las siete de la noche del mismo 15 de mayo me sacaron a que firmara la declaración que el agente del ministerio público y ellos escribieron, porque yo nunca rendí declaración.
Ya en el reclusorio, presenté en mayo del 2009 una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, gente de ahí acudieron a tomarme fotos y a examinarme para comprobar la tortura y posteriormente esa comisión emitió una recomendación de la que no veo avances a pesar de que identifico plenamente a los cuatro agentes ministeriales y ratificó su denuncia.
López Diaz informó que los nombre de los policías ministeriales que lo torturaron son: Inocencio Hernández Reyes, el cual, según afirmó, ya no trabaja en la PGJE desde el 30 de mayo del año pasado porque se dio de baja; Francisco Hernández López, Martín Rafael Cornelio y Emanuel Enrique Rosal.
Cuestionado al respecto, Joaquín Miguel dijo que, ahora sabe que el delito que se le pretendió imputar es del robo cometido en contra de una constructora a la cual él le llevaba la contabilidad.
Mencionó que según el acta ministerial se le había detenido “in fraganti”, cuando fue arrestado mes y medio después de la fecha en que se cometió el delito, el 3 de abril y los responsables están plenamente identificados.
López Díaz estuvo encarcelado nueve meses en el CRESET y aún no goza de plena libertad porque el proceso de su expediente (084/2009) continúa en el Juzgado Sexto Penal y para salir libre tuvo que pagar una multa de 5 mil pesos.
Mencionó que el asunto se encuentra en Asuntos Internos de la PGJE en el expediente 293/2010, y que luego de identificar plenamente a los responsables de los hechos, se le dijo que los iban a citar la semana pasada, me presenté en la PGJE y me informaron que no les habían notificado y que regrese el 28 de diciembre.
Y el agente del ministerio público me comunicó que necesitaba llevar más pruebas, cuando ya la CEDH las presentó y emitió una recomendación.
Joaquín Miguel, exige y pide justicia y pronta –lo mismo al Gobernador de Tabasco o al Presidente de la República- no solo porque a raíz de esos sucesos perdió su empleo sino también porque teme por su vida y la de sus familiares.
Agregó que ahora se le pretende acusar de otros delitos, como un asalto a la abarrotera Monterrey, del cual, hasta el momento ha salido bien librado, pero prueba hasta donde puede llegar la “bajeza” de la PGJE.
